Colombia, México, Argentina y Bolivia muestran su apoyo a Castillo

En un comunicado conjunto publicado este lunes por la Cancillería colombiana, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia han expresado su “profunda preocupación” por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo, al que han considerado “presidente de la República del Perú”.

Han denunciado que, desde el día de su elección, Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento”, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969.

Luego, han agregado, fue “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” del artículo 25 de la mencionada convención.

“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, han señalado en la nota.

De igual modo, han pedido a quienes integran las instituciones de “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” y a las autoridades que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.

Castillo fue destituido de la Presidencia de Perú por el Congreso de la República el miércoles y llegó a ser detenido por la Policía, luego de su decisión de disolver el Parlamento. Poco después, su exvicepresidenta, Dina Boluarte, fue la encargada de asumir el cargo más alto del Ejecutivo y se convirtió en la primera mujer en la historia de Perú en ser presidenta.

El expresidente peruano, que fue un maestro rural de la región norteña de Cajamarca, llegó a la Presidencia, gracias al clamor popular, por lo que su destitución y la asunción del poder por su sucesora ha profundizado la crisis política en Perú.

En una carta publicada este lunes desde su centro de arresto, Castillo ha considerado estar “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”, dejando claro que no renunciará ni abandonará sus funciones. Además, ha calificado de “usurpadora” a Boluarte, advirtiendo a la población de no caer en su “juego sucio de nuevas elecciones”; refiriéndose así al reciente anuncio de la mandataria sobre el envío de un proyecto de ley al Congreso para convocar nuevas elecciones para abril de 2024.