Disputa territorial: ¿Qué hay en juego en conflicto entre Higüey y Verón-Punta Cana?
Por Oscar Quezada
El control del uso de suelo y la distribución de los ingresos generados por el auge inmobiliario y turístico de Verón–Punta Cana mantienen en tensión al Ayuntamiento de Higüey y la Junta Distrital del principal polo turístico del país.
En el centro del conflicto está un viejo acuerdo firmado en 2014, que repartía en partes iguales (50/50) los arbitrios recaudados por concepto de uso de suelo y espacio público.
Ese pacto, concebido como una solución transitoria tras una sentencia del Tribunal Constitucional que limitaba la autonomía administrativa de Verón, permitió durante más de una década que ambas demarcaciones compartieran los ingresos generados por permisos y servicios municipales.
Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la creciente presión por la independencia política y fiscal de Verón han llevado al distrito turístico a romper de manera unilateral el acuerdo con Higüey.
Es así cómo lo que en principio parecía una diferencia administrativa ha escalado hasta convertirse en un conflicto institucional que amenaza con frenar inversiones multimillonarias, paralizar proyectos inmobiliarios y afectar el clima de seguridad jurídica en la zona turística más estratégica del país.
EL ‘TIRA Y JALA’
¿Quién debe administrar los recursos que genera la localidad turística? ¿Bajo qué criterios y condiciones deben repartirse? La respuesta a estas preguntas enfrenta dos visiones verticalmente opuestas.
Desde Higüey defienden la tesis de que Verón es un territorio que creció bajo su sombra, y que, por tanto, no puede pretender una autonomía absoluta sin reconocer la interdependencia histórica ni hacerlo parte de las riquezas que produce para solucionar problemas puntuales de los higüeyanos.
Lo que hace doler la cabeza al municipio cabecera de La Altagracia, con 446,060 habitantes, es que separarse de Verón–Punta Cana implicaría un impacto económico demoledor para los ingresos del Ayuntamiento.
No es para menos. El presupuesto de este año del cabildo de Higüey es de RD$910,000,000 millones, de los cuales el 40 por ciento (RD$364,000,000 millones) depende de los recursos provenientes de Verón–Punta Cana.
De su lado, Verón reclama su autonomía municipal, con control total de sus ingresos y territorio, alegando que su alto nivel de desarrollo ya no le permite seguir como un distrito subordinado política y administrativamente a Higüey.
Y las cifras de la industria turística así lo demuestran. La Asociación de Hoteles del Este (Asoleste) indica que en Punta Cana actualmente operan unas 51,000 habitaciones hoteleras, hay 3,000 en construcción y otras 3,500 proyectadas para los próximos tres años.
“Además, contamos con un máster plan aprobado para casi 10,000 habitaciones adicionales que se desarrollarán en ese mismo período, y que continuarán creciendo en los próximos diez años”, apunta Ernesto Veloz, presidente de Asoleste.
El informe “Inversión Turística Punta Cana-Bávaro”, presentado en marzo de este año por el Consejo de Fomento Turístico (Confotur), revalida el grado de expansión que experimenta esta zona, al consolidar a La Altagracia como el principal destino de inversión turística e inmobiliaria del país.
El estudio precisa que en el período 2023-2024 Confotur otorgó clasificaciones definitivas a 129 proyectos (hoteles y desarrollos inmobiliarios) distribuidos en 12 destinos, con una inversión total de US$5,791.5 millones.
De ese monto, US$3,172.7 millones (el 55% del total nacional) están destinados a 77 proyectos en La Altagracia, que en conjunto contemplan la construcción de 17,174 habitaciones.
Este crecimiento incuestionable, más los requisitos de ley que cumple con creces, empuja a Verón-Punta Cana a exigir que el Congreso Nacional apruebe sin dilaciones el anteproyecto de ley que propone elevarlo a la categoría de municipio.
Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, esta comunidad tiene una población de 138,919 habitantes, cifra que actualmente supera la suma total de 28 municipios del país.
Sin embargo, al margen de esa iniciativa legislativa, de la autoría del senador altagraciano Rafael Barón Duluc, el epicentro de este debate es el derecho que reclama Verón–Punta Cana para establecer y gestionar su propia Oficina de Planeamiento Urbano. A través de esta oficina, el distrito turístico podría conceder y cobrar permisos de construcción, así como imponer arbitrios y tasas por servicios municipales.
Para defender su postura, las autoridades de Verón se aferran al párrafo I del artículo 24 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Dicho apartado dispone que: “Los gobiernos locales que cuenten con la capacidad productiva, económica y de recaudación en su demarcación con una población mayor a quince mil habitantes conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010, gestionan y autorizan el uso de suelo, a través de la Oficina de Planeamiento Urbano creada para tales fines, y en coordinación con el MEPyD para el ordenamiento territorial”.
Nueve años antes de la promulgación de la Ley 368-22, este conflicto fue dirimido en el Tribunal Constitucional, que mediante sentencia 0152-13, del 12 de febrero de 2013, estableció que “el Distrito Municipal de Verón–Punta Cana, no obstante gozar de potestad normativa, administrativa y uso de suelo, no tiene competencia para la creación de una oficina de planeamiento urbano y la concesión de permisos relacionados a la construcción y uso de suelo, pues la misma corresponde al Municipio de Salvaleón de Higüey”.
Producto de este dictamen, Higüey siguió autorizando permisologías paras el uso de suelo en todo el municipio y sus distritos municipales, incluido Verón–Punta Cana.
En aquella coyuntura, ambas partes lograron ponerse de acuerdo, y en 2014 firmaron un pacto que disponía la distribución en partes iguales de los ingresos municipales derivados del uso de suelo. También, se incluía el pago por uso del espacio público cobrados al Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM), bajo las mismas condiciones.
Once años después, aquel acuerdo que en su momento fue una salida inteligente de equilibrio, es hoy fuente de discordia y encendidas discusiones.
RUPTURA DEL PACTO
Las autoridades de Verón consideran que mantener vigente el denominado acuerdo 50-50 es ilegal, según el mandato de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial. Por ello, el pasado 29 de mayo, el Distrito Turístico Verón–Punta Cana, bajo firma de su director, Ramón Ramírez (Manolito), notificó la ruptura del pacto al Ayuntamiento de Higüey, presidido por Karina Aristy.
La notificación establecía que a partir del 1 de junio de 2025 el Ayuntamiento de Higüey debía abstenerse de realizar cualquier gestión vinculada al uso de suelo, planeamiento urbano o cobros de arbitrios en el territorio de Verón–Punta Cana.
La fractura de estas relaciones fue la bujía impulsora de la agudización de la crisis. Como respuesta, el Consejo de Regidores de Higüey recordó a las autoridades municipales de Verón que no tienen facultad legal para romper de manera unilateral el acuerdo de mancomunidad del 50-50.
También, enviaron un mensaje a los desarrolladores de que solamente el cabildo de Higüey tiene atribución para emitir cualquier tipo de permisos.
Desde entonces, ambas demarcaciones se atribuyen la potestad de operar su propia Oficina de Planeamiento Urbano con interpretaciones parciales de las prerrogativas que la ley les confiere.
Los efectos nocivos de esta pugna no se hicieron esperar. Datos suministrados a Panorama por el Departamento de Planeamiento Urbano de la Junta Distrital de Verón–Punta Cana indican que más de 20 proyectos inmobiliarios están paralizados, debido a que, como secuela directa de este conflicto, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) se niega a aceptar las certificaciones de uso de suelo emitidas por la zona turística.
Este comportamiento se interpreta en Verón-Punta Cana como una violación flagrante al artículo 24 de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial. William Melo, encargado de Planeamiento Urbano de la Junta Municipal de Verón–Punta Cana, explica que desde la activación de esta oficina se han tasado más de 30 solicitudes y emitido igual número de certificaciones a desarrolladores.
“Cuando los desarrolladores pagan por el uso de suelo se les entrega una certificación que les permite continuar los trámites ante las demás instituciones. El Mived, sin embargo, no quiere aceptar la certificación que emitimos en Verón y dice que solo la de Higüey es válida, lo cual contradice lo que establece la ley 368-22”, condenó Melo.
El funcionario detalló que de los más de 30 proyectos evaluados, al menos 20 ya pagaron por la certificación de uso de suelo emitida en Verón. No obstante, hasta que el Mived no dé el visto bueno a las certificaciones de Verón–Punta Cana ningún proyecto puede iniciar trabajos de construcción.
Esto así, porque el Mived exige la no objeción de uso de suelo como requisito para iniciar los trámites de la licencia de construcción, pero al desconocer la validez de esas certificaciones automáticamente detiene el avance de decenas de obras de desarrollo urbanístico en el polo turístico.
Entre los proyectos afectados figuran naves de almacenes, complejos de apartamentos y villas residenciales, promovidos tanto por inversionistas locales como extranjeros.
El economista José Polanco advierte que la disputa territorial entre Verón–Punta Cana e Higüey puede provocar un efecto adverso sobre las inversiones en el principal polo turístico de República Dominicana.
“Las empresas temen duplicidad de pagos o sanciones si eligen mal a quién pagar. Si persiste el conflicto, podrían frenarse desarrollos turísticos clave en la región. Además, afecta el clima de inseguridad jurídica, ya que la disputa transmite señales de inestabilidad regulatoria”, sostiene Polanco.
Dijo que los ingresos anuales por turismo en Punta Cana superan los USD 7,500 millones, y resaltó que el pasado año el Aeropuerto Internacional de Punta Cana movilizó 10.1 millones de pasajeros, equivalente al 64 % del tráfico aéreo nacional, números que a su juicio describen por sí mismas la fortaleza económica de este destino.
El abogado Jesús Almánzar, comparte las mismas preocupaciones. “De extenderse esta crisis en el tiempo, es indudable que podría afectar el clima de inversión. Sobre todo, la inversión extranjera, pues algunos inversionistas podrían detener sus planes de inversión a la espera de una definición clara de este tema”, resalta Almánzar.
PROPUESTAS Y JUGADAS, PERO SIGUE EL TRANQUE
Tanto Higüey como Verón mantienen posturas con tendencias radicales. El 10 de junio pasado, cinco diputados de Higüey sometieron un anteproyecto de ley para modificar el artículo 24 de la Ley 368-22, lo que arrojó más leña a un fuego bastante inflamado.
La iniciativa es de la autoría del diputado Jorge Tavárez. “El objetivo es garantizar que el desarrollo territorial en nuestra provincia se realice de forma sostenible y equitativa. Queremos proteger la institucionalidad de municipios históricamente estructurados, como Higüey, sin frenar el crecimiento legítimo de distritos como Verón–Punta Cana, que ha tenido una evolución destacada”, apunta Tavárez, en conversación con este medio.
Como era de esperarse, las autoridades y diversos sectores de la zona turística rechazan este proyecto de ley. Y aunque el mismo no aborda de forma explícita cómo sería la repartición en partes iguales de lo que produzca Verón–Punta Cana, sí hay sugerencias aisladas y no consensuadas al respecto.
Algunas voces plantean que el 40 por ciento que recibe el cabildo de Higüey de los recursos producidos en Punta Cana se desmonte de forma escalonada hasta el año 2028.
“Pienso que lo idóneo, para que ambas municipalidades funcionen, es pactar una transición solidaria, para que Higüey disponga de un tiempo para identificar y preparar las fuentes de riquezas de donde deberá, necesariamente, suplir la pérdida de los recursos que llegan de la zona turística”, sostiene Manuel Alejandro Chevalier Rijo, director del Departamento Legal del Ayuntamiento de Higüey.
El presidente de Asoleste coincide con Chevalier, pero deja claro que Verón–Punta Cana es el que, finalmente, debe administrar su territorio y recursos.
“Entendemos que debe realizarse un desmonte gradual en la participación de los recursos económicos, pero Verón debe asumir ya el control total de su desarrollo y ordenamiento del suelo, que por ley le pertenece”, opina Ernesto Veloz.
El vocal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Uridy Marte, uno de los más radicales defensores de la autonomía municipal de Verón, propugna igualmente por una salida negociada.
“Si se lograra un acuerdo, este debe ser condicionado de la siguiente manera: que en el primer año Verón reciba el 70 % de los ingresos que genera, en el segundo año el 85 % y en el tercero el 100 %”, propone Marte.
Durante ese período de transición, Marte considera que Higüey deberá ajustar su presupuesto conforme a las partidas que recibe del Estado.
Jorge Luis Amador, miembro de la dirección ejecutiva del Centro de Pensamiento Altagraciano (Cepalt), secunda la teoría de que la dependencia que tiene Higüey de los recursos que produce Verón-Punta Cana es por el crecimiento de la ciudad capital altagraciana.
Pero defiende la distribución igualitaria de esos recursos. “Nuestra posición es que Verón sea elevado a municipio, garantizando un acuerdo de mancomunidad que permita que los recursos puedan ser distribuidos de manera equitativa entre ambas comunidades”, subraya Amador.
