Colombia y el «Ejército de la Oscuridad» la OTAN

Por Alfonso Insuasty Rodríguez

En un giro significativo de su discurso geopolítico, el presidente Gustavo Petro anunció el 16 de julio de 2025, desde Bogotá, su decisión de que Colombia debe fortalecer un nuevo «ejército de la luz» y, en consecuencia, «salir de la OTAN». Pero, ¿qué tan real es esto?

Estas declaraciones, pronunciadas durante la rueda de prensa en el marco de la Conferencia de Emergencia sobre Palestina (realizada los días 15 y 16 de julio en Bogotá), estuvieron acompañadas de una fuerte crítica al respaldo de la OTAN a bombardeos que han afectado a civiles, incluyendo a miles de niños palestinos. La postura del mandatario refleja una tensión creciente entre la política exterior del país y su alianza estratégica con el bloque militar occidental.

Esta postura aparentemente marca una ruptura con la trayectoria del país como “socio global” de la OTAN desde 2016, categoría formalizada tras la firma del acuerdo de cooperación en 2013.

Este alineamiento ha permitido a Colombia fortalecer su Ejército según estándares occidentales, integrando entrenamiento en ciberdefensa, inteligencia artificial y fuerzas especiales, incluso firmando convenios como el Programa de Asociación Personalizado (ITPP) y la iniciativa Defence Education Enhancement Programme (DEEP)

El Programa de Asociación Personalizado (ITPP, por sus siglas en inglés) estructura de manera estratégica los distintos ejes de cooperación entre la OTAN y Colombia, alineando esta relación con objetivos definidos en el marco de la seguridad global.

Sin embargo, es necesario advertir que la OTAN no se limita a ser una alianza militar; se constituye también como un bloque político que promueve una visión específica del orden mundial, sustentada en intereses geoestratégicos y en la reproducción de valores occidentales que no siempre son compatibles con las realidades y necesidades de los países del Sur Global.

Gobierno Petro consolida la relación con la OTAN

Durante el actual Gobierno, Colombia fortaleció sustancialmente su alianza con la OTAN, lejos de retroceder en su condición de socio global.

En mayo de 2025 el programa de Asociación Personalizado (ITPP) fue renovado por tres años más, profundizado la cooperación bilateral en áreas clave como ciberdefensa, inteligencia artificial, seguridad marítima, lucha contra el terrorismo, desminado humanitario y entrenamiento militar bajo estándares internacionales.

Este alineamiento se evidencia también en el ámbito educativo. Bajo el Programa DEEP, se están revisando y ajustando las mallas curriculares de las 82 escuelas de formación militar y policial, incorporando estándares de interoperabilidad, nuevas tecnologías de guerra, formación en idiomas y estructuras logísticas acordes con la OTAN. En el mes de junio, una destacada delegación de militares de países miembros de la OTAN, como Eslovenia, Italia, España y Polonia participaron activamente en estos procesos.

Lejos de una desmilitarización de la seguridad o una revisión crítica del modelo de defensa, se consolida así una estrategia de subordinación funcional a los intereses del bloque atlántico, camuflada bajo la retórica de la cooperación internacional y la modernización institucional.

Colombia, como único socio global de la OTAN en América Latina, afianza su papel estratégico en la arquitectura de seguridad occidental, lo que implica una creciente integración doctrinal y operativa con las potencias euroatlánticas.

La Armada de Colombia, en la llamada “Operación Neptuno” (julio 2025), realizó por primera vez el disparo de un misil antiaéreo desde vehículos tácticos como parte de su entrenamiento, de cara a la llamada interoperabilidad. Este ejercicio involucró más de 1.700 efectivos, sistemas no tripulados y operaciones de guerra compuesta, fortaleciendo capacidades de combate ofensivo bajo lógicas de alta intensidad.

Si bien los defensores y promotores resaltan en esta alianza beneficios en la lucha contra el narcotráfico y amenazas tras-nacionales, también se observa una profundización de la militarización y una total subordinación doctrinal.

Esta alianza OTAN, es un escalón más que Colombia sigilosamente hereda del Plan Colombia, que este año cumple sus 25 años, dejando un legado complejo, lleno de zonas grises y capítulos oscuros.

Durante este último cuarto de siglo, esa política y dicho Plan transformaron las fuerzas armadas en agentes de guerra interna y externa, vinculadas a casos de ejecuciones extrajudiciales («falsos positivos»), corrupción, denuncias de potenciar nexos con grupos paramilitares y nexos con una industria militar privada que articula una constante exportación de fuerza mercenaria al mundo.

¿Debilitar la unidad latinoamericana?

Ahora bien, ha sido el propio Petro quién denunció la compra de armamento israelí (más de USD 230 millones) acción que se realizó en su propio gobierno, a la vez  criticó el incumplimiento del embargo al carbón hacia Israel, de hecho, el informe de Albanese señala que hubo seis envíos de carbón colombiano luego de la prohibición de exportar a Israel, al tiempo fue el presidente quien inauguró la Feria Aeronáutica y Espacial F-Air 2025 en Rionegro (Antioquia) donde hizo presencia la empresa Elbit Systems señalada de impulsar el genocidio contra el pueblo palestino, sin señalarlo en su discurso, tal vez lo desconocía.

Esta contradicción desenmascara la disonancia entre el discurso pacifista del «Gobierno del Cambio» y las realidades comerciales, políticas y logísticas que perpetúan su complicidad en la violencia global.

En el plano ético, el reconocimiento del papel de la OTAN en la injerencia militar global obliga en esencia, a Colombia, a replantearse su pertenencia a este cuestionado bloque.

La subordinación estratégica de Colombia a la OTAN no solo profundiza su dependencia militar, sino que tensiona y debilita cualquier posibilidad real de integración política y militar regional. La presencia de Colombia como socio de esta alianza extrarregional —bajo una lógica de subordinación— socava espacios colectivos como la CELAC que ha declarado y ratificado a nuestra américa como zona de Paz. Vale decir que, desde el 9 de abril de 2025 Petro asumió la Secretaria pro-tempore, de la CELAC.

Esta alianza Colombia-OTAN, en lugar de fortalecer la soberanía regional, aleja al país de iniciativas orientadas a consolidar un sistema de defensa autónomo, como lo proponía la UNASUR. En este contexto, el rol de Colombia en un proyecto genuino de integración latinoamericana debería orientarse hacia la construcción de un nuevo orden multipolar y soberano en la región, fortaleciendo estructuras de cooperación como el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) y retomando experiencias como la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE), creada en 2014, precisamente cuando se profundizaban los vínculos entre Colombia y la OTAN.

Esto, no es todo, la región viene en una carrera acelerada de regreso a una militarización de sus territorios en el marco de las tensiones generadas por el surgimiento de un orden multipolar, es así como, crece la participación de fuerzas colombianas en ejercicios militares con EE.UU. (Southern Seas 2024, RIMPAC2024, Estrella Austral2025, etc.) ¿nos preparamos para qué guerra y cuál bando?

Para enmendar este rumbo, es urgente que Colombia se retire del estatus de “socio global” de la OTAN y revise a fondo el marco legal que subordina la formación militar a intereses ajenos, especialmente en lo que respecta a doctrina, cooperación, adquisiciones y ejercicios militares. Esta dependencia no solo compromete la soberanía nacional, sino que también distorsiona el sentido y el propósito de la seguridad pública.

En paralelo, es fundamental que las universidades, los centros de pensamiento, las organizaciones sociales y futuras comisiones de la verdad impulsen investigaciones críticas y formulen propuestas que resignifiquen la noción de seguridad desde una perspectiva ética, territorial y latinoamericana, alejada de las lógicas bélicas impuestas por las potencias y de toda forma de alineamiento subordinado.

Una política de defensa verdaderamente ética exige reconstruir el Estado como garante de la paz, la justicia y la equidad, con una fuerza pública al servicio de la vida y la integración regional soberana. No hay soberanía posible mientras la seguridad esté dictada desde fuera.