Cordillera Septentrional: la protesta llega al Congreso, pero el blindaje sigue pendiente
La defensa de la Cordillera Septentrional ha comenzado a desplazarse desde las calles hacia los escenarios donde se toman las decisiones. La parada cívica realizada este lunes en la entrada del distrito municipal de Pedro García volvió a colocar sobre la mesa una demanda que las comunidades consideran impostergable: que la protección de ese sistema montañoso no dependa únicamente de promesas gubernamentales, sino de disposiciones jurídicas obligatorias.
La manifestación, organizada por el movimiento Unidos Somos Más, reunió a líderes religiosos, agricultores, productores, ambientalistas, representantes comunitarios y residentes de localidades ubicadas en la cordillera. Bajo la consigna “La cordillera no se vende, se defiende”, los participantes solicitaron al Poder Ejecutivo declarar la zona patrimonio natural libre de exploración, explotación minera y extracción de sustratos.
José Feliciano Cruz Rojas, encargado de Comunicación de Unidos Somos Más, ha insistido en que las comunidades necesitan una garantía jurídica permanente, no solamente declaraciones circunstanciales de que actualmente no existen planes de explotación minera.
El planteamiento marca una diferencia importante: no se está reclamando únicamente que un proyecto determinado sea detenido, sino que se establezca una política de protección para todo el territorio.
Una iniciativa ya está en el Congreso
El reclamo comunitario coincide parcialmente con un proyecto de ley sometido por la diputada de Santiago Llaniris Espinal, de la Fuerza del Pueblo, que busca declarar la Cordillera Septentrional territorio libre de minería metálica y proteger sus cuencas hidrográficas.
La iniciativa figura en el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados con el número 05800-2024-2028-CD. Según el contenido divulgado, prohibiría las actividades de prospección, exploración, explotación, extracción y procesamiento de minerales metálicos desde Montecristi hasta la bahía de Samaná. También propone declarar la cordillera patrimonio natural de la República Dominicana.
Sin embargo, existe una diferencia que el Congreso tendrá que considerar. Mientras el proyecto legislativo se concentra principalmente en la minería metálica, Unidos Somos Más solicita que la protección incluya expresamente la extracción de sustratos y agregados, una actividad que también puede provocar pérdida de cobertura forestal, alteración de cauces, erosión y deterioro de las montañas.
La discusión legislativa deberá determinar, por tanto, si la protección se limitará al oro, plata, cobre y otros minerales metálicos o si abarcará toda actividad extractiva capaz de comprometer los recursos naturales de la cordillera.
Una paralización judicial, pero no una protección general
El conflicto ya produjo una decisión judicial relevante. En junio, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago ordenó paralizar los trabajos de exploración de oro, plata, cobre y metales básicos correspondientes al proyecto Cobre El Hoyazo II.
La sentencia también ordenó a los ministerios de Medio Ambiente y Energía y Minas supervisar su cumplimiento e impuso una sanción de RD$500,000 por cada día de retraso en la ejecución de la decisión.
Aunque el fallo representa una victoria para los sectores ambientalistas, su alcance se encuentra vinculado a un proyecto específico. No equivale a una prohibición general de las concesiones o actividades mineras en toda la Cordillera Septentrional.
Esa limitación explica por qué las comunidades mantienen las movilizaciones y reclaman simultáneamente un decreto presidencial y una ley que establezcan una protección territorial más amplia.
El Gobierno niega planes de explotación
El Ministerio de Energía y Minas ha reiterado que el Gobierno no tiene intención de autorizar explotación minera en la Cordillera Septentrional. La institución sostiene que los trabajos realizados han sido de carácter exploratorio y que no se han identificado yacimientos con importancia económica.
El ministro Joel Santos también ha explicado que las concesiones existentes solamente permiten estudios geológicos, geofísicos y muestreos, pero no autorizan la extracción comercial. Cualquier eventual paso hacia la explotación requeriría otro procedimiento, evaluaciones ambientales y la aprobación del presidente de la República.
Para las comunidades, sin embargo, esa explicación no cierra el debate. Su preocupación radica precisamente en que las concesiones de exploración continúen vigentes y que una administración futura pueda cambiar la posición oficial.
La distancia entre ambas posiciones es clara: el Gobierno asegura que no pretende explotar; los comunitarios quieren que jurídicamente no se pueda explotar.
La ciencia también pide cautela
La Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo presentaron un informe que refuerza las preocupaciones de los defensores de la cordillera.
El documento indica que las concesiones y solicitudes relacionadas con Cobre El Hoyazo II, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo abarcan aproximadamente 14,431 hectáreas con influencia sobre cabeceras de cuencas, zonas de recarga hídrica, acueductos y áreas productivas.
Las instituciones recomendaron suspender preventivamente nuevas concesiones y actividades de exploración, auditar los permisos existentes, publicar los expedientes y mapas técnicos, realizar una evaluación ambiental estratégica de toda la cordillera y establecer una red permanente de monitoreo de las aguas y sedimentos.
El informe introduce un elemento central: la cordillera no debe analizarse parcela por parcela o proyecto por proyecto, sino como un sistema ambiental conectado del cual dependen el agua, la agricultura, el turismo, la biodiversidad y numerosas comunidades de la región Norte.
Del discurso a las decisiones
La defensa de la Cordillera Septentrional cuenta actualmente con cuatro frentes abiertos: la movilización ciudadana, el proceso judicial, el proyecto legislativo y la solicitud de intervención del Poder Ejecutivo.
El paso siguiente corresponde a las instituciones. La Cámara de Diputados debe informar en qué etapa se encuentra la iniciativa y cuándo será conocida; los ministerios de Energía y Minas y Medio Ambiente deben publicar los estudios, mapas y expedientes reclamados; y el Poder Ejecutivo deberá decidir si responde mediante un decreto que ofrezca una protección inmediata mientras avanza la legislación.
Después de meses de marchas, reuniones, decisiones judiciales e informes técnicos, la controversia ya no gira solamente alrededor de si existe o no un proyecto de explotación en marcha.
La pregunta es más profunda: ¿esperará el Estado a que aparezca una amenaza concreta o protegerá la Cordillera Septentrional antes de que el daño sea irreversible?
De Ahora.