Ecuador y su guerra contra el terrorismo
Adriana Robreño.
La reciente declaración del terrorismo como una amenaza al Estado en Ecuador genera hoy dudas sobre su implementación, alcance y efectividad frente a la ola de inseguridad en el país.
Autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional adelantaron este lunes acciones tras el anuncio del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) de declarar al terrorismo como una amenaza a la seguridad integral de la nación.
El titular del Interior, Juan Zapata, señaló que reorganizarán y fortalecerán todas las unidades para enfrentar las nuevas amenazas que afectan al Estado, indicó un comunicado oficial.
Específicamente se refiere a grupos de delincuencia organizada y la delincuencia común «que pretenden mantener en zozobra a los ecuatorianos», de acuerdo con el texto.
Zapata agregó que 14 millones de municiones llegarán al país este 8 de mayo, otro cargamento de 10 millones arribará en los próximos días, e informó que las acciones tendrán el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, siglas en inglés).
A raíz de la declaración del Cosepe, analistas consideraron que fue una medida tardía, porque desde el año pasado los niveles de violencia crecieron a las mayores tasas de la historia nacional, con 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Para la experta en asuntos de seguridad Carolina Andrade, la determinación del uso de armas letales para enfrentar al crimen «no es una novedad», pues la legislación vigente ya lo permitía.
Andrade manifestó preocupación por cómo las recientes decisiones del Ejecutivo pudieran convertirse en ensayo para medir la reacción de la población en caso de algún exceso durante eventuales protestas sociales contra el Gobierno.
En ese sentido, el abogado e investigador Jorge Paladines explicó a la emisora local Radio Pichincha que declarar terroristas a bandas delictivas podría justificar la neutralización de cualquier opositor político.
No cabe duda de que ciertas organizaciones criminales cometen acciones terroristas al usar bombas en las calles, pero el concepto es difuso, porque caben organizaciones criminales y políticas, indicó el especialista.
El Cosepe, máximo organismo asesor en materia de seguridad en Ecuador, recomendó al presidente Guillermo Lasso emitir un decreto ejecutivo que establezca medidas coercitivas, urgentes y eficaces, incluido el empleo de armas letales, para combatir las acciones terroristas.
Paladines aclaró que el país cuenta con herramientas legales para ese tipo de amenazas y, en su opinión, es preciso evitar el discurso de que esas normas ya existentes no son suficientes y que lo necesario es un estado de excepción permanente, donde el Ejecutivo decida quién es terrorista y quién no.
Por su parte, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) recordó que la violencia criminal no se combate exclusivamente con mayor número de armas, municiones, policías y militares en las calles.
El CDH llamó al Gobierno a aplicar simultáneamente tres ejes de seguridad integral con énfasis en la detección y desmantelamiento de redes de narcotráfico, la aplicación de políticas sociales para el mejoramiento de las condiciones de vida y empleo de los ciudadanos y el desarrollo de la seguridad barrial.
Actualmente, Ecuador sufre una ola de violencia con cada vez más frecuentes motines carcelarios, robos, asaltos, asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otros crímenes que el Gobierno atribuye principalmente a bandas ligadas al narcotráfico.
Para el sociólogo Fernando Carrión, la declaración del Cosepe puede mejorar temporalmente la imagen del Gobierno ante la crisis de inseguridad, pero para ver efectos a largo plazo es imprescindible atacar las causas del problema.
