De Panamá a Venezuela: de la “máxima presión” a la “operación quirúrgica” (II)
Por Lautaro Rivara
En la primera parte de este artículo repasamos los antecedentes de la invasión a Panamá, y la construcción de las narrativas que pretendieron justificarla. En esta segunda parte repasamos las estrategias de «máxima presión» aplicadas, detallamos los costos que la agresión militar significó para el pueblo panameño, y contrastamos la situación del país de los años 80 con la realidad de la Venezuela contemporánea.
Máxima presión
En junio de 1986 el periodista Seymour Hersh, ganador del Pulitzer en 1970 por su reportaje sobre la masacre de My Lai perpetrada por soldados estadounidenses en Vietnam (y conocido hoy por la investigación que probó que el gasoducto Nord Stream 2fue volado por buzos de la Marina norteamericana), publicó en el Times un artículo que afirmaba que Noriega era un traficante de drogas y armas.
De inmediato la gran prensa corporativa nacional e internacional se hizo eco de la denuncia. Este sería el pistoletazo de largada de lo que hoy llamaríamos una campaña de “máxima presión” contra el Panamá de Noriega, dando paso a más de tres años que fueron marcados por una profunda inestabilidad política inducida, por masivas protestas conducidas por la opositora y pro-norteamericana Cruzada Civilista, y por la aplicación de diversas medidas coercitivas unilaterales contra la economía del país. Se trató de un primer ensayo de guerra no convencional, “híbrida” diríamos hoy, a tono con los nuevos manuales de la contrainsurgencia, que combinó tácticas de presión en el campo comercial, financiero, político, diplomático, comunicacional, psicológico y militar.
Son los tiempos de lo que podríamos llamar el “Corolario Reagan” a la Doctrina Monroe, que en sintonía con el antiguo Corolario Roosevelt de 1904, pero quizás con mayor cinismo, reconoce un principio intervencionista explícito. Bajo su influencia, en junio de 1987 el Congreso de los Estados Unidos pidió abiertamente la remoción de Noriega como comandante de las FDP y en febrero de 1988 Reagan tildó a Noriega de “dictador militar”.
En lo que refiere a la guerra económica (antecedente no tan lejano de la aplicada hoy en día contra Venezuela), esta se intensificó desde 1987, al suspenderse el acceso a los mercados financieros, al congelarse la ayuda humanitaria, al eliminarse la cuota azucarera y al interferir Estados Unidos en la renegociación soberana de la deuda externa panameña.
En la comparación histórica, las analogías parecen convertirse a veces en meros remake de una vieja película ya vista: así, en Panamá, la oposición vernácula acuñó la metáfora del “empujón final” para propagandizar sus tentativas de cambio de régimen, en un concepto que recuerda y mucho a “La Salida” de Leopoldo López y las “guarimbas”, o a la “extracción” de la que habla hoy María Corina Machado.
En Panamá, como en Venezuela, la inclemente guerra económica enajenó al gobierno parte de su base social, castigada por la inflación, el aumento de la pobreza, la indigencia, la precariedad y el desempleo. Ayer, como hoy, se decía que las sanciones “sólo afectaban al régimen y no a la población”, pero no fue eso lo que sucedió. De hecho el costo económico calculado fue de cuatro mil 116 millones de dólares, una cifra muy elevada para una pequeña economía dependiente y periférica: el costo se explica en parte porque las compañías norteamericanas cesaron el pago de sus impuestos y porque el gobierno de Estados Unidos dejó de pagar a Panamá los derechos de uso del Canal.
Como en la Venezuela de la guerra híbrida, el PBI panameño se contrajo en la impresionante cifra de un 40 por ciento entre 1987 y 1990, al año de la invasión. Pero así y todo la guerra económica no surtió el efecto esperado ni logro inducir el “punto de fractura”, en parte porque algunos capitales se negaron a seguir la racionalidad estrictamente política de las medidas, sosteniendo sus transacciones normales con el país (como sucede hoy con Chevron, el gigante petrolero reacio a acompañar una acción militar que podría resultar gravemente perjudicial a sus intereses en Venezuela).
A riesgo de abusar de las comparaciones, también resultan identificables los Juan Guaidó de aquel viejo drama. Nos referimos, entre otros, al empresario Eric Arturo Delvalle,presidente electo en 1985 bajo el paraguas del régimen militar, pero que luego demandó la destitución de Noriega como Comandante de las FDP. Como consecuencia, Delvalle fue destituido por la Asamblea Nacional, pero decidió autoproclamarse presidente del país ¡en una base militar norteamericana! (ni el anodino diputado venezolano se atrevió a tanto). El “presidente” decretó entonces que los 50 millones de dólares que el Banco Nacional de Panamá tenía depositados en los Estados Unidos serían transferidos a la cuenta de su “gobierno” (como los millones de dólares desaparecidos de la “administración Guaidó”).
En ese contexto, ya crítico, el secretario de Estado George Shultz instó a las FDP a deponer a Noriega, consiguiendo estimular la fractura de una pequeña fracción militar que se amotinó e intento dar, sin éxito, un golpe de Estado. Luego sobrevivo un paso de manual: Reagan invocó frente al Congreso poderes especiales para hacer la guerra (algo queTrump se muestra reacio a hacer) y declaró alpequeño país istmeño como una “amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, algo que en relación al affaire Venezuela corrió a cuenta del demócrata Barack Obama en el año 2015, cuando aludió a la célebre “amenaza inusual y extraordinaria” que representaría el país sudamericano.
En 1989, previsto como año electoral en Panamá, la intervención estadounidense fue directa y declarada, llegando a financiar de manera pública, con 10 millones de dólares, a los candidatos presidenciales de su preferencia, como sucedió hoy con laintervención de Trump y del secretario del Tesoro Scott Bessent en las recientes elecciones legislativas de la Argentina, por supuesto que en favor del gobierno de Javier Milei. En Panamá, a diferencia de lo que sucede en Venezuela hoy, el gobierno no llegó a dar una respuesta callejera y organizacional contundente. Pero conforme la hipótesis de una fractura por vía económica o diplomática perdía asidero, la opción militar empezó, fatalmente, a ganar prepoderancia.
Una “operación quirúrgica”
En esa suerte de empate catastrófico, los Estados Unidos comenzaron a aumentar la concentración de activos militares en las bases de la Zona del Canal, elevando las tropas de 12 mil a 15 mil. En 1989 comenzaron a provocarse y sucederse diferentes incidentes de tipo militar, incluyendo los peligros de accidentes en el rubro de la aviación civil, como sucede hoy en la zona de exclusión aérea parcialmente establecida por Trump en territorio soberano venezolano. En ese contexto se buscó de nuevo, sin éxito, que las FDP destituyan a Noriega.
La coartada final, quizás una operación de falsa bandera, fue la confusa muerte de un soldado norteamericano en una refriega con las fuerzas armadas panameñas el 16 de diciembre. Tres días después Bush padre afirmó estar “revisando sus opciones”, de la misma manera que Trump asegura hoy que “todas las cartas están sobre la mesa”, incluyendo los ataques terrestres contra Venezuela. En ese entonces, el trabajo de ablandamiento mediático ya se había consumado con éxito: mientras los “panameños de Miami” clamaban por la solución militar, la opinión pública estadounidense se manifestaba proclive a una intervención armada, con particular entusiasmo en los sectores más reaccionarios.
La promesa fue entonces, cuándo no, realizar una “operación quirúrgica” que iría a conjurar el peor de todos los males: el General Manuel Noriega, que según se aseguraba sería “extraído” de forma eficiente y segura, sin daños colaterales, liberando a la población panameña del tirano y abriendo cauce a un gobierno democrático y a una etapa de prosperidad guiada por el libre mercado y la asociación estratégica con los Estados Unidos.
Pero la realidad fue diametralmente opuesta, como lo demuestran los registros de los sismógrafos locales, que detectaron, sólo en la capital, la caída de 442 bombas –una cada dos minutos– en las primeras 14 horas de la invasión. Las instalaciones militares de todo el país fueron atacadas o bombardeadas, con particular saña en las provincias de Panamá, Colón y Coclé.
Las dos zonas más pobres y populares de la región metropolitana se llevaron la peor parte. El populoso distrito de San Miguelito y el corregimiento de El Chorrillo, que quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar, asolado desde la invasión por el narcotráfico y la violencia de las pandillas. Estos fueron los campos de experimentación privilegiados de las avanzadas tecnologías que el complejo militar-industrial necesitaba probar en el terreno (como los vehículos Humvee o los helicópteros Apache AH-64).
El Chorrillo, en donde se emplazaba el cuartel general de las FDP y en donde se batió heroicamente la conocida compañía de élite de los “Machos de Monte” así como los milicianos de los Batallones de la Dignidad, fue incendiado y arrasado, desplazando a más de 18 mil vecinos que perdieron sus hogares en aquel infierno. Mientras el barrio ardía y los civiles y combatientes eran masacrados por una tecnología militar infinitamente superior, los altoparlantes de la fuerza ocupante anunciaban que estaban allí para ayudar a los panameños “a ganar su libertad y democracia”.
No hubo tal democracia para los desplazados, para los asesinados extrajudicialmente, para los recluidos en campos de concentración, ni para los cuerpos incinerados, arrojados al mar o enterrados en fosas comunes en Panamá y Honduras. Observadores e investigadores locales llegaron a calcular hasta unos cuatro mil muertos, mientras que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (insospechada de comunismo) estimó la cifra en al menos tres mil.
Tal fue el saldo de una “operación quirúrgica” comandada por cirujanos particularmente dañinos y alevosos. Una operación que aún sigue en la más estricta impunidad, considerando que fue el invadido quien sufragó los costos de la invasión, que las cifras de muertos y victimizados nunca fue esclarecida, y que las fosas comunes nunca fueron exhumadas.
Se trató, en suma, de la operación militar estadounidense más importante desde la Guerra de Vietnam, y constituyó de hecho la mayor de su tipo en todo el siglo XX latinoamericano y caribeño, superando con creces la invasión de Bahía de Cochinos de 1961, la intervención en República Dominicana en 1965 y la victoria pírrica en Granada en 1983.
El 20 de diciembre de 1989, hace ya 36 años, se consumó la triste profecía del ex presidente colombiano Alfonso López Michelsen, quien había vaticinado: “en poco tiempo vamos a ver al gobierno de Estados Unidos interviniendo en América Latina en nombre de la lucha contra el narcotráfico”. No se equivocaba.
Historia viva, historia abierta
Como debió reconocer la prensa norteamericana e incluso algunos mandos militares (incluyendo al General Thurman, Jefe del Comando Sur en ese entonces), laresistencia del pequeño país centroamericano fue mucho más aguerrida de lo esperado, en una operación que pretendió –y no pudo– tomar control de todo el territorio nacional en apenas unas pocas horas. Fue por eso que a los activos previstos originalmente se debieron sumar otros tantos, hasta alcanzar unos 26 mil soldados movilizados (una cifra mucho mayor que la desplegada en la actualidad en el Caribe, absolutamente insuficiente para invadir un país como Venezuela, 12 veces más grande que Panamá).
Además, vale la pena recordar que en sentido estricto Panamá era ya un país ocupado, con bases y tropas desplegadas de forma permanente en el enclave colonial de la Zona del Canal. Los principales focos de la resistencia estuvieron en los mencionados El Chorrillo y San Miguelito, aunque también hubo combates de importancia en Coclé y Colón e incluso se llegaron a confiscar armas en la lejana comarca indígena del pueblo Guna, en Gunayala.
Horas antes de la invasión, un político vasallo, Guillermo Endara, se autoproclamó presidente de la República en la base norteamericana de Fort Clayton, emulando a su antecesor Delvalle. El abogado juró solemnemente sobre la Constitución panameña, pero como letrado no podía ignorar que esta obliga a todos los ciudadanos a tomar las armas en defensa de la nación y su integridad territorial, y que por añadidura establece la desnacionalización automática de cualquier connacional que se ponga al servicio de una fuerza ocupante o un Estado enemigo. Paradojas de la historia, el apátrida se volvió “presidente nacional y democrático” al tronar de los primeros bombazos. Incluso posó, en aquel día trágico, en una fotografía en donde se lo ve junto a un comando de sonrientes soldados norteamericanos.
Pero hasta aquí llega la analogía histórica. La invasión de Panamá es un hecho del pasado, mientras que la amenaza contra Venezuela es historia abierta y presente, con infinitas posibilidades dispuestas en el horizonte, sean estas más regresivas o más progresivas. Por eso es aquí donde la historia puede divergir consigo misma. Sin dudas hay constantes: hoy, como ayer, el predominio militar de la todavía principal potencia armamentística del planeta es aplastante. Pero mientras Panamá era un país con un cuerpo militar y miliciano mucho más pequeño, débil, peor armado, tecnológicamente dependiente del agresor y menos integrado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un cuerpo profesionalizado, parcialmente armado por importantes potencias militares como Rusia e Irán, que ha sostenido una unidad casi granítica a lo largo de más de 20 años de intentos por fracturar la unidad del mando y de promover un putsch interno (todo esto sin contar el nutrido componente miliciano conformado por la base más activa del chavismo). Además, falta de dirección y organización (no hubo o nunca se puso en marcha un plan de contingencias), la resistencia en Panamá fue desarticulada y tuvo un alto componente de coraje civil y espontaneidad militar.
También el momento geopolítico se ha modificado de manera ostensible. Aunque con buenas relaciones con Cuba y Nicaragua (los países que condenaron la intervención de forma más vehemente y los que hicieron algo significativo por evitarla), y aún considerando la participación de Torrijos en el Movimiento de Países No Alineados e incluso sus vínculos (ya para 1989 muy lejanos) con la Unión Soviética, Panamá afrontó la invasión en la más completa soledad, y con un apoyo interno muy mermado por las desviaciones del propio proceso y por los efectos de la guerra multiforme. Otras naciones, como México (amparado en la Doctrina Estrada), Perú (que protestó y retiró a su embajador) o la misma Venezuela (que expresó su condena), se posicionaron en el reducido e ineficaz campo diplomático, cuando el crimen ya estaba consumado.
Pero a diferencia de la Venezuela contemporánea, el gobierno panameño nunca llegó a recuperarse de la herida mortal infligida por la guerra económica; no tuvo la oportunidad de recostarse en mercados o espacios geopolíticos alternativos como lo hace hoy Venezuela con China, Rusia, Irán o la India; y no pudo o no quiso organizar una fuerza social movilizada capaz de contribuir a la defensa integral del territorio.
Como sea, en Panamá los motivos reales terminaron de imponerse a las coartadas oficiales: así como la verdad es la primera víctima de las guerras, también es la primera resucitada en los post-conflictos. Nadie, en su sano juicio, negaría hoy que las “armas de destrucción masiva” de Irak fueron una vil patraña para justificar la invasión, el cambio de régimen y el saqueo de sus recursos petrolíferos.
En Panamá, la invasión resolvió el largo impasse político de la forma más brutal posible, impuso un gobierno y un régimen institucional títere, aplicó a marchas forzadas el recetario neoliberal, profundizó la miseria y la desigualdad en un país que devino en una gran guarida fiscal, acentuó los procesos de colonización cultural, y garantizó la perennidad de su estatus geopolítico subalterno (hoy visible en su papel de teatro de operaciones de la nueva intervención en marcha o en el retiro del país de la Nueva Ruta de la Seda por pedido de los norteamericanos).
Cuando ya era demasiado tarde, quedó claro para tirios y troyanos que el motivo de lainvasión nunca fue Noriega ni “la lucha contra las drogas”, como hoy no lo es Maduro, el chavismo o el “Cartel de los Soles”. De hecho el Panamá pos invasión se consolidó como país de tránsito para los estupefacientes que viajan desde los países productores de Sudamérica, rebotan allí como lo hacen también en varias islas del Caribe, y se desplazan hacia la gran nariz de los Estados Unidos (sin que nadie parezca advertirlo en sus militarizadas fronteras). Pero Panamá también se afirmó como la gran estación de lavado, encargada de blanquear cantidades ingentes de dólares de aquella y de otras economías ilícitas como lo demostraron los Panamá Papers, aunque nadie proponga por eso invadir el istmo hoy.
Como ya lo había advertido en aquella época el senador conservador Jesse Helms (aunque muchos hicieron oídos sordos), se trataba de promover “economías de mercado en toda la región”. O como dijo un antiguo Jefe del Comando Sur, el objetivo siempre fue “proteger el Canal de Panamá”. Idénticos y numerosos sincericidios equivalentes podríamos encontrar hoy en Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, diversos congresistas, antiguos asesores de seguridad o la exJefa del Comando Sur Laura Richardson en relación a la importancia hidrocarburífera y estratégica que tiene Venezuela en un mundo en plena transición geopolítica.
Muchas cosas han cambiado entre el Panamá de 1989 y la Venezuela de 2025, entre los estertores de la Guerra Fría y el nuevo momento multipolar: contextos, geografías, narrativas, métodos, estrategias, tecnologías. Pero la única constante histórica es la voluntad imperial de intervenir y controlar a los países soberanos de América Latina y el Caribe, hoy, como ayer, sometidos a amenazas de tipo existencial.
