Las reformas

Pavel de Camps Vargas

 

Las reformas prometen impulsar el crecimiento, pero su implementación definirá si la República Dominicana avanza hacia la prosperidad o enfrenta nuevos desafíos sociales y económicos.

 

 

La República Dominicana está atravesando un momento crucial de su desarrollo económico y social. El gobierno ha iniciado una serie de reformas que tienen como objetivo transformar sectores clave de la nación, desde la fiscalidad hasta la energía y el empleo. Sin embargo, aunque estas medidas buscan fomentar el crecimiento y la estabilidad, también están generando preocupación, particularmente entre la clase media, que será la más afectada por los cambios en el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI). A continuación, desglosamos las reformas y analizamos su impacto potencial en los distintos sectores de la sociedad.

 

1. Reforma Fiscal: balanceando las cuentas públicas

 

El gobierno dominicano ha puesto en marcha una reforma fiscal con el objetivo de incrementar los ingresos del Estado y reducir el déficit fiscal, que se situó en el 5,8% del PIB en 2023. Entre las principales medidas, se destaca la eliminación de exenciones fiscales para algunos sectores y la aplicación de un impuesto al valor agregado (IVA) progresivo. Asimismo, se están implementando modificaciones importantes al IPI, que afectarán a los propietarios de bienes inmuebles.

Impacto económico: de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se estima que la reforma fiscal incrementará los ingresos en un 15% para 2025, lo cual permitirá mayores inversiones en infraestructura y servicios públicos. Sin embargo, el cambio en el IPI representa una carga adicional para la clase media, que verá un incremento significativo en sus obligaciones tributarias. Muchas familias, que hasta ahora estaban exentas, se enfrentarán a nuevos pagos que reducirán su poder adquisitivo. Esto podría tener un efecto negativo sobre el consumo interno, que es uno de los principales motores de la economía nacional.

 

Estabilidad social: el aumento de impuestos ha generado preocupación entre la clase media, que siente que está asumiendo una carga fiscal desproporcionada sin recibir beneficios claros e inmediatos. Aunque el gobierno ha anunciado exenciones para productos de primera necesidad, estas medidas no siempre alcanzan a la clase media, que sigue soportando el peso de los cambios. Sin una comunicación adecuada y medidas compensatorias, existe el riesgo de un descontento generalizado que podría derivar en protestas.

 

2. Reforma energética: Un futuro más verde y eficiente

 

La reforma energética busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que actualmente constituyen el 70% de la matriz energética del país. Se prevé una transición hacia fuentes de energía renovable, con inversiones proyectadas en USD 2,500 millones durante los próximos cinco años.

 

Impacto económico: esta transición permitiría crear más de 10,000 empleos directos y reducir los costos energéticos a largo plazo. Para la clase media, esto podría traducirse en una reducción del 20% en las facturas eléctricas para 2030. Sin embargo, los costos iniciales de la transición podrían repercutir negativamente en los hogares, elevando temporalmente las tarifas debido a la necesidad de inversiones en infraestructura.

 

Estabilidad social: la creación de empleos en el sector de energías renovables representa una oportunidad de desarrollo para la clase media, pero será fundamental que se establezcan programas de capacitación para los trabajadores que puedan verse desplazados. De lo contrario, los beneficios de la transición energética podrían quedar fuera del alcance de aquellos que más lo necesitan.

 

3. Reforma del IPI: afectando a la propiedad inmobiliaria

 

El cambio en el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI) es uno de los puntos más controvertidos de la reforma. La nueva base impositiva incluirá propiedades que previamente estaban exentas, afectando especialmente a los propietarios de clase media.

Impacto económico: según estimaciones del Ministerio de Hacienda, la reforma del IPI podría generar RD$12,000 millones adicionales en 2025. Sin embargo, el impacto en la clase media será significativo, ya que muchas familias que poseían viviendas en zonas urbanas serán ahora gravadas, afectando su capacidad de ahorro e inversión. Este nuevo impuesto se percibe como un golpe directo a quienes ya enfrentan altos costos de vida y luchan por mantener su estabilidad económica.

 

Estabilidad social: La percepción de desigualdad fiscal ha generado críticas, especialmente entre organizaciones civiles y representantes de la clase media. La falta de una política clara sobre cómo se reinvertirán los fondos recaudados en servicios que beneficien a la ciudadanía incrementa la desconfianza y podría traducirse en una mayor insatisfacción social.

 

Oportunidades y desafíos para la clase media

 

Las reformas propuestas por el gobierno dominicano representan un momento decisivo para el desarrollo del país. Si bien estas reformas podrían impulsar la economía y fortalecer la infraestructura y los servicios públicos, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para manejar adecuadamente los efectos negativos a corto plazo. La clase media, en particular, enfrentará una presión considerable que podría afectar su calidad de vida y su capacidad para contribuir al crecimiento económico.

 

Expertos coinciden en que, si el gobierno logra un equilibrio adecuado entre las necesidades fiscales y el bienestar de la clase media, la República Dominicana podría convertirse en un referente regional en términos de equidad y sostenibilidad. “Las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro de nuestra nación por décadas”, afirma Juan Pérez, economista de la UASD. Pero el economista Andés Dauhajre Hijo indicó “La reforma fiscal socavaría economía, ahuyentaría la inversión y la clase media empobrecería”

 

El reto está en cómo el gobierno puede asegurar que los beneficios de estas reformas lleguen a todos los dominicanos de manera justa y equitativa, sin sacrificar a la clase media en el proceso. Un diálogo abierto y transparente con todos los sectores será crucial para garantizar la estabilidad y el progreso del país.