Cronología del Golpe contra Castillo
LA LÍNEA. Un año después, podemos afirmar con claridad que el 7 de diciembre del 2022 se consumó el golpe contra el presidente Pedro Castillo, legítima y constitucionalmente electo por los peruanos por un mandato de cinco años. Fuentes de información pública y testimonios de primera mano nos han permitido elaborar la cronología de esos días fúnebres para la democracia peruana.
Desde que Pedro Castillo fue proclamado ganador de las elecciones, tuvo que enfrentar maniobras antidemocráticas de los sectores políticos y poderes fácticos que perdieron las elecciones y hoy gobiernan. Inventaron un fraude dilatando la toma de mando y durante los quince meses que permaneció en la presidencia sabotearon su gobierno. Los días previos al 7 de diciembre de 2022, la estocada final se venía afinando. El poder legislativo, judicial, mediático, económico y militar, con el apoyo de Estados Unidos encontraron los traidores necesarios para derrocar al presidente Castillo. La reacción desesperada e incluso trágica del maestro rural al leer el discurso que disolvía el Parlamento y convocaba a un Congreso Constituyente, no puede soslayar que un golpe de Estado se venía gestando y acabó por efectuarse.
La imposición del régimen que hoy mantiene al Perú en una crisis profunda empezó a gestarse en noviembre del 2022 y probablemente antes. El pueblo no se equivocó al denunciar esta conspiración y movilizarse en defensa de su voto. Tampoco se equivocaron algunos gobiernos dignos que condenaron la interrupción de la democracia peruana. El régimen de facto solamente ha podido mantenerse ordenando asesinar a decenas de peruanos y pactando con las mafias que se reparten los poderes del Estado. Para entender lo ocurrido, el equipo de La Línea reconstruyó los hechos elaborando la siguiente cronología. Ya es imposible negar o tergiversarlo: ¡Sí hubo un golpe premeditado contra Pedro Castillo!
Fines de noviembre 2022; el golpismo encuentra la pieza que faltaba
Durante el mes de noviembre 2022 la confrontación entre ejecutivo y Congreso se agudiza considerablemente. Sobreponiéndose al ruido político, el gobierno intentó concretar obras de envergadura que dinamizarán la economía y mejorando la vida de los peruanos. Según un ex ministro de Pedro Castillo, el presidente tenía avanzadas conversaciones con una empesa china para iniciar un proyecto de mega estructura ferroviaria denominado el Tren Inca. Este hecho habría despertado la alarma de Estados Unidos y acelerado un golpe que ya venía en marcha.
La fecha clave es el 25 de noviembre de 2022, día en que la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Dina Boluarte hizo pública su renuncia al gabinete. En los meses anteriores, Boluarte se había aferrado a este puesto alegando frente a numerosos testigos que no podía irse por “no tener un sueldo”. Su renuncia sorpresiva al MIDIS refuerza la hipótesis de que ya venía conspirando con los poderes fácticos para tomar el poder sin respaldo democrático. Y por supuesto seguir cobrando “un sueldo”.
El 29 de noviembre de 2022, cuatro días después de que Dina Boluarte se alejara del Ejecutivo, el congresista Edward Málaga presentó la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo bajo causal de permanente incapacidad moral. El 1 de diciembre el Congreso admitió la moción y programó la votación de la tercera vacancia presidencial para el día 7 de diciembre a las 3.00pm. La moción fue tramitada con una velocidad poco vista en el hemiciclo. Todo indica que los procesos se iban desenvolviendo según un plan previo. El asalto contra el voto popular tenía fecha y hora.
Inicios de diciembre 2022, los golpistas afinan el zarpazo
El 5 de diciembre de 2022, dos días antes del golpe contra Castillo, la subcomisión de acusaciones constitucionales decidió archivar las denuncias que desde meses atrás se ventilaban en el Parlamento contra Dina Boluarte. La entonces vicepresidenta era acusada de una presunta infracción de la Carta Magna que podía inhabilitarla para ejercer el cargo, pero esta repentina absolución con los votos de la derecha, la absolvió de toda investigación.
Esa misma semana, libre de acusaciones y procesos legales, Dina Boluarte habría empezado a preparar su futuro gabinete. Según varios testimonios recibidos por el medio La Línea, desde el día 5 de diciembre de 2022, Morgan Quero, jefe de gabinete de Dina Boluarte en el MIDIS (y luego su jefe de gabinete en Presidencia) contactó a varios altos funcionarios del gobierno de Castillo para invitarlos a participar en un futuro gobierno de Boluarte. Los testimonios coinciden en afirmar que, días antes de la destitución del presidente legítimo, el equipo de la vicepresidenta aseguraba que la vacancia de Castillo era inminente y Dina estaba preparándose para asumir la presidencia.
El mismo 5 de diciembre, la Fiscalía avanzó en su estrategia de lafware para facilitar la caída del gobierno constitucional. Tal como reconoció el mismo coronel Harvey Colchado, jefe policial del Equipo Especial de la Fiscalía encargado de investigar al gobierno de Castillo, la Policía ofreció aminorar penas a los acusados en actos de corrupción si ellos inculpaban al presidente Castillo involucrándolo en delitos de corrupción. Con estos chantajes Colchado excedía sus funciones policiales, actuando como un operador político de los sectores golpistas. A un año del golpe, el poder judicial no ha podido presentar pruebas de corrupción contra el presidente Castillo.
El 6 de diciembre por la noche, según sus declaraciones posteriores, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre, comunicó a los jefes operacionales de todo el país, que sólo podían acatar sus órdenes. En la práctica, con esta disposición totalmente ilegal y anticonstitucional, el general destituía al presidente Pedro Castillo de su cargo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Siempre según sus propias declaraciones, el militar sedicioso tomó tal decisión en coordinación con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien le aseguró el respaldo judicial de su institución. Este testimonio invalida la tesis del autogolpe de Castillo, pues el 6 de diciembre le quitaron las facultades presidenciales sobre las Fuerzas Armadas.
Ese mismo 6 de diciembre de 2022, la embajadora de Estados Unidos y veterana de la CIA Lisa Kenna se reunió con el entonces ministro de defensa Fernando Bobbio. Lo que trataron a detalle en la reunión no ha sido esclarecido pero la visita de la embajadora a pocos días de que el ministro juramentara el cargo evidencia el intenso desempeño de Estados Unidos los meses y días previos al golpe.
Por su parte, en el Congreso todo quedó listo para juramentar a Dina Boluarte. Según declaraciones del ex presidente del Congreso, José Williams Zapata, en el transcurso del día 6 de diciembre de 2022, el personal administrativo de su despacho llevó al Parlamento una banda presidencial que guardaron pues al día siguiente “lo más probable es que habría que juramentar un nuevo presidente”. Estaban seguros de que al día 7 de diciembre se aprobaría la vacancia presidencial, y que Castillo dejaría el poder de cualquier forma. Las horas de Pedro Castillo como presidente estaban contadas.
El 7 de diciembre, un día fatal para la democracia
El 7 de diciembre a las 11.00am, asediado por los golpistas, el presidente Pedro Castillo decidió actuar. En un mensaje a la Nación, declaró el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a unas elecciones populares para elegir un Congreso Constituyente. Sin embargo, no existe ningún oficio presidencial que respalde institucionalmente este discurso, y ordene a la Policía o a las Fuerzas Armadas tomar las medidas para efectivamente cerrar el Congreso y el Ministerio Público. Lejos de ser un intento de golpe de Estado como lo sostiene el relato de la ultraderecha, la contraofensiva del presidente Castillo parece más una medida desesperada para intentar contrarrestar un golpe que ya había empezado y cuya meta era sacarlo del poder y apresarlo a cualquier costo.
Justamente, el mismo 7 de diciembre, según testimonio del ex jefe de la Dirección de seguridad presidencial Walter Ramos, su equipo tenía vigilado al presidente desde el día 6 de diciembre. Concluido el mensaje a la Nación, por orden del jefe de la Dirección de seguridad del Estado, general Ivan Lizzetti y el alto mando de la Policía Nacional, Ramos se encargó de arrestar a Pedro Castillo, siendo todavía presidente de la República, cuando se encontraba camino a la embajada de México para dejar asilada a su familia.
Según declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, al medio día del 7 de diciembre de 2022, mientras se encontraban reunidos los altos mandos militares y policiales, llamó telefónicamente la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitándole que las fuerzas del orden se acerquen a las inmediaciones de la Embajada de México para capturar al presidente Castillo. Hubo obediencia inmediata a la orden de la entonces fiscal.
En parallelo, grupos de choque conformados por militantes del APRA encabezados por Jorge del Castillo se apostaron tambien en los alrededores de la embajada de México para dificultar la posible llegada del auto presidencial. ¿Cómo estos grupos supieron los desplazamientos del presidente en tiempo real? Hoy se sabe la proximidad política del Jorge del Castillo con la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, principal operadora del golpe contra Pedro Castillo desde el Ministerio Público. Siendo Pedro Castillo presidente, la Fiscal de la Nación complotó con militares, policias y grupos de choque para arrestar al mandatario legitimo del Peublo peruano.
Una vacancia totalmente ilegal
Mientras tanto, el mismo 7 de diciembre por la tarde, el Congreso intentaba dar una fachada legal al golpe de Estado contra el presidente Castillo. Sin embargo, en su afán de destituir al presidente lo antes posible, pasaron por encima de las disposiciones legales y el reglamento del mismo Congreso. El 7 de diciembre de 2022, el Congreso debía votar la moción de vacancia presentada por el congresista Málaga y admitida el 1 de diciembre, pero esta nunca fue votada. Para ingresar una nueva moción para vacar al presidente conforme al artículo 89A del reglamento del Congreso, se debe presentar por escrito una moción de orden del día con la firma de no menos de 26 congresistas, pero nunca lo hicieron. Copia de esta moción debió ser remitida al presidente de la República y eso tampoco se realizó. La moción debió ser sometida al Pleno del Congreso para su admisión con mínimo 52 votos, pero esa votación nunca ocurrió. De haber sido admitida la moción debía señalarse fecha para su debate y votación no antes del tercer día y no se hizo. No obstante, el reglamento señala una excepción para situaciones extraordinarias; se puede adelantar la fecha del debate con una votación no menor de 104 votos, pero esa votación nunca ocurrió. En su afán de derrocar al presidente Castillo, el Congreso no cumplió con ninguno de los requisitos de su propio reglamento. Pero es más, el presidente de la República debió ser citado para que ejerza su defensa y eso tampoco lo permitieron. Finalmente, para destituir al presidente Castillo el 7 de diciembre de 2022, necesitaban 104 votos y solo obtuvieron 101. Con una vacancia ilegal, el Congreso procedió a designar a la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte como nueva mandataria. El Golpe se había consumado.
Meses después del golpe, durante una audiencia solicitada por Pedro Castillo para levantar su prisión preventiva, el entonces procurador del Congreso, Javier Ramos Espinoza, declaro: “es cierto que para esta vacancia no se siguió en estricto el artículo 89A. Es cierto, no lo vamos a negar”. Legalmente, la vacancia del presidente Castillo, su arresto y su permanencia en la cárcel son actos ilegales. Pedro Castillo es un preso político y sigue siendo legalmente presidente de la República del Perú.
Primeras reacciones Internacionales
La reacción internacional al gobierno de Dina Boluarte no se hizo esperar. Estados Unidos a través de la embajadora Lisa Kenna, y del secretario de Estado Antony Blinken fueron los primeros en reconocer a la mandataria designada, seguidos por el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, de las autoridades de la Unión Europea, y del Reino unido. Casi de inmediato, también los gobiernos de Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Chile hicieron público su reconocimiento.
El 10 de diciembre de 2022, Dina Boluarte participó de una reunión del Grupo de Puebla buscando así legitimar su imagen y justificar el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Al día siguiente, esta instancia que agrupa representantes del progresismo en la región publicó un comunicado firmado por algunos de sus miembros otorgando su respaldo a Boluarte. El mismo día, las primeras víctimas mortales del gobierno de facto caían bajo las balas del régimen.
Dos días después, el 12 de diciembre de 2022, los gobiernos de México, Colombia, Argentina, Bolivia y Honduras, publicaron un pronunciamiento conjunto llamando a “respetar la voluntad popular de los peruanos expresada en el sufragio y el legítimo gobierno de Pedro Castillo”, rechazando la designación de Boluarte como presidenta. También, los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) publicaron una declaración en tal sentido.
El Pueblo reacciona con indignación; el Gobierno lo masacra
El mismo 7 de diciembre por la tarde iniciaron las movilizaciones exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad para Pedro Castillo. Rápidamente las protestas cobraron fuerza en todo el país y con especial epicentro en el sur andino. Por primera vez en la historia del Perú, se desarrollaban multitudinarias manifestaciones en todo el territorio nacional que compartían las mismas consignas políticas, dejando de lado reivindicaciones sectoriales dispersas territorialmente.
El 10 de diciembre de 2022, el régimen empezó a asesinar manifestantes. En Apurímac, tierra natal de Dina Boluarte, la población indignada se movilizó por la ciudad e intentó tomar el aeropuerto ubicado en la ciudad de Andahuyalas. La policía disparó contra la manifestación desde helicópteros y edificios dejando un saldo de cuatro asesinados, incluyendo dos menores de edad. En adelante, esta brutalidad se convertiría en el protocolo para reprimir las protestas.
El 13 de diciembre de 2022, el Consejo de ministros, presidido por la mandataria designada Dina Boluarte, declaró el estado de emergencia a nivel nacional y determinó que los manifestantes debían ser tratados como terroristas. El acta de estado de emergencia fue remitida el mismo día al presidente del Congreso para el respectivo blindaje legislativo. Con esta disposición, el poder ejecutivo impuesto autorizaba a los militares y policías a hacer uso de sus armas de fuego contra los manifestantes otorgándoles respaldo político y aval legal.
Pese a la declaratoria de estado de emergencia, las protestas contra Boluarte se intensificaron en todo el país. El 15 de diciembre de 2022, se produjo una movilización masiva en Ayacucho. Miles de ciudadanos se desplazan por las calles de Huamanga y fueron cruelmente reprimidos por el Ejercito que disparó a matar contra los manifestantes. El saldo trágico fue de 10 asesinados, 72 heridos y un centenar de personas judicializadas. El testimonio de los exministros de Boluarte, Patricia Correa (educación), Yair Pérez (cultura), Cesar Cervantes (interior) así como del excapitán del ejército, Víctor Grados confirman que Boluarte estuvo siempre al tanto de todas las masacres y que avaló la represión y los asesinatos.
En paralelo, la Policía Nacional coordinó con bandas criminales para reprimir al pueblo movilizado. Audios entregados a la fiscalía y otros testimonios de testigos, demuestran como en Pichanaki, la Policía entregó balas a bandas criminales para que disparen contra los manifestantes dejando el saldo de dos asesinados. Asimismo, en la protesta de los obreros de la agroexportación en Ica, la policía actuó conjuntamente con grupos criminales, buscando amedrentar a los manifestantes para acabar con la protesta. Estas actuaciones fueron posible gracias al encubrimiento político del régimen de facto.
Ante el escenario de convulsión y la renuncia de dos ministros luego de la masacre de Ayacucho, Boluarte procedió a efectuar un cambio de gabinete. Lejos de condenar el derramamiento de sangre, la mandataria designada ascendió al entonces ministro de defensa, su abogado personal Alberto Otárola, nombrándolo Presidente del Consejo de Ministros en reemplazo del abogado Pedro Angulo, cerceno a la fiscal Benavides. Cuestionada sobre esta promoción, Boluarte declaró que “desde el inicio, pedí que el premier sea Alberto Otárola”. Estas palabras dejaron en claro que la fiscalía impuso sus fichas en Palacio desde el primer día del golpe de Estado.
Manifestantes deciden tomar Lima
En enero, tras una tregua por navidad y fin de año, las protestas se reiniciaron en todo el país. En el sur andino, el paro fue total y las masivas movilizaciones incluyeron toma de carreteras interregionales y cierre de las fronteras con Bolivia. En las plazas principales de pueblos y ciudades, el Pueblo debatía en Asambleas populares el modelo de país que buscaban construir. El 9 de enero de 2023, la respuesta de la Policía fue sangrienta con el triste récord de 19 asesinados en Juliaca durante una sola jornada de protesta. Al día siguiente, la masiva movilización de Cusco fue respondida con la misma brutalidad dejando dos dirigentes asesinados. Ese mismo día, lejos de censurarlo, el Congreso le entregó el voto de confianza al PCM Alberto Otárola. Frente tales atropellos, la población decidió trasladarse a Lima para hacer escuchar su voz. Empezaba la “toma de Lima” que se extendería hasta final de marzo de 2023.
El 12 de enero de 2023, para recibir los miles de manifestantes que llegaban a Lima desde las provincias, los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos abrieron las puertas de su casa de estudios. El 15 de enero la policía intervino el campus universitario con tanquetas y más de 300 efectivos policiales. Se detuvo a 200 personas entre estudiantes y manifestantes, las cuales afrontan cargos por terrorismo. El ministro del interior declaró haberse enterado de la toma de la universidad por la televisión. La decisión de reprimir ciegamente fue tomada unilateralmente por la rectora Jeri Ramon y el primer ministro Alberto Otárola.
Frente a la paralización total del país, los principales sectores económicos empiezan a perder la paciencia y barajaban la posibilidad de designar otro mandatario. El 6 de marzo de 2023, el primer ministro Otárola es convocado en Toronto por la Convención minera del Prospectors &Developers Association of Canada. Frente a sus principales inversores extranjeros, Otárola se comprometió en flexibilizar el régimen de concesión minera y pacificar el país. Y al retornar a Perú cumplió a cabalidad lo prometido. En el sur andino, el gobierno militarizó el corredor minero y en la zona de agroexportación, desplegó miles de militares y policías (apoyados por bandas criminales) para acabar con la protesta popular. Entre el capital extranjero y la vida de los peruanos, el régimen de facto de Boluarte optó definitivamente por el primero.
A un año del golpe contra Pedro Castillo y la imposición del gobierno de facto de Dina Boluarte, el balance es terrible: 70 personas han sido asesinadas, 1200 resultaron heridos y 1800 se encuentran enjuiciadas por ejercer su derecho constitucional a la protesta. El Congreso modificó el código penal para castigar con cárcel de hasta 15 años a quienes bloquean una carretera. Según el Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI) todos los poderes están deslegitimados. Encuestas señalan que el 92% de la población rechaza a Dina Bolaurte y el 95% al Congreso. Y el 97.5% no cree en los partidos. El país entró en recesión económica y la inseguridad ciudadana va en alza. Perú es cada vez más un estado fallido.
