El derecho a bloquear de los políticos
Por Luis Córdova
El contexto de las redes sociales se ha convertido en una extensión de la vida. No es una alternativa para promoción sino un canal de diálogo permanente y de cuestionamiento incesante.
Twitter es la red social de los políticos y de quienes generan contenido, informaciones o sencillamente les gustan los temas relacionados. Este año, la plataforma, alcanza unos 345 millones de usuarios que, si bien es un número moderado con relación a otras, no menos cierto es que resulta impactante que tanta gente interactúe, opine y disfrute del bajo fuego cruzado.
En Latinoamérica la fiebre de los presidentes tuiteros inició con Uribe y Chávez; luego giraría en derredor de un Trump que montó su campaña (se dice que cuando su rival Hillary contaba cientos de millones en publicidad el republicano no llegaba a los cinco cifras en ese renglón)… hasta llegar a los “decre-tuis” de nuestro presidente.
Pero, ¿tienen derecho los políticos y funcionarios a bloquear usuarios en sus redes sociales?
La discusión es uno de los temas de discusión de derecho y de ciencia política. Quien argumenta que es una cuenta privada, debe responder también porque la usa en asuntos públicos.
La otra cuestión es la discriminación a un interlocutor, el impedir el acceso a información a la que le asiste derecho a tener y, lo peor de todo, el bloqueo como una sanción o muestra de intolerancia.
El abordaje va desde el enfoque de los Derechos Humanos; la discusión tiene auge pero, como siempre, los dominicanos llegaremos tarde, muchos menosprecian estos temas y prefieren otras minucias, hasta que la ola los arropa o simplemente se quedan para calendas griegas.
