Cinco años de ceguera: ¿Nadie vio el desfalco?
Por Ramón Morel
La pregunta central ya no es qué hizo Santiago Hazim. Esa etapa está superada.
La verdadera pregunta, la que incomoda al poder, es qué hacía el Estado dominicano, y por extensión el presidente de la República, mientras se ejecutaba durante cinco años un desfalco de proporciones históricas en SeNaSa.
Cuando un saqueo multimillonario se prolonga en el tiempo, se normaliza en los procesos y sobrevive a auditorías, informes y supervisiones, deja de ser un “acto de corrupción” para convertirse en un fenómeno estructural del poder.
La denominada “Operación Cobra” no solo destapó una red criminal incrustada en el sistema de salud pública; puso en evidencia algo mucho más grave: la absoluta inutilidad, o la peligrosa docilidad, de los órganos de control del Estado dominicano.
Santiago Hazim dirigió SeNaSa desde agosto de 2020 hasta finales de 2025. Durante ese período, según el Ministerio Público, se diseñó y ejecutó un entramado para desviar fondos, manipular contratos y ocultar pasivos, todo mientras la institución era presentada como un modelo de eficiencia.
Pero el dato más explosivo no está solo en los números: uno de los imputados declaró que parte del dinero desviado sería utilizado para gastos de campaña. Esa afirmación que deberá probarse en los tribunales, eleva el caso de corrupción administrativa a una dimensión política de extrema gravedad.
Si recursos del seguro de salud de los más pobres fueron utilizados, directa o indirectamente, para financiar actividad política, ya no hablamos solo de robo: hablamos de captura del Estado para fines partidarios.
Y aquí emerge el silencio ensordecedor de los organismos llamados a prevenir precisamente este tipo de crímenes. ¿Dónde estaban la Contraloría General de la República?
¿Dónde la Dirección General de Contrataciones Públicas?
¿Dónde la Cámara de Cuentas, órgano constitucionalmente obligado a auditar y alertar?
Durante cinco años, estos entes no detectaron —o no quisieron detectar— un esquema que hoy el Ministerio Público describe como sofisticado, pero sostenido y reiterado. No fue un golpe rápido ni un desliz contable: fue una operación prolongada, sistemática y visible para cualquiera que hubiera querido mirar.
En política, cinco años no son un descuido.
Cinco años son permisividad, ineptitud o complicidad.
El maquillaje financiero como política de encubrimiento
Durante la gestión de Hazim, SeNaSa exhibía informes con “números verdes”, celebrados públicamente por funcionarios y replicados sin cuestionamiento. Hoy se sabe que esos informes ocultaban deudas, compromisos no registrados y desfalcos que solo podían mantenerse invisibles con la anuencia, o la negligencia, de quienes debían fiscalizar.
Esto abre una pregunta aún más inquietante: si SeNaSa maquillaba sus cuentas sin consecuencias, ¿cuántas otras instituciones están haciendo exactamente lo mismo bajo el mismo gobierno?
Aquí el argumento opositor no admite eufemismos: la corrupción no se combate con discursos, se combate con controles que funcionen. Y si esos controles no funcionaron durante un lustro completo, el fracaso es político, no técnico.
El presidente ante un caso crónico
En un sistema presidencialista como el dominicano, el presidente no es un espectador inocente. Tiene el control del Ejecutivo, designa autoridades, recibe informes y define prioridades. Frente a un caso de esta magnitud, prolongado en el tiempo y con advertencias internas ignoradas, solo caben dos conclusiones posibles:
- Incapacidad presidencial: el presidente fue incapaz de supervisar su propio gobierno, no entendió, o no quiso entender, lo que ocurría bajo su administración y permitió que una institución clave fuera saqueada durante años.
- Complicidad política: el presidente supo, toleró o decidió no actuar para proteger a un funcionario cercano o a un entramado con utilidad política, dejando que el daño creciera hasta volverse imposible de ocultar.
No existe una tercera vía creíble. La tesis del “no sabía” se derrumba cuando el delito es crónico, voluminoso y sostenido. En política, la ignorancia prolongada también es una forma de responsabilidad.
El caso SeNaSa no es solo un expediente judicial: es una crisis moral y política del gobierno. Aplaudir al Ministerio Público por actuar tarde no sustituye la obligación de explicar por qué el robo no fue detenido a tiempo.
Hoy se impone una investigación que vaya más allá de los ejecutores directos. Deben responder los auditores que certificaron cuentas falsas, los supervisores que miraron hacia otro lado y los altos funcionarios que con su silencio permitieron el saqueo.
El precio de esta ceguera, o de esta complicidad, lo pagará el pueblo dominicano con peores servicios de salud y más carga fiscal.
Al final, la “Operación Cobra” deja una conclusión brutal: la promesa de ética y transparencia no fue traicionada por accidente; fue abandonada con plena conciencia de sus consecuencias.
