Bayahibe no se vende: la defensa de una comunidad frente al avance de la privatización de sus playas
Por Manuel Nolasco.
Bayahibe no es simplemente un destino turístico. Es una comunidad construida con el esfuerzo de generaciones de pescadores, trabajadores del mar, pequeños comerciantes, operadores turísticos, artesanos, guías, transportistas y familias que durante décadas han convertido este rincón privilegiado del Caribe en uno de los principales atractivos de la República Dominicana.
Hoy, sin embargo, Bayahibe enfrenta una preocupación legítima y profunda: el temor de que nuevos desarrollos hoteleros promovidos por grandes grupos empresariales terminen reduciendo aún más el acceso de la comunidad a sus playas y espacios costeros, que constituyen el principal activo económico, social y cultural de sus habitantes. Esta inquietud no surge de la nada. Históricamente, la comunidad ha expresado su oposición a proyectos que pudieran limitar el acceso público al litoral o desplazar actividades económicas tradicionales vinculadas al turismo local.
La discusión no debe plantearse como una confrontación entre turismo y comunidad. Bayahibe vive del turismo. Lo que está en debate es qué tipo de desarrollo turístico queremos para el país: uno que integre a la gente o uno que la excluya.
Cuando una comunidad siente que pierde acceso a sus playas, pierde mucho más que un espacio físico. Pierde oportunidades de empleo independiente, pierde espacios de recreación familiar, pierde identidad cultural y pierde capacidad para participar directamente en la riqueza que genera el turismo. La playa no es solamente arena y mar; es el motor económico que sostiene a miles de familias en Bayahibe, Dominicus, La Romana y comunidades vecinas.
La Constitución Dominicana, la Ley 305-68 sobre la franja marítima y la Ley General de Medio Ambiente reconocen el carácter público de las playas y del litoral marítimo. La preservación del libre acceso a estos espacios constituye un principio fundamental del interés colectivo.
Resulta imprescindible que cualquier proyecto de desarrollo turístico sea sometido a procesos transparentes de evaluación ambiental, social y económica, garantizando la participación efectiva de los ciudadanos afectados. La experiencia dominicana demuestra que cuando las comunidades son escuchadas se reducen los conflictos y se construyen soluciones más sostenibles. Casos anteriores relacionados con proyectos costeros y turísticos en la región han generado importantes debates públicos precisamente por la necesidad de equilibrar inversión privada y protección del patrimonio natural y comunitario.
Por ello, hacemos un llamado firme y respetuoso al Gobierno de la República, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Medio Ambiente, al Congreso Nacional, a las autoridades municipales y distritales, así como a todas las organizaciones sociales, empresariales y comunitarias del país, para que escuchen el clamor de Bayahibe.
No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de garantizar que el desarrollo beneficie a todos y no solamente a unos pocos.
Se trata de proteger el derecho de miles de trabajadores que dependen diariamente del acceso al mar para ganarse la vida.
Se trata de preservar uno de los destinos más emblemáticos de la nación sin sacrificar la dignidad de quienes lo construyeron.
La historia ha demostrado que las comunidades que pierden el control sobre sus espacios públicos terminan siendo extranjeras en su propia tierra. Bayahibe no puede convertirse en un escenario donde sus habitantes observen desde la distancia cómo otros disfrutan de lo que durante generaciones les ha pertenecido.
Hoy más que nunca corresponde levantar la voz. Corresponde a los legisladores fiscalizar. Corresponde a las autoridades garantizar el cumplimiento de las leyes. Corresponde a la sociedad dominicana solidarizarse con una comunidad trabajadora y ejemplar.
Porque defender las playas de Bayahibe no es únicamente defender a Bayahibe.
Es defender el principio de que el desarrollo debe tener rostro humano.
Es defender el patrimonio natural de la República Dominicana.
Y, sobre todo, es defender el derecho de nuestro pueblo a seguir siendo dueño de su presente y protagonista de su futuro.