Deportaciones masivas en República Dominicana: la economía de detrás de la razzia

Lautaro Rivara

El miércoles 2 de octubre, el presidente reelecto de la República Dominicana, el empresario Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM), anunció un plan de deportación masiva de la migración haitiana irregular en el territorio oriental de la isla que ambos países comparten en el Mar Caribe. La meta anunciada es la expulsión de 10 mil personas por semana, un número que de cumplirse cuadruplicaría los 250 mil deportados en 2023, una cifra ya de por sí impresionante para el pequeño territorio insular.

La decisión fue anunciada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, a tono con una retórica que comparten el gobierno y sectores de la extrema derecha más radicalizada, que cifran en la migración o bien una “carga” aparentemente insoportable para la economía local y los servicios públicos, o directamente una “amenaza existencial” para la seguridad y la soberanía nacional dominicana, tópicos recurrentes desde las dictaduras de Rafael Leónidas Trujillo y su ideólogo y sucesor Joaquín Balaguer.

Cabe destacar que a estas medidas se suma una estricta militarización y securitización del lado dominicano de la frontera, una infraestructura de puestos de vigilancia y control que remedan a los tristemente célebres check points israelíes

Por lo tanto, no es casual que en septiembre haya asumido un militar al frente de la Dirección Nacional de Migración en la figura del vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. La migración, así, deja de ser abordada como un asunto social para ser decodificada como un objetivo militar, contraviniendo una amplia legislación internacional suscrita por la República Dominicana, empezando por el capítulo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Cabe destacar que a estas medidas se suma una estricta militarización y securitización del lado dominicano de la frontera, una infraestructura de puestos de vigilancia y control que remedan a los tristemente célebres check points israelíes, así como el proyecto, ya comenzado, de construir un muro fronterizo: un “infranqueable, grande y hermoso muro”, como fue presentado por las autoridades en 2021, durante el primer gobierno de Abinader. Quien visite la frontera podrá imaginar un escenario de guerra abierta inminente: con la salvedad de que hay una sola fuerza potencialmente beligerante, dado que el vecino Haití carece desde el año 1996 de fuerzas armadas.

Pero, ¿cuáles son los motivos de fondo de este plan sistemático de expulsión y control de poblaciones, así como el escenario económico y social en qué se despliega?

¿Expulsión o precarización?

La impostura general quedó en evidencia en una de las últimas intervenciones del alcalde Santiago Riverón Arias de la localidad de Dajabón, emplazada en la frontera norte. Riverón no sólo exigió a las autoridades nacionales más deportaciones, sino que criticó el hecho de que los trabajadores haitianos, contratados para la zafra de la caña de azúcar o para otros menesteres, traigan con ellos a sus familias: músculos si, personas no, parece ser la lógica común a buena parte de la clase política y empresarial local.

Otros sectores, aún más conservadores y estridentes, incluyendo a pequeñas agrupaciones de orientación neofascista y organización paramilitar, piden directamente la expulsión de todos los migrantes irregulares y la “dominicanización” de la fuerza de trabajo: es decir, el reemplazo de los haitianos y haitianas que sostienen los ingenios azucareros y la economía agrícola en general, la hotelería y los servicios turísticos, la construcción privada y la obra pública, el transporte motorizado urbano o el servicio doméstico, entre otros rubros fundamentales.

Pero estas fantasías reaccionarias parecen chocar con las necesidades inmanentes del capital. Así, hace pocos días los empresarios bananeros del país pidieron 14 mil nuevos permisos para traer a más trabajadores haitianos bajo la figura de contratos temporales. Pero, ¿es contradictoria la deportación masiva y la demanda sistemática de nueva fuerza de trabajo migrante? De ningún modo, dado que con la salvedad de los promotores de la “dominicanización” y la “pureza racial”, la lógica económica dominante necesita volver a vulnerar el estatus migratorio y social de las poblaciones, garantizando así la continuidad y el recambio de una mano de obra abundante, barata y super-explotable, con mínimas prestaciones sociales y nulas garantías legales.

En esta fuerza de trabajo vulnerable, al fin y al cabo, se sostuvo durante el siglo XX la capital industria azucarera dominicana, y se sostiene hoy la floreciente economía ligada al turismo. Un migrante de larga data, bien afincado, conocedor del idioma y el medio, con redes sociales que lo sostengan y amparen, es más proclive a demandar y conseguir mejores condiciones salariales, laborales y vitales. De ahí la expulsión recurrente de población considerada sobrante, como niños, ancianos y enfermos.

La otra arista económica tiene que ver con la justificación oficial y en parte social de las deportaciones, que versa en general sobre el “costo” o la “carga” de la inmigración, responsabilizando a los migrantes económicos o a los desplazados por las bandas armadas de Haití de la incapacidad estatal para ofrecer servicios públicos adecuados y universales. Así, se repite hasta el cansancio que los migrantes haitianos estarían ocupando las plazas dominicanas en la educación elemental y secundaria, algo que el mismísimo ministro de Educación de Abinader se encargó de desmentir.

Por otro lado, la narrativa de la “carga migrante” ignora la productividad de la mano de obra haitiana, la rentabilidad extraordinaria producto de la super-explotación de la fuerza de trabajo, el ahorro multimillonario en prestaciones sociales

También se suelen ofrecer cifras opacas y discordantes, según el momento o el funcionario encargado, sobre la ocupación hospitalaria de mujeres parturientas. Estos números, nunca contrastados, confunden adrede a haitianos, dominicanos descendientes de haitianos y a quienes tienen estatutos migratorios muy diferentes, ya sean legales, precarios o ilegales. Además, organizaciones migrantes declararon a este medio que es habitual que se contabilice como extranjero a todo dominicano que tenga un “apellido extraño”, es decir de origen francés o creol, lo que permite abultar y manipular ante la opinión pública las cifras reales.

Asimétricamente dependientes

Por otro lado, la narrativa de la “carga migrante” ignora la productividad de la mano de obra haitiana, la rentabilidad extraordinaria producto de la super-explotación de la fuerza de trabajo, el ahorro multimillonario en prestaciones sociales por parte de un empresariado que mantiene a los trabajadores en la más estricta informalidad, los regresivos impuestos al consumo que paga la población migrante, así como una balanza comercial entre los dos países que resulta abrumadoramente favorable a la República Dominicana (857 millones de dólares contra apenas 13, según ProDominicana).

Según un estudio del doctor Antonio Ciriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, este intercambio explica el 7.4 por ciento del PIB dominicano. Si como los grupos extremistas anhelan un rayo partiera en dos la isla La Española, la crisis de la economía dominicana sería fulminante.

En suma, al decir del sociólogo dominicano Amin Pérez, la haitiana es “una inmigración aparentemente indeseada, pero sigilosamente necesaria, para no decir clandestinamente fundamental”. Lo mismo sucede, en general, con las relaciones económicas binacionales.