Demandan a monseñor Benito Ángeles por supuesta estafa millonaria; piden condena de 20 años
SIN. El documento indica que “Ángeles Fernández recibió de la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado (OISOE), la suma de RD$59,190,276.19, y solamente reportó al proyecto la cantidad de RD$42,132,423.46, estafando a los querellantes con RD$17,057,857.73”.
SANTO DOMINGO.- La empresa Constructora KS, SRL y el ingeniero Yune Salvador Khoury Sánchez pusieron una demanda contra el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández y el Centro de Formación Integral Juventud y Familia (CEFIJUFA) por estafa.
De acuerdo a la denuncia, ambas partes establecieron un contrato de ejecución de obra, la cual fue realizada por la Constructora KS y el ingeniero Khoury Sánchez, pero Ángeles Fernández y el CEFIJUFA no pagaron el dinero pactado para realizar el trabajo.
Asimismo, el documento indica que “Ángeles Fernández recibió de la Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado (OISOE), la suma de RD$59,190,276.19, y solamente reportó al proyecto la cantidad de RD$42,132,423.46, estafando a los querellantes con RD$17,057,857.73”.
Señala que el obispo “no pagó los impuestos y nunca le dijo a la Constructora KS, ni muchos menos a Khoury Sánchez que él había recibido dicha cantidad de dinero, lo que constituye una estafa no solo a los querellantes y actores civiles, sino también al Estado Dominicano”.
De su lado, la parte querellante pide que monseñor Ángeles Fernández sea declarado culpable de haber violado las disposiciones contenidas en el Artículo 2 de la Ley 3143 sobre trabajo realizado y no pagado y trabajo pagado y no realizado, y el Articulo 405 del Código Penal Dominicano. Asimismo, pide que sea condenado a 20 de reclusión a ser cumplida en la cárcel de Najayo Hombre, provincia de San Cristóbal, y al pago de RD$51,173,558.00 como forma de indemnización.
En ese orden, también solicitan que el imputado pague las costas civiles del procedimiento, a favor y provecho del abogado Lisidro Díaz Alcantara, apoderado del caso.
