Cuando las grietas de la fractura aceleran el desplome de las estructuras que sustentan la democracia representativa 1966-2024 se hace necesario una nueva arquitectura constitucional.
Por Juan Carlos Espinal.
Suponemos que en ésta época de quiebre del estado de derecho el diálogo no es sino que un proceso incipiente de transición democrática.
Creemos que la búsqueda de consenso del presidente Abinader con la oposición política dominicana no es sino que un fenómeno socio político en crisis en el cual se dan un gran conjunto de variables que permiten alcanzar una determinada convergencia para tratar de generar un cambio, de un régimen representativo a uno participativo.
En el contexto histórico, con los actores presentes, la naturaleza del régimen presidencialista, la dinámica de su involucion económica y la decadencia de sus actores hacen difícil detectar factores comunes, especialmente de carácter político para decir cuáles deben estar inevitablemente en un proceso de restauración para que se dé el giro desde la democracia representativa hacia la democracia participativa y en qué momento se puede dar.
Desde el estudio empírico de los casos históricos sobre transición a la democracia, (1990-1994) uno de los pocos factores omnipresentes (siempre que se obvien los procesos de democratización por intervención militar extranjera), es la fractura del sistema oligarca que sostiene al presidencialismo.
En tal sentido, una variable absolutamente fundamental para entender la fractura del estado de derecho es el nivel de descomposición de la coalición gobernante.
Casi toda la bibliografía especializada en los cambios de régimen político de la pos guerra 1966-2024 destacan la necesidad de que para que se materialice un nuevo Pacto la coalición de gobierno tenderá a fracturarse para que necesariamente pueda sobrevenir un cambio de paradigma.
Desde que existe el Estado moderno, la democracia representativa 1966-2024 administra las diferentes crisis de gobernabilidad bajo mecanismos constitucionales que actúan concertadamente.
De hecho, la naturaleza misma del Estado, al menos en lo que se refiere a su carácter administrativo, responde a la voluntad de coordinar las acciones de múltiples grupos oligarquicos en conflicto con el propósito de la construcción de una transición eficaz.
Sólo cuando las diferencias entre quienes manejan dicho régimen llegan al punto de entorpecer esa acción concertada es que emerge la oportunidad para que otros grupos logren hacerse con ella.
La literatura contemporánea en ciencias sociales y políticas es clara: las protestas en la calle, la presión internacional, la competencia electoral y todo aquello que genere ingobernabilidad tiene como objetivo causar una fractura en la coalición de poder que sostiene a un gobierno.
Una vez que en la historia contemporánea Dominicana se ha producido la fractura con el orden constitucional, se han abierto los escenarios políticos que permiten la transición hacia la ilegitimidad con la complicidad del Congreso que antes de la ruptura sostenían la autocracia.
Los resultados políticos de la estrategia de diálogo del presidente Abinader con los demás ex presidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina son múltiples y disímiles, desde el fracaso absoluto hasta una transición pacífica que culminará en una democracia inestable, pasando por una gran variedad de escenarios volátiles e intermedios.
Si bien la oposición política dominicana aún no ha podido sistematizar la fractura de la coalición gobernante es elemental y crucial en casi todas las transiciones políticas que puedan existir factores homogéneos para desactivar cualquier forma de generar esa fractura política.
Uno de los factores que en los medios de comunicación más se repiten, para crear grietas en la coalición gobernante que está en el poder es el sustantivo deterioro de los elementos civiles y militares que sostienen la democracia representativa 1966-2024, los cuales progresivamente van perdiendo los intereses que garantizaban su fidelidad a la autocracia libero-conservadora que sostienen.
El diálogo oficialismo-oposición deberá generar costos políticos cada vez más altos para la sociedad Dominicana en su conjunto.
Los costos socioeconómicos qué generará este diálogo de transición democrática inhabilita el sostenimiento de la gobernabilidad qué se encuentra en su punto más bajo.
En paralelo, la oposición política dominicana debería actuar ante este deterioro de la coalición de gobierno de manera sincronizada para tener alguna oportunidad de generar la legitimidad políticas lo suficientemente profundas para que la actual fractura no afecte la fidelidad del electorado con el régimen y sus adherencias no sean cooptadas para un cambio político.
La oposición política dominicana a su vez, para poder aprovechar de forma eficiente esas potenciales fracturas de la coalición gobernante, tiene que reunir una serie de características para convertirse en actor viable para la toma y control del Estado: Transformarse en una coalición legitima frente a la crisis de representación.
La principal dificultad que se observa en la oposición política dominicana es el hecho de convertirse en un factor cohesionador en la crisis, mientras las circunstancias de estar fuera del poder tiende a potenciar las contradicciones.
Por ende, un reto fundamental de toda coalición aspirante al control del Estado mediante un cambio de régimen político es el de generar los mecanismos de entendimiento entre los diversas grupos económicos hasta el punto de desarrollar la cohesión sociopolítica necesaria para contar con alguna oportunidad de consenso.
Un problema es que durante la elaboración de procesos de entendimiento de las partes de la oposición política dominicana que aspira al poder, es que surjan indeterminadas divergencias insalvables.
Una es la desaparición de la hegemonía política frente al gobierno del presidente Abinader.
La otra es el miedo al fracaso en la toma del poder, con la consecuente represión del régimen continuista.
Existen una o varias variables políticas, que además de los grupos económicos opositores, abandonen el objetivo común de la coalición divergente con el poder y prefiera sobrevivir manteniendo el statu quo político, siendo cooptada por el presidencialismo como oposición pro-sistema, gracias a garantías políticas y beneficios utilitarios.
Otra dificultad del diálogo sobre la sostenibilidad de la democracia representativa 1966-2024 a tener en cuenta es que, si una sola de las coaliciones opositoras dispone de toda la fuerza y organización necesaria para hacerse con el disenso, las probabilidades de que el nuevo régimen presidencialista tienda a disminuir son mínimas.
Por eso es necesario que cuando se inicia el proceso de transición desde la democracia representativa 1966-2024 hacia el establecimiento de un estado de derecho se cuente con la participación de fuerzas sociales capaces no sólo de generar normas y prácticas de cooperación, sino también de construir un sistema de garantías mínimas con los sectores de la coalición de poder que decidan separarse de los sectores más autoritarios.
El quiebre actual de la coalición gubernamental implica a elementos de la coalición que garantizan el poder factico.
No deberíamos perder de vista que uno de los factores importantes con que se sostiene el presidencialismo son sus burócratas, empresarios suplidores, oeneges pro-gubernamentales, militares, políticos opositores moderados o en vías de caer en desgracia con el poder, miembros de los cuerpos de inteligencia, entre un sinfín de grupos económicos necesarios para mantener una piramide de automatas manejando el Estado.
Esto crea el imperativo dentro de la oposición de crear mapas de poder locales dentro de la coalición dominante y conocer cómo operan, cómo evalúan sus escenarios de existencia e identificar aquellos actores políticos que pudieran ayudar a fracturar el piso en que esta crisis estructural se sostiene.
Un proceso difícil y hasta peligroso, especialmente cuando el presidencialismo se caracteriza por su represión.
En las reuniones del presidente Abinader con la oposición política dominicana se han concretado las fuertes grietas en la coalición gobernante que el poder teme puedan destruir su dominio.
Con un mapa de las relaciones de poder que ilumine el diálogo en curso la transición política procede a identificar a los actores más proclives de separarse del gobierno y ayude a una transición democrática en la que las élites estén incluidas.
Los incentivos más comunes para lograr el quiebre de estos elementos identificados y su posterior cooptación para la causa democratizadora tienden a ser la dificil coyuntura económica que impide que el patrimonio común del Estado no sea recibido por estas partes y por ende, sea más difícil garantizar de forma utilitaria su legitimidad.
En las negociaciones de incentivos para la transmisión de poder deberá evaluarse la idea de que ninguno de sus actores sea sometidos a procesos judiciales en la transición y consolidación democrática.
Junto con ese espacio político será necesario establecer la salvaguarda de los bienes mal habidos, mientras forman parte de los elementos de la coalición cooptados.
Un obstáculo para el consenso oligarca radica en las protestas sociales que hagan cada vez más costoso a las partes involucradas mantenerse unidas cuando se aplica la represión; y aprovechar procesos electorales que en el momento de ser “robados” o manipulados por el gobierno, generen más grietas y desconfianzas entre los actores menos fieles a la cohabitacion con la cúpula del poder, especialmente a la sombra de nuevas sanciones a nivel internacional que el gobierno del presidente Abinader pueda sufrir por ese patrón de acción.
Actualmente en el país, el estado de derecho experimenta en su coalición gobernante grandes grietas, pero se desconoce cuál es su alcance en la estructura del poder actualmente y si ello puede traducirse en fracturas sociales que lleven a la transformación del país.
La caída de los ingresos estatales en manos del gobierno debido a la crisis financiera, implica una disminución en la capacidad de comprar lealtades políticas lo que afecta la solidez de la coalición gubernamental.
En las elecciones generales del año 2024, aunque las cifras favorecen indiscutiblemente al gobierno, al no haber una previa liberalización política traducida en mejores condiciones de institucionalidad electoral (unidas a mayor número de censura a los medios de comunicación), a futuro no se augura una aceptación de resultados y entrega pacífica de poder por parte del gobierno.
En cambio, en el corto tiempo hacia el año 2028 y al día siguiente después de las elecciones presidenciales, – en el muy probable escenario de que el gobierno trate de inhabilitar al candidato opositor o robarse las elecciones-, hay un momento histórico irrepetible para la oposición de actuar de forma sincronizada para generar múltiples apoyos en la opinión pública nacional que pudiese mantener el hilo constitucional posibilitando una transición democrática en el corto y mediano plazo.
Incluso si la segunda vuelta se da, en esa circunstancia las elecciones de este año podrían garantizar la victoria electoral de la oposición pacíficamente y su reconocimiento por parte del gobierno.
El PRM sabe que todo termina el 2028 con el diálogo del 2025.
Pero muchas cosas pueden empezar éste día, cosas que se pueden materializar en poco tiempo, en materia de meses si somos optimistas, que nos lleven a una transformación política, transición democrática y consolidación electoral.
Deberíamos recordar el plebiscito las elecciones trampeadas del año 2024.
Muchas veces en la historia política contemporánea los finales aparentes no son otras cosas sino que la reivindicación del triunfo de la defensa del estado de derecho y la preservación de la Constitución.
