El evento adverso también se organiza
Por Roberto Lafontaine.
Imaginemos a doña Amalia, una paciente que llega a un hospital público con un problema de salud que requiere hospitalización; en el transcurso de su atención se le coloca una sonda urinaria. Pasan los días, la necesidad de mantenerla no se revisa con regularidad y, más tarde, ella desarrolla una infección asociada a la atención.
Esta escena es figurada: no describe un caso real ni acusa a un hospital. Su propósito es hacer visible cómo una decisión clínica ocurre dentro de condiciones institucionales que también merecen ser examinadas.
El pluralismo estructurado fue formulado por Juan Luis Londoño y Julio Frenk (1997) como una propuesta de reforma de los sistemas de salud latinoamericanos, su arquitectura distingue funciones como la modulación, el financiamiento, la articulación y la prestación de servicios.
Desde el ámbito del Banco Interamericano de Desarrollo, esta propuesta permite preguntar qué ocurre cuando las funciones se separan, quién las conecta y con qué prioridades se organiza la atención.
En la vida hospitalaria, esas funciones no son conceptos lejanos. La modulación establece reglas y prioridades; el financiamiento determina cómo se asignan los recursos; la articulación conecta personas, servicios y decisiones; y la prestación es la atención que finalmente recibe el paciente.
En el primer encuentro, estas dimensiones se cruzan. La paciente no las ve como componentes de un modelo: las vive como espera, disponibilidad de personal, insumos, continuidad de la atención y respuesta a su necesidad.
La escena de doña Amalia permite seguir una cadena posible. Las prioridades financieras y administrativas pueden influir en la distribución de recursos y en la organización del trabajo; estas condiciones pueden afectar la prevención, la supervisión y la revisión de procedimientos; y esas prácticas pueden modificar el riesgo que enfrenta una paciente. Esta relación es una hipótesis que debe contrastarse en cada hospital.
El relato no demuestra que el pluralismo estructurado haya causado una infección concreta ni que una decisión financiera particular haya producido el daño. Esa cautela no elimina la pregunta crítica; la vuelve más precisa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan colocar sondas urinarias solo cuando existe una indicación apropiada y mantenerlas únicamente mientras sean necesarias (CDC, s. f.). La duración del uso es un factor relevante para elriesgo de infección.
Por tanto, revisar la indicación, el mantenimiento y el retiro del dispositivo es parte de la protección de la paciente, no un detalle secundario del funcionamiento hospitalario.
Si la sonda se mantiene porque nadie revisa su necesidad al cambiar el turno, hay una práctica que corregir. Si esa omisión se repite porque las responsabilidades están dispersas, la supervisión es débil o el personal trabaja bajo restricciones que impiden
dar continuidad al cuidado, también hay una dimensión organizativa. Y si esas condiciones se relacionan con la manera en que se financian y dirigen los servicios, corresponde examinar esa mediación. Ningún eslabón debe darse por probado solo porque el siguiente ocurrió: hay que identificarlo y sostenerlo con información.
El evento adverso puede aparecer en el cuerpo de una persona, aunque las condiciones que elevan el riesgo se hayan formado en distintas escalas. Por eso, analizarlo únicamente como equivocación individual deja fuera parte del problema; atribuirlo de manera automática a una matriz financiera también excede lo que este caso figurado permite afirmar.
La responsabilidad debe examinarse en varios niveles: decisiones clínicas, dirección y supervisión hospitalaria, organización del trabajo, asignación de recursos y reglas que ordenan la prestación.
La infección, además, no termina en el diagnóstico. Doña Amalia podría necesitar tratamiento adicional, prolongar su hospitalización y atravesar más dolor e incertidumbre. Su familia podría reorganizar sus labores, acompañarla y asumir gastos.
Estas consecuencias hacen visible quién recibe el daño y quién absorbe tiempo, costos y cuidados cuando la atención no logra proteger la vida como debía. Identificar beneficiarios financieros exige otra operación: seguir contratos, pagos y flujos de recursos; no se deduce de la historia clínica.
La transformación empieza por fortalecer las capacidades que reducen riesgos evitables: personal suficiente y capacitado, prácticas efectivas de prevención, registro de la indicación del catéter, revisión en cada turno, retiro oportuno y continuidad de la atención. También exige que el financiamiento y la gestión se evalúen por su contribución a la seguridad, la humanización, la continuidad y la equidad del cuidado, y no solo por el cumplimiento de metas administrativas.
Doña Amalia no representa una prueba; es una herramienta para pensar. Hace visible que el pluralismo estructurado puede vivirse en el nivel más concreto como articulación o fragmentación de funciones alrededor de una persona. La pregunta que deja abierta es sencilla y exigente: cuando el hospital organiza sus recursos y su trabajo, ¿qué condiciones produce para proteger la vida de quien acude a él?
