«El escarmiento viene de la oligarquía»: defensa del expresidente Castillo prevé que será condenado
Sebastián Ochoa
El expresidente Pedro Castillo será juzgado por el presunto intento de golpe de Estado en 2022, cuando ordenó el cierre del Congreso. La Fiscalía pidió 34 años de cárcel en su contra, en tanto, la defensa del exmandatario cuenta con pocas esperanzas de una resolución favorable.
El Poder Judicial de Perú definió que el próximo 4 de marzo comenzará el juicio al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), acusado de intentar dar un golpe de Estado al ordenar el cierre del Congreso y la reestructuración del órgano de justicia. La Fiscalía solicitó una condena de 34 años para el exmandatario, quien será juzgado junto a seis de sus exministros y colaboradores.
Por parte de la defensa de Castillo se acusa que la Justicia peruana está parcializada, por lo cual ya dieron por hecho que será condenado.
Se acusa al expresidente por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Pero Castillo argumentó que no hubo tal «rebelión», porque no hubo un alzamiento armado.
«Juicios de escarmiento»
Wilfredo Robles, abogado del exmandatario, dijo a Sputnik que «se trata de un juicio político de escarmiento contra el pueblo, que se va a concretar en la persona del presidente Castillo. El escarmiento viene de parte de la oligarquía, de las clases dominantes, que siempre impidieron al pueblo ejercer sus derechos a la participación política».
«Cada cierto tiempo se hacen juicios de escarmiento y, como en estos tiempos no lo pueden condenar a la horca ni a ser desmembrado por cuatro caballos, se le quiere imponer al presidente Castillo esta pena estrambótica de 34 años«, evaluó.
Y agregó: «Vamos a asistir a un linchamiento judicial. El mensaje para el pueblo es claro: no debe atreverse a elegir como presidente a uno de los suyos. Eso me queda claro».
Además de los 34 años de condena, la Fiscalía exige a Castillo el pago de una reparación civil al Estado por más de 65 millones de soles (17,5 millones de dólares).
Para la primera ministra de su Gobierno, Betssy Chávez, pidió 25 años de prisión. Otros cinco ministros y colaboradores recibirían condenas menores.
Cogobierno con el Congreso
Margot Palacios llegó al Congreso en 2021 con el partido Perú Libre, el mismo del expresidente actualmente preso en el penal de Barbadillo. En 2024, la congresista dejó la bancada del oficialismo, en medio de turbulencias en la agrupación política.
La entonces vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, lo sucedió en el cargo luego de su captura. Tras esto tomó distancia de él y se alió con diversas fuerzas políticas en el Congreso, que, según la defensa del expresidente, se «pusieron de acuerdo» para gobernar el país junto a una parte de Perú Libre.
Palacios se pronunció a favor de que a partir de marzo «se haga el juicio siguiendo realmente los procedimientos, siendo objetivos, imparciales, no con el aparente ensañamiento que se percibe en este momento«, dijo a Sputnik.
Para la congresista, la crisis política —que no cesa desde el derrocamiento de Castillo— podría concluir en abril de 2026, cuando nuevamente se realicen elecciones generales.
«Esperamos la llegada de un Gobierno nuevo, donde no exista el odio de clase. Quizás así se pueda llevar adelante un proceso judicial transparente contra el expresidente Castillo. Y que también pueda enfrentar a la justicia en libertad», expresó Palacios.
En reiteradas ocasiones, el exmandatario solicitó acceder a prisión domiciliaria y propuso usar una tobillera electrónica para disipar los riesgos de fuga. Pero la Justicia rechazó su pedido porque, además de escapar, podría operar políticamente para obstaculizar el proceso.
Muertes, en la impunidad
Entre 2022 y 2023, decenas de peruanos murieron en protestas contra el Gobierno de Boluarte, reprimidas por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas, según informes de organismos de derechos humanos citados por Palacios. La mayoría pertenecía a comunidades campesinas e indígenas del sur del país.
«Boluarte tiene sobre ella más de 70 muertos, de los cuales 49 han sido asesinados por la policía, según se ha podido identificar en informes balísticos. Pero todos los involucrados en estos asesinatos siguen en libertad. El Ministerio Público no investiga ni piensa citar a declarar a Boluarte», comentó.
Palacios expresó su disconformidad con lo que ocurre hoy dentro del Congreso: «Aquí hay un cogobierno entre los grupos políticos que tienen representación congresal. Esos partidos sostienen el régimen de Dina Boluarte. Hacen leyes denominadas procrimen, como la que establece que no habrá detención preliminar, salvo en situaciones de flagrancia».
La congresista consideró que este sector pretende mantener tras las rejas a Castillo, fundamentalmente para evitar que se contacte con la población y desarrolle un nuevo proyecto político.
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