Ciudadanía económica sin ciudadanía política: El dominicano del exterior sostiene al país con remesas, pero se ha retirado de las urnas
Por Felipe Carvajal de los Santos.
En el tercer capítulo de la investigación sobre la abstención electoral dominicana, difundido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) mediante CAPEL y la Junta Central Electoral, aparece un universo de 863,784 electores inscritos fuera del país, que representan el 10,6% del padrón nacional, pero su participación pasó del 27% en 2016 al 19% en 2024, el punto más bajo de la serie, con una abstención de 81%. Entre los residentes en el exterior de 18 a 34 años, votó apenas el 1% durante los dos últimos ciclos electorales. Ningún otro segmento del electorado dominicano presenta una desconexión semejante, y ninguna otra cifra del estudio resulta tan difícil de asimilar ante la opinión pública.
La teoría democrática tardó en mirar de frente el voto de quienes emigran. Rainer Bauböck contribuyó a sacar la discusión del marco de la residencia territorial al proponer otra comprensión de la pertenencia política, expresada en su noción de ciudadanía transnacional. Después, Jean-Michel Lafleur estudió la concesión de derechos electorales a las diásporas y los resultados desiguales obtenidos por los Estados, mientras Leticia Calderón Chelius reunió desde México experiencias comparadas sobre el voto a distancia.
De su lado, Alejandro Portes describió los campos sociales que la migración extiende entre países, y Peggy Levitt sumó a las remesas de dinero las remesas sociales, esas ideas y prácticas que también hacen el viaje de vuelta. IDEA Internacional ordenó estas cuestiones en su manual sobre el voto en el exterior y formuló una advertencia que el caso dominicano confirma con crudeza: reconocer el derecho no equivale a garantizar su ejercicio. Por eso no basta con lamentar el 81% de abstención; hay que repensar por completo nuestra arquitectura electoral transnacional.
El perfil de quien se abstiene complica el diagnóstico más de lo que uno esperaría. La intuición corriente asocia la abstención con la exclusión, la pobreza y el bajo nivel educativo, pero entre los abstencionistas dominicanos de fuera hay un 73,4% de empleo activo y más del 74% tiene estudios secundarios o universitarios. Se trata de personas integradas en sus sociedades de acogida, con ingresos regulares y un capital educativo superior al promedio nacional. El contraste aparece entre quienes se abstienen residiendo en República Dominicana: allí la inserción laboral apenas llega al 28%, y existe una dependencia parcial de las transferencias que llegan desde fuera.
De ahí sale la frase que da título a este texto, y que es, a mi juicio, el aporte conceptual más citable de toda la investigación: ciudadanía económica sin ciudadanía política. El 70,2% de quienes residen en el exterior y no votan envía remesas con regularidad. Con ese dinero sostienen hogares, financian estudios, levantan viviendas y contribuyen de forma decisiva al equilibrio macroeconómico del país. El vínculo material es sólido, constante y verificable, pero no se convierte en participación electoral: el país recibe los recursos de una comunidad a la que, en la práctica, dejó de escuchar. Aceptar el aporte económico de los emigrados mientras se tolera que ocho de cada diez no puedan o no quieran votar establece una relación asimétrica que ninguna teoría de la representación alcanza a justificar.
Sería demasiado cómodo atribuirlo todo a la distancia. El estudio identifica cuatro escollos que bloquean el sufragio tanto dentro como fuera del territorio: el 41% de los abstencionistas nunca recibió formación alguna sobre sus deberes y derechos democráticos, y el 69% se reconoce poco informado acerca de las candidaturas y de los procedimientos de votación. A la falta de educación cívica y al déficit informativo se suman la incapacidad de las candidaturas para conectar con el elector y una crisis de confianza cuyo blanco principal está en el incumplimiento sistemático de las promesas de campaña y en la persistencia de prácticas clientelares, más que en el órgano electoral.
De esa imposibilidad práctica nace una figura que el estudio denomina «voto delegado». El migrante que no pudo acudir a las urnas sigue el proceso con atención, conversa sobre él con su familia en el país, opina y se involucra emocionalmente. Si su candidato gana, experimenta una satisfacción que funciona como sustituto simbólico de su propia participación. Así, la política acaba consumiéndose a distancia como un partido de béisbol: quedan la identificación, la pertenencia y la lealtad, pero el acto del sufragio no ocurre, y una democracia no puede sostenerse sobre adhesiones sin voto.
El mismo estudio traza una ruta de salida, y sus recomendaciones para el voto exterior son las más concretas de todo el informe. Propone actualizar las formas de sufragio mediante el voto postal o por internet, sometidos siempre a estándares verificables de seguridad y auditoría. También plantea recintos cuya gestión no quede a merced de terceros, más puntos de votación distribuidos según la densidad real del padrón en cada ciudad, un refuerzo de la regularización documental y una política de información que llegue al elector antes del inicio de la campaña, no cuando está ya está en marcha. Entre todas esas propuestas hay una que merece convertirse en criterio de diseño institucional: acercar la arquitectura electoral transnacional al ciudadano, en lugar de esperar que sea él quien se desplace hasta ella.
México sirve para comprobar que el rediseño es posible. Después de registrar durante años niveles muy bajos de votación desde el extranjero, ofreció en la elección de 2024 tres modalidades simultáneas: voto postal, voto electrónico por internet y voto presencial en 23 sedes consulares. Entre los primeros inscritos, dos de cada tres eligieron la vía electrónica, una preferencia que indica con claridad hacia dónde se inclina el elector migrante cuando dispone de una alternativa.
Ahí está la moraleja, según el Banco Central, en 2024 República Dominicana recibió US$10,756 millones en remesas, una cifra récord que circula por canales bancarios, agencias remesadoras y plataformas digitales capaces de llevar dinero desde Nueva York hasta cualquier municipio en cuestión de minutos. El Estado dominicano supo construir, junto al sector financiero, una infraestructura eficiente para que los recursos del emigrado llegaran con rapidez y seguridad, pero no ha hecho lo mismo con su voto.
El escenario que se construye para nuestros votantes en el exterior a partir de la data suministrada por el estudio arriba citado, revela un reto que pasa por la necesaria adecuación de la arquitectura electoral a dicha realidad, en la medida en, para quien puede enviar dinero a su familia desde el teléfono móvil sigue obligado, para elegir a sus autoridades, a trasladarse en un día fijo hasta un recinto que puede quedar a horas de distancia. Esa diferencia de trato entre el dólar y la boleta expone unas prioridades institucionales que el país debe examinar con rigor.
República Dominicana construyó en tres décadas una economía transnacional de notable éxito, y le queda pendiente la consolidación de una ciudadanía transnacional que le corresponde. Mientras el 81% de nuestros compatriotas del exterior permanezca alejado de las urnas, el país seguirá exportando población, importando remesas y desperdiciando una porción considerable de su soberanía popular. Corregirlo exige una tarea técnica en la que deben intervenir la totalidad de los actores del sistema electoral, sin duda, pero antes que eso constituye una obligación democrática.
