Día Internacional de las Personas con Discapacidad: Hacia una República Dominicana Inclusiva: Reflexiones y Desafíos en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Por Domingo Javier Cruz
Cada 3 de diciembre, en la Republica Dominicana y el resto del mundo, conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, motivo que me invita a reflexionar sobre los avances, los retos y, sobre todo, las responsabilidades del estado y la sociedad en la construcción de un país donde todos podamos tener los mismos derechos. En la República Dominicana, este día adquiere un peso especial: “el colectivo de personas con discapacidad continúa enfrentando barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos, a pesar de los compromisos internacionales que el país ha asumido y de los logros alcanzados por organizaciones que trabajan desde hace décadas por la inclusión”. Un reconocimiento que exige acción.
Hablar de discapacidad no es hablar de caridad, asistencia ni vulnerabilidad. Es hablar de derechos humanos, de ciudadanía, de igualdad de oportunidades y de justicia social. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por República Dominicana, establece que los Estados deben garantizar accesibilidad, educación inclusiva, salud, trabajo digno, participación política y un entorno comunitario que permita la autonomía personal. Sin embargo, la distancia entre el marco legal y la realidad cotidiana sigue siendo demasiado amplia. Derechos claros, deberes ineludibles.
Vamos a mencionar algunos de los derechos que el sector de discapacidad tiene y que son irrenunciables, están:
• Acceder a servicios públicos y privados en igualdad de condiciones.
• Recibir educación inclusiva en todos los niveles.
• Vivir en entornos accesibles y seguros.
• Contar con oportunidades de empleo y emprendimiento digno.
• Participar activamente en la vida política y comunitaria.
• Ser consultados en toda medida que les afecte, bajo el principio de “nada sobre nosotros, sin nosotros”.
Pero, así como existen derechos, también hay deberes compartidos entre las instituciones, el sector privado y la sociedad civil, algunos de ellos:
• El Estado debe crear políticas sostenibles, supervisar su cumplimiento y garantizar presupuestos reales.
• Las instituciones deben desarrollar capacidades internas en accesibilidad, inclusión laboral y trato digno.
• La sociedad tiene el deber ético de eliminar estigmas, promover el respeto y reconocer las capacidades de todas las personas.
Aunque se reconocen los esfuerzos del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y de algunas instituciones públicas, la realidad es que las personas con discapacidad han sido uno de los más relegados en la agenda nacional. Y paso a mencionarte algunos de los indicadores dolosos para este sector:
• Falta de accesibilidad física en la mayoría de las instituciones estatales.
• Persisten las escuelas que no cuentan con infraestructura ni personal preparado para educación inclusiva.
• Un mercado laboral que sigue excluyendo a la mayoría de las personas con discapacidad, aun teniendo una ley que define el porcentaje de empleos que debe haber para el sector. Aplica para las empresas públicas y privadas.
• Ausencia de transporte público accesible y universal.
• Escasez de datos oficiales actualizados para diseñar políticas basadas en evidencia.
• Débil fiscalización del cumplimiento de las normas de accesibilidad en obras públicas y privadas.
Como ente de cambio y para contribuir con el desarrollo, dejaremos unas propuestas aplicables a políticas de inclusión, y que ayuden a transformar la República Dominicana:
1. Ley de Accesibilidad y Multas Reales: actualizar y fortalecer el marco legal con sanciones efectivas para obras, instituciones y servicios que incumplan normas de accesibilidad.
2. Presupuesto Nacional Etiquetado para Discapacidad: asignar una partida fija dentro del Presupuesto General del Estado para programas de accesibilidad, educación inclusiva y transporte accesible.
3. Transformación del Transporte Público: integrar rampas, señalización táctil, sistemas de información auditiva/visual y capacitación al personal.
4. Educación Inclusiva con Personal Certificado: formar docentes, adaptar infraestructuras y desarrollar un modelo real de acompañamiento escolar.
5. Plan Nacional de Empleo Inclusivo: crear incentivos fiscales para empresas que sean inclusivas, impulsar emprendimiento accesible y exigir al estado ser el primer empleador ejemplar. Cumpliendo con la ley.
6. Observatorio Nacional de Discapacidad: generar datos actualizados, indicadores y monitoreo independiente para garantizar transparencia y fiscalización.
7. Participación Obligatoria del Sector: todos los programas, obras y políticas públicas deben incluir la consulta y participación de personas con discapacidad y sus organizaciones.
Me despido concluyendo, El Día Internacional de las Personas con Discapacidad no debe ser una fecha de discursos, sino un punto de inflexión para que las autoridades y líderes políticos asuman la inclusión como política de Estado.
La inclusión no es un favor: es un derecho.
