En la actualidad, el mundo se ha trazado la meta de enfrentar ese serio problema inflacionario con una vuelta en “U” a la política monetaria de la más larga era de política monetaria expansiva que ha registrado la historia económica, a una política agresivamente restrictiva.
La historia de finales del año 2021 y lo que va del 2022, ha sido el aumento generalizado del costo de bienes y servicios existentes en el mercado, catalizados en gran parte por las exorbitantes alzas en el petróleo y sus derivados.
De acuerdo con Milton Friedman, poseedor de una gran visión sobre el tema, la inflación es únicamente un fenómeno monetario, aunque entendemos que por lo menos en el momento actual existen causas inéditas como la ruptura de la cadena de distribución, así como el conflicto geopolítico Rusia-Ucrania.
En la actualidad, el mundo se ha trazado la meta de enfrentar ese serio problema inflacionario con una vuelta en “U” a la política monetaria de la más larga era de política monetaria expansiva que ha registrado la historia económica, a una política agresivamente restrictiva. Así tenemos a la Reserva Federal con su aumento de Tasa Política Monetaria (TPM) en 0.75 puntos básicos, su mayor alza desde 1994, como además la confirmación del Banco Central Europeo de aumentar su TPM por primera vez en 11 años. Algo similar ha asumido el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), aumentando desde diciembre del 2021 hasta la fecha por sexta vez la TPM de 3.00% a 7.75% al cierre de junio.
Más allá, como indicábamos, hay un elemento ajeno a la política monetaria que es el aumento de los precios energéticos, que primordialmente son importados. En lo que concierne a nosotros, al igual que a otros países de América Latina tales como El Salvador, Guatemala y México, se ha impedido el “pass-through” de los aumentos de los precios internacionales de los hidrocarburos y sus derivados.
En lo que nos toca, el gobierno ha explicado que mientras los precios del WTI se mantengan entre US$85 y US$115 el barril, la diferencia no sería traspasada a los consumidores y que por el contrario sería absorbida por el propio gobierno. De acuerdo con los cálculos, ya confirmados por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el sacrificio fiscal en lo que va de año, alcanza los 18,968 millones de pesos, lo que se traduce en más del 25% de lo gastado por este mismo concepto durante todo el 2021.
Para muchos se podría interpretar, y creemos es el mensaje que desea enviar la actual administración a la población, que es un sacrificio dirigido a mejorar el nivel de vida de la población. Sin embargo, como dice el proverbio, “el diablo está en los detalles”. Este sacrificio fiscal, antes que nada, implica sostener el mismo consumo de combustibles creando hasta cierto punto una demanda artificial que a la larga afectará la economía, distorsionando y limitando las inversiones públicas que, de hecho, a pesar de aumentar en función al 2021, tan solo llega a la mitad de lo ejecutado en el 2020.
Otro aspecto para tomar en consideración es que el subsidio, de la forma que siempre se ha implementado, o sea, generalizado, es regresivo, no progresivo. Por ejemplo, el mayor consumo de combustible no es la premium, pero que sin embargo es la que más consume la población entre los quintiles 5 y 4, alcanzando la tres cuarta parte de este tipo de gasolina y que por ende reciben en su misma proporción estos tipos de subsidios. Al ser los subsidios generalizados, los mismos mayormente benefician a los que más poder de compra tienen, cuando por el contrario lo lógico sería focalizarlo a la población más vulnerable.
Así lo indican las ultimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para países con una frágil protección social, como es el caso nuestro, enfrentando las dificultades de altos precios internacionales mediante transferencia de ingresos dirigidos a los más vulnerables.
De seguirse aplicando un subsidio generalizado, la dura realidad es que tarde o temprano ese esfuerzo fiscal será pagado por el contribuyente que incluso, del petróleo disminuir por debajo de los US$85 dólares el barril, los combustibles difícilmente bajarían, hasta que el Estado no recupere lo sacrificado de compensación, lo cual está amparado por la Ley 625-11.
Nuestra humilde opinión es que se debe identificar los sectores más desvalidos y focalizar las transferencias, disminuyendo así el subsidio, como además contrarrestar ese esfuerzo fiscal con opciones o seguros similares a las ejecutadas por Hacienda con el gas natural en los mercados bursátiles en el año 2021, en función a las tendencias mensuales del consumo de los derivados del petróleo, pues de lo contario todo apunta a que los aplausos de hoy por el sacrificio serán las críticas de mañana