Asalto al Capitolio: de presos y condenas en EEUU y Cuba

septiembre 15, 2023 Red Social Codi 84 Views 0 comentarios

José Manzaneda

A los cabecillas pro-Trump del asalto al Capitolio de Washington, en enero de 2021, se les están imponiendo elevadas condenas, de hasta 22 años de cárcel (1). Solo dos de todas las personas llevadas a juicio por aquellos hechos, han quedado absueltas (2).

Recordemos que en julio de ese mismo año 2021, en Cuba, hubo protestas que, en algunos lugares, tuvieron carácter extremadamente violento (3).

En ambos casos, en EEUU y Cuba, se han producido, a raíz de ambos acontecimientos, un número similar de detenciones (más de mil) y de condenas (más de 600)(4) (5).

Condenas buenas, condenas malas

Sin embargo, la lectura que realizan los grandes medios occidentales sobre dichas condenas es tan diametralmente opuesta, como unánime para ambos casos. Las impuestas por el Asalto al Congreso son legitimadas, con el relato (único), de que fue un “complot para romper el centro de la democracia estadounidense” (6), por parte de una “turba fanática” (7), a la que “no le gustó el resultado de las elecciones» presidenciales (8) (9) (10).

En el caso de las condenas en Cuba, el relato (también único) es el que brindan las organizaciones del “anticastrismo”. Estas son blanqueadas como “ONG de derechos humanos” (11), a pesar de que apoyan, públicamente, el bloqueo y sanciones de EEUU contra Cuba (12), una violación masiva de derechos humanos condenada treinta veces por Naciones Unidas (13). Las condenas en la Isla -nos dicen- fueron contra la “libertad de expresión” (14) y contra una “protesta pacífica” que solo pedía “más libertad y democracia” (15). Algo que es total y absolutamente falso.

Uno, aquella protesta fue el producto de una crisis social (16). Se dio en el pico más alto de la pandemia y tras meses de agudas carencias de alimentos, medicamentos, transporte y luz eléctrica. La causa de todo ello: la falta de ingresos por el cierre del turismo en el país y por las más de doscientas nuevas sanciones que recrudecieron el bloqueo estadounidense a la Isla. Pero un intenso bombardeo comunicacional desde EEUU consiguió redirigir una descarga social de raíz económica hacia la desestabilización política.

Dos, la motivación política (provocar la caída del Gobierno y resto de instituciones), que fue asumida por el sector más violento de la protesta, tuvo, al igual que el Asalto al Capitolio, una naturaleza antidemocrática. Porque es absolutamente antidemocrático pasar por encima del 86 % de la población que, dos años atrás, había aprobado en referéndum la nueva Constitución cubana, tras una consulta popular previa de carácter masivo (17) (18).

Tres, quienes protestaron en Cuba de forma pacífica no fueron condenados, salvo quienes violaron leyes que, como en todos los países del mundo, penan la conexión política y financiera con un gobierno enemigo. Los delitos de quienes han sido condenados a prisión en la Isla son casi idénticos a los que, según leemos en la prensa, cometieron los fanáticos trumpistas. Leemos: conspiración sediciosa (o sedición), destrucción o robo de propiedades públicas, desórdenes públicos, resistencia a agentes de la autoridad o sabotaje (19) (20).

¿Presos políticos?

Pero en el caso de Washington, no hay un solo medio importante que haya deslizado, ni siquiera con matices, que los asaltantes condenados sean “presos políticos”. Incluso quienes de ellos se hayan atrevido, públicamente, a presentarse como tales, están siendo perseguidos desde la Fiscalía General de EEUU, con el aplauso de los medios (21).

En contraste, estos mismos medios, legitimando el relato de organizaciones que colaboran con la guerra no convencional contra Cuba, nos repiten una y otra vez que las personas condenadas en la Isla son “presos políticos” (22) o “presos de conciencia” (23). Habría cerca de mil en el país.

De que, como las de EEUU, hayan tenido una motivación política, no cabe duda. Pero de que hayan sido condenadas por los delitos antes mencionados y, principalmente, por el empleo de la violencia contra el orden constitucional del país, tampoco hay la menor duda (24).

En todo caso, si hablamos de “prisioneros políticos”, debemos recordar las decenas que mantiene en sus mazmorras el régimen estadounidense: periodistas, militantes antirracistas, indígenas, feministas y ecologistas, analistas que denunciaron crímenes de guerra, diplomáticos de otros países, etc., etc. (25) (26) (27).

Cuyas trágicas historias son cubiertas con un vergonzoso manto de silencio por los grandes medios occidentales (28) (29). Que, en el caso de Cuba, prefieren repetir, sin contraste de ningún tipo, el relato parcial y mentiroso de los criminales de una guerra silenciosa y despiadada contra once millones de cubanas y cubanos inocentes (30).

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