«EEUU usa la guerra contra las drogas para aplicar su política intervencionista en América Latina»
Karen Fabián
El proceso de Paz de Total de Colombia y la política de «abrazos, no balazos» —de los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente— son un excelente punto de partida para reformular el enfoque de la política de drogas en América Latina, de acuerdo con diversos expertos consultados por Sputnik.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con su homólogo colombiano Gustavo Petro el sábado 9 de septiembre para recibir las conclusiones de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas que inició el jueves en la ciudad de Cali. Posteriormente, ambos jefes de Estado ofrecerán un mensaje conjunto sobre el tema.
El evento, convocado por el líder de Colombia Humana, pretende ser el punto de partida de un proceso multilateral para promover un nuevo enfoque ante los problemas que enfrenta la región a causa de la denominada guerra contra las drogas —declarada el 18 de junio de 1971 por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon— «que ponga la vida, la paz y el desarrollo por encima de la guerra».
El primer pronunciamiento de paz de América Latina
En entrevista con Sputnik, el periodista mexicano Ricardo Balderas detalló que al finalizar el encuentro se espera que México y Colombia, a través de sus máximos representantes, es decir, López Obrador y Petro, emitan el primer pronunciamiento de paz de América Latina.
Balderas, que ha estudiado los efectos de la prohibición de las drogas, sostuvo que se trata de un trabajo sin precedentes ya que desde el inicio de la «mal llamada guerra contra el narco», en la que se han invertido miles de millones de pesos para supuestamente mitigar la violencia mediante el uso de más violencia, es la primera vez que se tratará de dar la vuelta a este proyecto.
«Lo que se estará buscando es que no haya participaciones de los macrocapitales, como (…) el pacto entre [el expresidente colombiano Álvaro] Uribe y Monsanto», observó Balderas en relación con la estrategia de guerra en contra de las guerrillas ejercida por Washington en el país sudamericano.
Por esa razón, consideró que la participación del presidente López Obrador es fundamental en este proceso, ya que el líder mexicano introdujo el primer cambio de paradigma en el combate al crimen organizado mediante su conocida política de «abrazos, no balazos» que en términos generales consiste en una serie de acciones sociales para reducir la pobreza y generar empleo, y así alejar a los jóvenes de las manos del crimen organizado.
EEUU usó la guerra contra las drogas con fines políticos
Para el doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Javier Gámez Chávez, el intento del presidente colombiano de dar un giro a la forma de atender el problema mundial de las drogas es resultado de un análisis económico.
En diálogo con Sputnik, el estudioso de las izquierdas latinoamericanas comentó que desde los años 90 se han realizado diversos estudios sobre los efectos que la guerra contra las drogas ha tenido en la región y lo que se ha observado es que en países como México y Colombia, el poco desarrollo económico ha generado falta de oportunidades para la población. Lo que, a su vez, se relaciona con los altos índices de conductas delictivas.
Por otro lado, Gámez Chávez explicó que la economía de «la droga ha sido utilizada por Estados Unidos para aplicar su política intervencionista en América Latina», siendo el caso colombiano el más importante.
«La guerra contra las drogas en Colombia se convirtió en una guerra, digamos, antiguerrillera, un posicionamiento en contra de la propuesta más radicalizada de la izquierda colombiana que se organizó a partir de una guerrilla que ya tiene bastantes años», aseguró el latinoamericanista.
De esa manera, Gámez consideró que la propuesta del presidente Petro es muy positiva, especialmente porque en la región hay experiencias muy exitosas, como el Proceso de Paz Total de Colombia o el caso de Bolivia tras la llegada del expresidente Evo Morales. Esto porque «con la regulación de la hoja de coca, se ha disminuido la violencia y los diversos problemas que ocasiona el narcotráfico en ese país».
En esto coincide el maestro en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por la Universidad de Guadalajara (UdeG) Carlos Cordero, que en entrevista con este medio detalló que vivimos un momento oportuno para emprender un cambio de paradigma en el abordaje al problema del narcotráfico y el consumo de estupefacientes hacia uno que ponga en el centro los derechos humanos y la justicia social.
En ese sentido, el internacionalista aseveró que lo que vayan a pronunciar los mandatarios latinoamericanos en la cumbre, en relación con el desarrollo económico para evitar que la población caiga en manos del crimen organizado, «puede tener eco importante entre los países que pueden empezar a proponer acciones, más allá de la intervención de Estados Unidos».
«Y es importante señalar que el tema del desarrollo en América Latina no es una prioridad en EEUU, tendrá como prioridad la lucha contra el narcotráfico en la medida que la enfoca en la crisis del fentanilo en su territorio, tampoco es que le importen mucho (…) los altos índices de inseguridad que hay en nuestros países», enfatizó Cordero.
La epidemia de fentanilo es una «crisis de diseño»
Respecto a la crisis del fentanilo en Washington, Ricardo Balderas aseguró que se trata de una «crisis de diseño», en el sentido de que el estupefaciente fue creado en 1943 por una empresa farmacéutica de la familia Slacker, un grupo estadounidense multimillonario que fue listado por la revista Forbes como una de las familias más ricas del mundo.
Citando reportes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), el periodista comentó que el 73% de las incautaciones de estupefacientes entre 2017 y 2019 había sido por marihuana. Esto quiere decir, precisó Balderas, que en realidad todo el fentanilo que la Policía fronteriza incautó, «ya sea frontera norte, frontera sur, frontera del Golfo, frontera del Pacífico» en el país norteamericano no tenía relación con «un problema que era de diseño».
«El fentanilo en algún momento pasó por el cuadro básico de medicamentos norteamericanos, es decir, los diputados y los agentes de salud votaron a favor de que este medicamento altamente nocivo para la salud estuviera en el cuadro básico de medicamentos para atender a víctimas del cáncer», dijo.
Años después Washington se enfrenta a la droga más letal en la historia del país, una situación que, a decir de Balderas, está llevando a replantear la macrocriminalidad. «Y lo que está ocurriendo ahora, con estas políticas de pacificación mundial, es replantearnos este paradigma. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero lo que sí sabemos es que la política de guerra lleva 70 años de fracaso. Entonces, sí es momento de repensar esto».
Cifras del Departamento Justicia de Estados Unidos indican que, tan solo entre agosto de 2021 y agosto de 2022, un total de 107.735 personas murieron por sobredosis de drogas en el país norteamericano, «una mayoría de ellas» por el consumo de fentanilo.
Los tres expertos coincidieron en que la región está lejos de poder implementar un cambio profundo en su política de combate a las drogas. Sin embargo, estuvieron de acuerdo en que tanto Petro como López Obrador tienen la intención de atender la problemática desde un enfoque preventivo, a partir del desarrollo económico de sus países.
«En el fondo es una política que defiende la economía de estos países que se puede traducir en la defensa de los derechos económicos, sociales, incluyendo, [el] respeto a los derechos humanos porque sacaría del escenario la militarización o, digamos, esta criminalización de este fenómeno y así también, pues se cuida los derechos humanos, a partir de generar la obtención de derechos sociales y económicos de los pueblos en América Latina», concluyó Javier Gámez.
«En el fondo es una política que defiende la economía de estos países que se puede traducir en la defensa de los derechos económicos, sociales, incluyendo, [el] respeto a los derechos humanos porque sacaría del escenario la militarización o, digamos, esta criminalización de este fenómeno y así también, pues se cuida los derechos humanos, a partir de generar la obtención de derechos sociales y económicos de los pueblos en América Latina», concluyó Javier Gámez.
