SeNaSa: reformar la ley no borra responsabilidades
Por Ramón Morel.
El Gobierno quiere corregir la ley de SeNaSa. Antes de presentar la reforma como respuesta al escándalo, debe explicar qué hizo con los controles que ya tenía. Cambiar las reglas hacia adelante deja intacta la obligación de responder por lo ocurrido.
El 16 de noviembre, el presidente Luis Abinader atribuyó las debilidades de supervisión de la aseguradora a una falla estructural existente desde su fundación. Planteó modificar su legislación e incorporar los controles que, según explicó, faltaban: una Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría y un consejo por el que pasaran determinadas decisiones administrativas.
Situar el problema en el origen de la institución ofrece una explicación políticamente conveniente. La responsabilidad se dispersa entre décadas, normas y gobiernos. Pero una deficiencia heredada también compromete a quienes, teniendo autoridad para corregirla, administraron durante años bajo esas condiciones.
Hay, además, un dato que obliga a precisar el relato: la Ley 87-01 ya establecía un Consejo Nacional para SeNaSa. Su artículo 159 le asignaba elaborar políticas, normas y reglamentos, así como conocer y aprobar los informes de la Dirección Ejecutiva. También exigía a la aseguradora rendir informes sobre sus recursos al Consejo Nacional de Seguridad Social y a la Sisalril.
La existencia de ese consejo no demuestra que dispusiera de todos los instrumentos necesarios para revisar cada contrato. Demuestra que había una estructura de gobierno con obligaciones expresas. Corresponde identificar cuáles facultades faltaban y explicar cómo se ejercieron las que estaban vigentes.
El propio Abinader dejó constancia de ello al comenzar su mandato. El Decreto 377-20, mediante el cual designó a Santiago Hazim al frente de SeNaSa, consignó que el consejo había celebrado una reunión extraordinaria el 19 de agosto de 2020 y aprobado la terna de candidatos para dirigir la institución. Hazim figuraba en ella.
El consejo existía y actuó en el procedimiento de selección del funcionario. Por eso resulta indispensable conocer qué hizo después: qué informes recibió, qué observaciones formuló, qué decisiones tomó y qué seguimiento dio a la administración de los recursos. Las actas permitirían responder con documentos. La explicación de que faltaban controles resulta incompleta mientras no se examine el desempeño de los órganos existentes.
En diciembre de 2025, la Presidencia volvió a reconocer ese consejo. Informó que Abinader había instruido fortalecer su funcionamiento y crear una comisión técnica de supervisión. La comunicación oficial admitía que las normas no detallaban suficientemente algunas herramientas de control y anunciaba una reforma integral de la ley.
Es decir, el Gobierno disponía de una explicación más precisa: existía un órgano cuyas atribuciones y funcionamiento debían reforzarse. Diluir esa precisión en la idea de una falla fundacional facilita que la discusión sobre responsabilidades termine convertida en una conversación sobre organigramas.
La auditoría interna tampoco puede presentarse como un descubrimiento que exonera a los anteriores responsables. El 19 de enero de 2026, al anunciar la instalación de la unidad de la Contraloría en SeNaSa, el propio Gobierno recordó que los titulares de las entidades comprendidas en la Ley 10-07 son responsables del control interno de sus instituciones. Explicó, además, que la instalación se produjo a solicitud de la nueva dirección.
De ahí surge una exigencia concreta: identificar quién debía promover los controles, cuándo detectó sus limitaciones y qué hizo para superarlas. Si alguna competencia estaba restringida, deben publicarse las normas que imponían esa restricción y las gestiones realizadas para resolverla. Gobernar incluye advertir los riesgos antes de que estallen.
La dimensión del expediente impide tratar el asunto como una simple debilidad administrativa. En la solicitud inicial de coerción de la Operación Cobra, el Ministerio Público atribuyó a las maniobras investigadas un perjuicio superior a RD$15,900 millones sobre las reservas técnicas hasta diciembre de 2024. Describió presuntas alteraciones financieras, reclamaciones falsas, pagos irregulares y sobornos vinculados a la contratación de prestadores. Son imputaciones que deberán probarse judicialmente.
Ese deber de prueba no suspende la rendición de cuentas del Gobierno. La responsabilidad penal exige establecer la conducta de cada imputado; la evaluación política comprende, además, la selección de los funcionarios, la vigilancia de su desempeño y la respuesta ante los riesgos. Confundir ambos planos permitiría aplazar toda explicación hasta una sentencia definitiva.
El presidente no queda convertido en autor de los delitos atribuidos a un funcionario por haberlo nombrado. Sí debe responder políticamente por la administración que encabeza. Y esa respuesta exige algo más que anunciar nuevos mecanismos después de que los existentes quedaron bajo cuestionamiento.
Las autoridades deben publicar una cronología documentada de las alertas recibidas, los informes financieros examinados, las auditorías realizadas y las decisiones adoptadas. Deben explicar qué información circuló entre SeNaSa, sus órganos de dirección y las entidades supervisoras. A partir de ahí podrá determinarse qué correspondió a insuficiencia normativa, qué a negligencia y qué pudiera formar parte de una conducta deliberada.
También debe establecerse cuánto dinero se ha recuperado y qué recursos pueden recuperarse. Cada peso que deba restituirse pertenece a una institución destinada a financiar atención médica. Las consecuencias del manejo de esos fondos alcanzan a personas cuya capacidad de recibir servicios depende de la solidez del seguro público.
Una reforma seria debe permitir comprobar quién autoriza un contrato, cómo se verifica la prestación facturada, quién detecta una anomalía y quién responde si la ignora. La ciudadanía debe poder conocer las decisiones de supervisión sin esperar a que una investigación penal las saque a la luz.
El Congreso, por su parte, tiene que examinar tanto los vacíos alegados como el cumplimiento de los deberes existentes. Aprobar nuevas reglas sin esclarecer ese punto dejaría al Gobierno celebrando la solución de un problema cuya responsabilidad todavía no ha explicado.
SeNaSa necesita controles eficaces, recuperación de recursos y responsabilidades establecidas. Los afiliados tienen derecho a exigir las tres cosas. El Gobierno no puede escoger la reforma como la parte de la respuesta que menos compromete a quienes ejercieron el poder.
Que se modifique cuanto deba modificarse. Pero la ley no firmó los contratos, no autorizó los pagos ni tenía a su cargo vigilar a los funcionarios. Una reforma podrá cerrar vacíos. Las cuentas pendientes siguen teniendo nombres y apellidos.
