Cuando el bisturí se convierte en ganzúa
Por Ramón Morel
Hay traiciones que no admiten eufemismos. Si las imputaciones del Ministerio Público se sostienen, lo ocurrido en el fraude contra SeNaSa no fue un simple desliz administrativo ni una picaresca de escritorio: fue una puñalada al corazón de la medicina. Porque cuando médicos, sí, médicos, aparecen vinculados a esquemas de facturación falsa y contratos amañados, la herida no es solo al erario; es a la confianza sagrada entre quien sufre y quien promete aliviar.
La ética médica no es un adorno colgado en la pared del consultorio. Es el cimiento. El juramento, llámese hipocrático o de humanidad básica, obliga a poner al paciente por delante del lucro. Por eso indigna que, según los expedientes, se haya facturado lo no prestado, se haya avalado lo inexistente y se haya cobrado como si la salud fuera una mercancía sin rostro. Cada peso desviado significó menos medicamentos, menos citas, menos oportunidades para pacientes reales. Gente de carne y hueso, no renglones contables.
La defensa corporativa suele aparecer rápido: “no generalicen”. Y es verdad: la inmensa mayoría de los médicos honra su oficio con sacrificio cotidiano. Precisamente por eso el daño es mayor. Porque unos pocos, si se confirman las responsabilidades, habrían arrastrado el nombre de todos por el fango. La corrupción, cuando se viste de bata blanca, se vuelve doblemente obscena.
Aquí no basta el tecnicismo legal ni el “presunto” como anestesia moral. Si se comprueba que hubo profesionales que firmaron, avalaron o se beneficiaron de servicios fantasmas, hablamos de una renuncia consciente al deber hipocrático. No fue necesidad; fue codicia. No fue error; fue cálculo. Y no fue indiferencia: fue crueldad, porque se enriquecieron a costa de la salud de los más vulnerables.
La medicina no puede convivir con la trampa sin convertirse en su cómplice. Por eso, además del proceso penal que corresponda, urge la respuesta ética: sanciones deontológicas ejemplares, suspensión del ejercicio cuando proceda, auditorías reales y protección a los médicos que denuncian. La bata no puede servir de escudo para la impunidad.
Este caso interpela a todos. Al Estado, por controles que fallaron o fueron capturados. A los gremios, por su silencio cuando debieron alzar la voz. Y a la sociedad, para exigir cuentas sin miedo ni complacencias. Porque la salud pública no es una botija; es un derecho.
Si la justicia confirma lo que hoy se investiga, llamemos las cosas por su nombre: quienes usaron el bisturí como ganzúa no traicionaron a una institución, traicionaron a personas. Y eso, en cualquier código ético que valga la pena, no se cura con disculpas, se responde con consecuencias.
