Denuncian a la presidenta de Perú ante la CIDH por genocidio
SPUTNIK. La congresista Margot Palacios denunció ante el organismo internacional a la mandataria Dina Boluarte y al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola por genocidio, debido a los fallecimientos registrados tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones en el país.
La congresista de la bancada de Perú Libre, Margot Palacios, con el respaldo de su partido, envió a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) un oficio que denuncia las responsabilidades del Gobierno en las muertes de los manifestantes que han tomado las calles de Perú tras rechazar a las nuevas autoridades peruanas y en reclamo de nuevos comicios.
En el documento, además de la presidenta y su premier, se incluyó al ex primer ministro Pedro Angulo, al extitular del Ministerio del Interior, César Cervantes, al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía Escajadillo y al comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza.
El texto extendió además la posibilidad de incluir a otras figuras que «resulten responsables» de las muertes de los manifestantes que ascienden a 27 personas, según el último reporte del Ministerio de Salud.
De acuerdo con la denuncia de Palacios, el país atraviesa «un contexto de violación de derechos humanos», por lo que los peruanos deben «recurrir a la justicia internacional» ante «violaciones flagrantes» de sus derechos.
La congresista ha reivindicado en los últimos días el derecho de los peruanos a manifestarse y ha exigido el cese de la represión policial.
«Es un derecho Constitucional las movilizaciones y protestas. ¡Alto a la represión militar!!!» dijo a través de Twitter.
Según Palacios, el Gobierno, al frente de Boluarte y Otárola «ha demostrado que los crímenes de lesa humanidad cometidos desde este 7 de diciembre de 2022 son su política».
En forma paralela, la presidenta junto con Otárola y Cervantes, así como con las autoridades policiales de la ciudad de Ayacucho enfrentan una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Huamanga por genocidio y homicidio calificado.
Esta denuncia tuvo lugar tras las ocho muertes registradas el pasado 15 de diciembre en la ciudad peruana, producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas, así como con la Policía Nacional.
