Aumenta riesgo soberanía fiscal dominicana

Por Haivanjoe NG Cortiñas

Con el transcurrir del tiempo, cada año en la República Dominicana se va perdiendo parte de la soberanía fiscal, especialmente por el lado del componente del gasto público, expresándose en la reducción del gasto en áreas clave para el desarrollo, como el gasto social y de capital, el primero, porque se dirige a los sectores más vulnerables y el segundo, eleva la capacidad productiva, la competitividad y aumenta el patrimonio público.

El creciente peso del pago de los intereses genera un efecto de desplazamiento, restando espacio a otros componentes del gasto público. La causa fundamental es el aumento del endeudamiento del gobierno, que deriva en una carga progresiva de intereses y hace más dependientes a las finanzas públicas del financiamiento, potencializando la obligación de hacer reformas fiscales, en un escenario menos favorable e, imponiendo decisiones que la población tiende a rechazar, por ser generalmente de impacto negativo para ellos.
Un Estado, tiene soberanía fiscal cuando puede ejercer la potestad de destinar el gasto público dentro del territorio nacional, en las áreas que el gobierno defina como las prioritarias para la seguridad ciudadana, el acceso a la salud y educación pública, así como, además, la dotación de infraestructuras clave para el desarrollo y la garantía de la seguridad alimentaria. Cuando se reduce esa capacidad, nos encontramos frente a un aumento de los riesgos macroeconómicos coyunturales, que se asocian a la soberanía fiscal, garante para que un Estado cumpla con su rol y no se incline hacia la pérdida de su capacidad para promover y garantizar la estabilidad en todos los órdenes.

Al perder progresivamente soberanía fiscal, ese espacio lo ocupa la injerencia externa para garantizar que el Estado cumpla con los compromisos financieros en tiempo y condiciones como lo acordado, un prerrequisito que opera como salvaguarda o acceso a nuevos financiamientos. La injerencia se expresa a través de las presiones de organismos de financiamiento internacional, firmas calificadoras de riesgos y presión de inversionistas por el cumplimiento de lo contractual y su expectativa de aumento de tasas de interés, en un ambiente menos amigable para la inversión extranjera que demanda seguridad en el cumplimento de los compromisos financieros, como es, al menos, el pago de los intereses de la deuda, que termina constituyéndose en una carga fiscal ineludible. Paralelamente, un escenario similar se presenta con la presión interna que ejercen los acreedores nacionales y que, de no cumplirse, se adiciona al aumento del riesgo fiscal y debilita la calificación crediticia, colocándola hacia la baja, que termina impidiendo nuevo flujo de inversiones en condiciones más favorables para la economía dominicana.

El aumento de la carga de los intereses, hace del presupuesto nacional más rígido, porque desplaza gasto público hacia el pago de intereses, al tiempo que reduce el espacio fiscal para programas y proyectos públicos. La política del gasto, deja de tener capacidad para actuar en forma anti cíclica, por lo tanto reduce significativamente capacidad de maniobra frente a las adversidades y la normalidad funcional del gobierno, quedando en una posición ilusoria, en cuanto a que la soberanía fiscal sólo existe en que como país tenemos capacidad para formular el presupuesto, pero con muy reducida holgura para dirigir el gasto público hacia las áreas de desarrollo, por aquello del efecto desplazamiento de que, más pago de intereses, implica menos recursos financieros para el gasto social y de capital.

Para el año que transcurre, el gasto en intereses de la deuda alcanza el monto de RD$ 298,486.4, el gasto de capital a RD$ 176,037.9 y, el gasto social a RD$ 665,858.5, todas las cifras en millones.

La explicación teórica expuesta precedentemente, encuentra evidencia en los principales indicadores que se puede asociar con el tema de la soberanía fiscal dominicana de al menos los últimos doce años. El origen del mal lo podemos ubicar en los desequilibrios presupuestales anuales que resultan en forma sostenida, situación que induce a cubrir los referidos déficits fiscales con financiamiento externo e interno, mismo que ha pasado de US$ 19,463 millones en el 2012 a US$ 59,600 millones a marzo de 2025, para una tasa de crecimiento de un 206.2 %, equivalente a una elevación de US$ 40,137 millones.

El aumento del saldo de la deuda del sector publico no financiero, ha provocado un aumento sostenido del pago de los intereses, pasado de US$ 1,132 millones en el 2012 a US$ 4,806 millones estimados para el cierre del año 2025, lo que representa una tasa de expansión de un 274.6 %, superior a la propia tasa de incremento del saldo de la deuda pública.

Al aumentar el pago de los intereses de la deuda pública, este se expresa en una mayor participación relativa dentro del gasto público total, al pasar de un 9.26 % en el 2012 a un 20.11 % proyectado, al concluir el año 2025, para un incremento de 10.85 puntos porcentuales, una fuerte evidencia de la reducción del espacio fiscal para los programas y proyectos que deben ejecutarse con el presupuesto de la nación.

Al continuar examinando el peso del pago de los intereses de la deuda pública, encontramos que se han elevado como participación dentro de los gastos corrientes, al cambiar de un 14.53 % a un 22.82 %, equivalente a una variación de 8.29 puntos porcentuales, un indicador que muestra el espacio que le ha quitado a los gastos administrativos y operativos incurridos para las funciones del gobierno central, otra prueba del efecto desplazamiento.

Por el lado del espacio que los intereses le han quitado al gasto de capital y por lo tanto, le ha restado capacidades de incrementar el patrimonio público y de aportar a la motorización de la economía, encontramos que los intereses al compararse con el gasto de capital, en el 2012 era de un 34.24 % y para el 2025 seria de un 169.6 %, lo que significa que se aproxima a duplicar los recursos que se destinan a la inversión pública, otra muestra más del efecto desplazamiento.

Los efectos adversos del incremento del gasto público en intereses no se detienen hasta lo escrito, también le ha restado competencia al gasto social, al pasar en su equiparación de un 24.23 % en el 2012 a un 44.83 %, lo que significa que casi representa la mitad de los recursos que el presupuesto de la nación le dedica al gasto social.