El derrumbe político de la ola convervadora en Santo Domingo como resultado de la crisis de la democracia representativa 1966-2024 avanza hacia la fragmentación de las clases gobernantes.
Por Juan Carlos Espinal.
En el año 2019, poco antes de la llegada al poder del presidente Luís Abinader en 2020, en República Dominicana se ha ido expandiendo una ola de insatisfacción que a lo largo y a lo ancho de los 235 distritos municipales del país comienza a hacer metástasis.
Esto ha propiciado un amplio debate en torno del posible giro del electorado hacia la oposición política dominicana y de la existencia de distintos tipos de acuerdos de transición pacífica.
Por cierto, este debate político es sumamente prolífico y nos ayuda a comprender la emergencia del momento actual.
No obstante, en esas discusiones se suele obviar la difícil situación de la derecha económica, lo cual es problemático al menos por dos motivos.
Por un lado, que una mayoría de los municipios sean gobernados actualmente por líderes y partidos políticos de la coalición electoral encabezada por el presidente Abinader no implica que la oposición política sea insignificante en términos electorales.
De hecho, en provincias como Santiago de los Caballeros, Barahona, Higuey o Espaillat, además de los municipios del Gran Santo Domingo, el PRM y aliados no solo han alcanzado importantes niveles de ilegitimidad ante sus electores sino que también que con su bajo rendimiento administrativo han reducido la capacidad de realizaciones del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, aún cuando en la actualidad el PRM es la fuerza política dominante, la oposición tiene un peso electoral en la mayoría de los municipios, representación en el Congreso y en los ayuntamientos.
Esto no quiere decir que la oposición política dominicana haya dejado su inacción frente a los principales retos de la nación.
Desde la Romana hasta Monte Plata, – a través de la Liga Municipal -, el PRM sigue teniendo una importante capacidad para influir en los gobiernos locales mediante el financiamiento de campañas mediáticas y la instrumentación qué de ese presupuesto nacional en manos del Ejecutivo ha ejercido sobre diversos actores políticos y funcionarios públicos, así como también gracias a la difusión de sus ideas a través de los medios de comunicación de masas y al apoyo de suplidores que patrocinan políticas públicas cercanas al proyecto gubernamental.
En efecto, si los gobiernos locales en manos del PLD no pudieron avanzar más en la generación de políticas redistributivas, esto se debió en gran medida a la presión de los empresarios y el peso tanto de los actores de sociedad civil corporativa como al empuje del PRM.
En otras palabras, el hecho de que el PRM esté en el poder no implica que la oposición política dominicana sea insignificante.
Sin embargo, el liderazgo local opositor, por ejemplo, está fragmentado, a tal punto que prácticamente no existe contrapeso político al respecto.
En este marco, este artículo intenta ofrecer una mirada política sobre el estado del panorama electoral en la actualidad.
En este artículo nos interesa resumir los hallazgos centrales de las consultas municipales.
En primer lugar, en Santo Domingo Norte, por ejemplo, elaboramos una argumentación en torno de lo que significa el deterioro acelerado del Metro de Santo Domingo, para así tener una conceptualización lo suficientemente clara para comprender las diferencias entre éstas posturas políticas.
A continuación, en Santo Domingo Este nos detenemos en la principal dificultad que hoy encuentra el gobierno del presidente Abinader a saber: la creciente politización de la desigualdad socioeconómica de los trabajadores, la insatisfacción generalizada de los distintos actores locales qué ha puesto en jaque al proyecto conservador que impulsa Abinader qué aún cuando entre la población de entre 35-65 años tuvo bastante éxito electoral en la actualidad se desmorona.
Finalizamos el presente artículo planteando qué las estrategias de diálogo político entre el presidente Abinader y los ex presidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina carece de la legitimidad suficiente dado que estamos presenciando el fin del ciclo de los triunfos electorales de la coalición gobernante.
Al revisar las demandas sociales que versan sobre la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, la inflación sin control de precios, por ejemplo, quizás sea necesario ofrecer una conceptualización más sugerente sobre el impacto negativo de estos fenómenos en los hogares nacionales.
Tres son los elementos centrales de esta realidad socioeconómica :
En primer lugar, el presidente Luis Abinader, vale decir, el poder Ejecutivo se encuentra inhabilitado para ejercer un próximo mandato constitucional.
En términos prácticos, esto implica que la eventual sucesión presidencial interna no significa que el PRM se divida o desaparezca y, por lo tanto, el peso relativo de su permanencia en el poder varíara del tiempo que la crisis de confianza se extienda entre la población y dependerá de los contextos regionales.
En segundo lugar, la distinción que el elector realiza entre el PRM, el PLD y Fuerza del Pueblo se sustenta antes que nada en la concepción del ideal que los dominicanos tienen de la crisis financiera.
Mientras que los electores del PRM conciben que la mayoría de las desigualdades son naturales y difíciles (o incluso inconvenientes) de erradicar, la oposición asume que la mayoría de las desigualdades son construidas socialmente y, por ende, las ve como producto de situaciones que deben ser modificadas.
Por último, al proponer que la coalición electoral del PRM se ha fragmentado, la oposición política dominicana guarda relación con el conflicto en torno de diferentes actitudes hacia la crisis aún cuando politicamente se beneficie de ella.
El ex presidente Hipólito Mejía, -por experiencia 2000-2004-, plantea de forma explícita que suelen existir otros conflictos socio-políticos de mayor envergadura que van más allá del problema haitiano.
Así, por ejemplo, la división interna manifiesta no puede ser defendida con éxito con tantos frentes abiertos.
En consonancia, Hipólito Mejía con su interpretación parece definir la difícil situación que atraviesa el país como una postura política propia que se distingue por pensar que las desigualdades centrales entre las personas son naturales y, por tanto, las soluciones a los males que atraviesa la gente común están fuera del alcance del gobierno mientras que las posturas políticas de la oposición política dominicana, que se caracterizan por asumir que las desigualdades centrales entre las personas son artificiales deben ser contrarrestadas de forma activa por políticas públicas, llaman la atención del voto económico independiente.
Resulta importante subrayar que esta definición no asume que la crisis socioeconómica afecte de igual manera a todos los estratos.
La diferencia central entre ambas posturas radica en estándares diferentes de calidad de vida, lo que en el mundo contemporáneo suele traducirse en la disputa entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados.
Aquellos que desde la oposición favorecen la primera opción generalmente piensan que lo principal es proveer igualdad de condiciones para que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos de calidad, y en esa contradicción es inevitable que se produzcan tensiones politicas debido a que para el PRM ello implica salir del poder.
Por su parte, aquellos que desde el gobierno del presidente Abinader propician la continuidad del modelo económico actual sin entender que también es necesario generar un nivel de crecimiento económico sustentable entre las personas para favorecer la cohesión social y facilitar la construcción de bienes públicos pierden legitimidad pública.
Este no es el lugar propicio como para abrir un diálogo crítico con otras definiciones de lo que indica la dura realidad de la gente de a pie pero conviene indicar que la conceptualización aquí ofrecida es bastante cercana a la de aquellos teóricos que distinguen sobre la base del rol adjudicado al mercado versus el Estado social y de derechos.
La principal diferencia es que quienes utilizan el eje mercado-Estado para diferenciar entre oficialismo u oposición operan de una forma inductiva, vale decir, se distingue por la primacía que se le da al mercado o al Estado en los programas electorales de actores y partidos políticos y/o las preferencias de los votantes.
Por el contrario, la propuesta conceptual en torno al gobierno del presidente Abinader aquí planteada tiene un carácter deductivo, anclado en distintas posturas del bienestar respecto al principio de la igualdad.
De tal manera, se trata de una conceptualización que es lo suficientemente abstracta para analizar distintos contextos históricos y realidades nacionales, ya que tratamos de definir la situación actual sobre la base de criterios generales que se plasman, por ejemplo, en la disputa mercado-Estado e insatisfacción, así como también en aspectos históricos y conflictos respecto a la soberanía nacional.
El ocaso del proyecto de modernización conservadora va de la mano de la crisis financiera de los años 80s y 2003 que profundizaron los niveles de desigualdad imperante.
Esas crisis financieras impidieron satisfacer ciertas aspiraciones de la ciudadanía, tales como el control de la inflación, la generación de estabilidad macroeconómica y la ampliación del acceso a bienes importados.
Esas contra reformas neoliberales de los años 1984 y 2003 en 2025 fomentan el temor a la hiperinflación y al colapso de la economía, con lo cual se abre paso al surgimiento de nuevas demandas sociales.
Es así como en el año 2024 la cuestión de la inequidad comenzó a ganar terreno.
Pese a algunos avances logrados en las últimas décadas República Dominicana sigue siendo uno de los paises de la región más desiguales del hemisferio.
Debido a ello, no es de sorprender que este tema sea relevante para una parte importante del electorado y resulta lógico que tanto las ideas como los partidos políticos no gocen de buena salud hoy en día.
Si el PRM efectivamente se caracteriza por pensar que las desigualdades centrales entre las personas son naturales y, por tanto, están fuera del alcance del Estado, es de esperar que en una sociedad marcada por altos niveles de desigualdad la oposición política dominicana tenga posibilidades de ganar elecciones democráticas.
No en vano, la literatura que parte de la premisa de la acción racional y que, por lo tanto, da por sentado que los electores votan en función de sus intereses materiales, indica que en países democráticos con alta desigualdad social es de esperar que se produzca una redistribución desde los ricos hacia los pobres.
En efecto, el giro político del voto independiente de clase media, desde finales de la década de 1990s, está directamente relacionado con el ocaso del proyecto de modernización conservadora que líderes, partidos políticos y tecnócratas auspiciaron con bastante éxito durante los años 80s y 90s.
Este proyecto ha consistido en la defensa de un concepto muy restringido de democracia, entendida como la simple realización periódica de elecciones libres y limpias, pero en un marco en el que se le otorga tanta fuerza al libre mercado que queda muy poco margen de maniobra para implementar políticas públicas que ayuden a disminuir las desigualdades existentes.
En otras palabras, el proyecto conservador promovido por el PRM se basa en transformar ciertas esferas sociales (por ejemplo, mediante Fideicomisos) y, a la vez, en mantener otras esferas sociales bastante intactas en un estadio tradicional (esto se ve, por ejemplo, en la cerrazón de las élites a la entrada de nuevos actores y en la reproducción de relaciones de discriminación según clase social, etnia y género).
Cabe destacar que el ocaso del proyecto conservador del presidente Abinader ha ido aconteciendo de forma bastante gradual y se explica en gran medida por la emergencia de diversos actores que han tenido la capacidad de descifrar el alcance político de la desigualdad.
Efectivamente, si hay algo que tienen en común los líderes opositores y gran parte de las organizaciones sociales es que todos los sectores reinvindicativos están demandando la implementación de reformas para confrontar la desigualdad existente.
Esto quiere decir que, en contraste con lo que asumen los pre candidatos presidenciales del PRM que adhieren al paradigma del continuismo en una sociedad marcada por altos niveles de desigualdad no siempre sucede que el electorado demanda mayor redistribución y, por lo tanto, prefiere votar por la oposición.
Para que esto efectivamente suceda, es necesario que los niveles de desigualdad existentes logren movilizar al electorado en función de ese tema.
¿Cómo y por qué ha acontecido una politización de la desigualdad?
A grandes rasgos, esto se puede explicar por la conjunción de tres factores.
En primer lugar, la conformación de coaliciones opositoras a las que este proceso moviliza frente al gobierno en favor del bienestar de la ciudadanía ayuda a llevar a adelante ciclos de protesta que levantan sus propios programas reinvindicativos de cara a las elecciones.
En segundo lugar, hay un factor bastante contingente que también ha ayudado a politizar la desigualdad: el declive de la influencia de Estados Unidos en la región, sumado al impacto positivo que ha tenido el aumento del precio de las materias primas en el mercado global, ha permitido a la oposición política dominicana contar con mayor libertad política para implementar alianzas que se apartan de las directrices del empresariado.
En tercer y último lugar, una vez que la implementación de las contra reformas terminaron por generar inestabilidad macroeconómica quedó en evidencia que tales reformas dan pocos o ningún fruto en términos de reducción de la desigualdad, comenzó a ser más evidente que resulta necesario implementar otro tipo de políticas públicas, y esto a su vez se ha visto reforzado por la opinión de diferentes actores sociales que sugieren que la desigualdad tiene un impacto negativo en el crecimiento económico.
Las actuales estrategas del gobierno del presidente Abinader saben que el futuro político del PRM depende del hecho de que los altos niveles de desigualdad no continúen afectando su permanencia en el poder.
Como bien indica Hipólito Mejía en sus pronunciamientos publicos:
«Los cambios sociales, políticos y económicos no duran por siempre y la alternancia es un elemento central del juego democrático».
Tal y como se señaló con anterioridad, el giro electoral de la población hacia la oposición se explica en gran medida por la efectiva politización de la desigualdad por parte de ciertos actores, mientras que la debilidad electoral del PRM se relaciona con su dificultad para politizar temas afines a su relación con la sociedad.
Consciente de este déficit, el PRM ha venido desarrollando distintas estrategias para adaptarse y luchar contra su propia hegemonía.
A grandes rasgos, es posible identificar tres mecanismos de acción –no electorales, electorales no partidistas y partidistas–, los cuales se detallan a continuación.
Una primera estrategia del PRM consiste en recurrir a mecanismos de acción no electorales, vale decir, a la movilización y utilización de recursos del presupuesto nacional para presionar a la oposición política dominicana de tal manera que se pospongan las reformas que afecten su permanencia en el poder.
Históricamente esto se ha concretado en el apoyo a la judicialización política del PLD, una opción que en la actualidad es cada vez más difícil debido a las presiones foráneas y a la transformación de la economía producto de los efectos de la desaceleración.
Debido a ello, hoy en día el PRM ha venido elaborando prácticas alternativas que, si bien ya existían, se han tornado más sofisticadas.
Una de estas prácticas es la alianza llevada a cabo por organizaciones empresariales, sociedad civil organizada y comunidades epistémicas sobre distintos organismos del Estado.
Esta fórmula se encuentra bastante presente aunque debilitada ya que los grupos corporativos tienen significativos grados de injerencia en la formulación de las políticas públicas.
De forma adicional, el PRM también suele contar con recursos financieros para auspiciar y generar medios de comunicación de masas que defienden sus ideas e intereses de forma más o menos evidente, lo cual ha propiciado el creciente intervencionismo mediático.
A su vez, la derecha económica también ha comenzado a utilizar recursos para patrocinar y promover la formación de actores colectivos que se organizan para posicionarse en el espacio público e incidir en el proceso de formación de preferencias, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con temas de migración identitarios y con la regulación de la actividad económica.
Una segunda estrategia empleada por la derecha económica consiste en desarrollar opciones electorales no partidistas.
En este caso, se da pie a la conformación de liderazgos que buscan competir en elecciones pero que de forma deliberada rehúyen la construcción de partidos políticos.
¿Cómo se explica el surgimiento de esta estrategia y hasta qué punto da réditos electorales?
Cuando la clase política en su conjunto es mal evaluada y los partidos políticos existentes cuentan con bajos niveles de legitimidad, para algunos líderes puede resultar más provechoso presentarse como actores ajenos al mundo político y como críticos de él.
Si bien es cierto que esta estrategia ha sido utilizada por el presidente Abinader no hay que olvidar que en términos más contemporáneos, el triunfo electoral de Leonel Fernández en 2004 se explica en gran medida por su capacidad para posicionarse como un actor que en medio de la crisis financiera termina por armar a posteriori un discurso de estabilidad llevando confianza al elector.
Un ejemplo similar se puede observar en la alta votación obtenida por Abinader en 2020.
Por último, una tercera estrategia de la derecha económica radica en invertir recursos y tiempo en la formación de partidos políticos minoritarios.
Se trata de una opción que es costosa en términos económicos y que además requiere de paciencia como para desarrollar recursos organizacionales que son cruciales para posicionarse en el espacio electoral.
El PRM enfrenta un escenario adverso debido al aumento de la extrema pobreza, de modo tal que su peso electoral depende de su capacidad para explotar temas cercanos a la estabilidad macro económica.
Una primera opción consiste en resaltar el tema de la eficiencia económica, lo cual ha venido cobrando creciente importancia producto de la caída del precio de las materias primas a escala global, ya que esto permite que el gobierno se presente como la alternativa que va a garantizar las buenas relaciones con el empresariado para así promover el crecimiento y la generación de empleo.
A su vez, el PRM ha comenzado a combinar este discurso de eficiencia económica con uno que resalta posibles (y a veces fehacientes) malas prácticas de la oposición, tales como el clientelismo o la corrupción.
De forma alternativa, una segunda opción que la derecha económica ha sabido explotar en el último tiempo es la agenda de la seguridad ciudadana frente a Haití, tema que ha ido cobrado creciente relevancia a lo largo del continente y que hasta ahora la oposición no ha podido enfrentar.
Por cierto que el PRM tiende a tener menos credibilidad en este tema, ya que usualmente tiene muchos menos tapujos para argumentar a favor de la implementación de una política de mano dura.
No obstante, este camino también conlleva ciertas complejidades para el presidente Abinader.
La defensa de los derechos humanos ha ido ganando importancia en la región, y debido a que en el pasado se ha visto involucrada en escándalos, el electorado tiene dudas respecto a sus credenciales democráticas en esta materia.
Sin lugar a duda, el eventual (re)surgimiento de Leonel Fernández está fuertemente mediado por su capacidad para renovarse, sobre todo en lo que concierne al tema de la desigualdad.
En efecto, hasta ahora Leonel Fernández ha tomado conciencia de los cambios que los países de la región han sufrido en la última década debido a la desigualdad llevada adelante por actores de la derecha internacional y la implementación de ciertas políticas sociales –como, por ejemplo, los así llamados programas de transferencias monetarias condicionales del escandaloso caso Supérate y algunas políticas públicas que se aproximan hacia la corrupción.
La potencial emergencia de la oposición, entonces, está en gran parte en sus propias manos: cuanta mayor capacidad tenga de distanciarse del proyecto conservador defendido con vehemencia por el PRM mayores posibilidades tendrá de convertirse en una opción política atractiva para una parte importante del electorado.
