Pensiones en RD: existe alternativa con pensiones dignas

Francisco Alberto Tavárez

En nuestra pasada entrega que titulamos “Pensiones en RD: pobreza, desigualdad y privatización de derechos”, de este martes 13 de agosto de los corrientes, establecíamos que en el país se intenta promover un “determinismo previsional” donde el sistema privado de pensiones contributivas se presenta como un consenso técnico y social irrebatible. Como en la vieja usanza neoliberal de “No hay alternativas sino en el mercado”, el sistema de pensiones de pilar contributivo de Capitalización Individual (CCI) — gestionado por AFPs mediante cuentas personales cuyos fondos se invierten en el mercado de valores — termina siendo venerado por economistas orgánicos, reguladores públicos y toda una batería de funcionarios públicos y privados del sistema financiero y monetario dominicano.

Este consenso precario que tratan de legitimar económica y socialmente se encuentra confrontado con la realidad cada vez más latente, que para el 2045 más de 2 millones de dominicanos/as no cumplirán con las normas mínimas de acceso a una pensión por vejez. Esto así, al no poder cumplir con las 360 cotizaciones necesarias estipuladas por el sistema de pensiones (UASD, Fundación SOL, 2023). De no operarse cambios estructurales, es inevitable que el Estado se haga cargo de las pensiones no contributivas, contributivas subsidiadas (sin implementación hasta la fecha), pero por igual, de una cantidad creciente de afiliados que se quedarán en estado de limbo al no cumplir con los requisitos mínimos.

En consecuencia, vista la inviabilidad social, económica y financiera del actual modelo, es de rigor que los sectores más sensatos de la población comiencen a plantear otros escenarios alternativos. Este escenario fue técnicamente sustentado en el estudio “Análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana”, presentado en 2023 con el acompañamiento técnico de la Fundación SOL de Chile y la coordinación académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD. En el mismo se hizo una estimación de los costos probables de un sistema de reparto moderno, así como sus resultados adaptados a la dinámica laboral dominicana, signada por altos niveles de informalidad, precarios salarios y considerable nivel de desigualdad en el ingreso.

Precisamente estos indicadores laborales son los que hacen socialmente oneroso el modelo de CCI gestionado por AFPs, aunque implementen reformas paramétricas consistentes en incrementos en cotizaciones y edad de retiro, como plantean la ADAFP y sectores empresariales.

Este estudio propone un sistema de pensiones donde los beneficios propuestos se articulen en un esquema de protección social con un enfoque bidimensional, que comprende un pilar básico de protección social no contributivo y un seguro social obligatorio contributivo bajo el modelo de reparto moderno. La pensión básica se establecería para garantizar la mayor universalización posible, donde trabajadores formales e informales que por las condiciones propias del mercado de trabajo dominicano no alcancen los requisitos mínimos de acceso, puedan disfrutar de una pensión cuyo valor se establece sobre el salario mínimo de las microempresas del país que actualmente es de RD$14,161. El valor será actualizado cada vez que se tarifiquen nuevos salarios mínimos en el país por lo que su poder adquisitivo no se erosionaría como las pensiones solidarias otorgadas por el Estado de RD$6 mil pesos no indexados a la inflación.

Por otro lado, en cuanto al pilar contributivo, el sistema de reparto moderno funcionaría bajo la lógica de prestaciones definidas, contemplando como base de estimación, los años cotizados y el salario cotizable. Se consulta una tabla de pagos definida técnicamente, y se determina la pensión que cada individuo recibiría en función de su historial de cotización. En el estudio, se establece una tasa de reemplazo de 70%, muy superior a la estimada para el sistema de CCI dominicano de 23.0%, con mínimo 20 años de trabajo, que se ajusta mucho mejor a las condiciones de intermitencia e irregularidad del trabajador dominicano que pasa de la formalidad a la informalidad ante cualquier eventualidad.

La ventaja de los sistemas de reparto moderno como el planteado en el estudio, basado en el Modelo Multipilar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es que el riesgo se asume colectivamente mediante la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. En cambio, el sistema de cuentas de ahorro individuales (capitalización plena individual), son las propias personas las que asumen el riesgo y sus prestaciones por pensión dependen de su salario y su historial laboral. En una economía de bajos salarios, con un sistema de capitalización individual, las pensiones se proyectan no suficientes para cubrir necesidades tan apremiantes como la alimentación y la salud del pensionado. Según CEPAL, en estudio reciente, un 49% de los dominicanos/as de más de 60 años dependen de los ingresos de familiares para poder vivir su etapa de retiro, lo que refleja la dimensión del problema que una lógica de beneficios privada no podrá resolver.

La alternativa que se plantea, grosso modo propone un piso de solidaridad que representa un nivel de protección social no contributivo, asegurando una cobertura mínima para aquellos ciudadanos en situación de vulnerabilidad que nunca podrán financiar una pensión contributiva. Por otro lado, se establece pilar contributivo de carácter público técnicamente solvente y obligatorio, como fundamento o pilar central del sistema de pensiones. De contemplarse otros pilares adicionales, tal como plantea la OIT, estos se concebirían de manera complementaria, con el objetivo de optimizar y fortalecer el entramado de protección social.

Este sistema contributivo delimita dos techos para las pensiones: una mínima por valor de RD$18,702 pesos y una máxima de RD$130,914 pesos con un 70% de tasa de reemplazo y 20 años de cotización continua o acumulada. Para estimular las cotizaciones más allá de este nivel, se añade a cada año adicional un punto porcentual de tasa de reemplazo para movilizar las contribuciones de trabajadores por más de 20 años.

En adición, el sistema planteado tendría la capacidad de ser sostenible financieramente, debido a que el costo estimado a largo plazo (2045), apenas sería de 5.9% del PIB. Este monto es inferior al promedio del gasto en pensiones de países de la OCDE de 8.0% del PIB actualmente. Al mismo tiempo, este sistema se sustentaría en la utilización de reservas técnicas para asegurar su viabilidad financiera, donde parte de los recursos se pudieran destinar a la financiación de viviendas y gastos de educación y salud que incrementarían la productividad laboral y los ingresos salariales reales de los trabajadores. Es decir, no solo se destinaría los fondos del patrimonio a la rentabilidad financiera y las inversiones del gran capital empresarial, sino de la misma manera, a la economía personal de los afiliados.

En conclusión, un sistema de pensiones integral, solidario y de prestaciones dignas, es una alternativa a ponderar en una coyuntura de reformas estructurales que están siendo planteadas por el gobierno dominicano. Este es el momento adecuado para discutir y debatir soluciones disruptivas que traduzcan el crecimiento de la producción en bienestar. Llegó el momento de pensar en la gente, en el crecimiento inclusivo y en el fortalecimiento de nuestro precario Estado de Bienestar.