El poder del capital privado y la sumisión del Estado

Por Frei Betto

Desde la antigua Grecia, Aristófanes se burlaba de la desigual distribución de la riqueza en su comedia «Pluto – la riqueza» (388 a. C.). En ella, el dios de la riqueza es ciego, incapaz de reconocer a los justos, y por lo tanto favorece a los astutos e inescrupulosos.

La obra, repleta de críticas mordaces, muestra cómo el dinero impulsa todas las relaciones humanas- desde el amor hasta la guerra- y denuncia cómo, en lugar de recompensar la virtud o la moral, la riqueza termina siendo controlada por quienes saben manipularla. De ahí viene el término «plutocracia», el poder del dinero. Una reflexión que, dos mil años después, sigue, por desgracia, muy actual.
Oxfam publicó un informe a finales de junio que demuestra la profundización de la desigualdad en el mundo. En siete años (2015- 2022), la riqueza del uno por ciento más rico de la población del planeta (77 millones de personas) aumentó en más de 33,9 billones de dólares. Con esta cantidad, ¡la pobreza en el mundo podría eliminarse 22 veces! Según el Banco Mundial, un billón y 515 mil millones de dólares serían suficientes.

Los países ricos firman protocolos para erradicar el hambre y combatir la crisis ambiental, pero nunca pagan lo prometido. El dinero para salvar vidas es escaso. Sin embargo, con solo amenazar Trump que retiraría el apoyo financiero a la OTAN, la Unión Europea prometió desembolsar 800 mil millones de euros para equipo militar. Hay dinero de sobra para eliminar vidas. ¡Esa es la lógica del capitalismo!

¿Quiénes son los 77 millones de personas que conforman el selecto club de los más ricos del mundo? Son todos aquellos que ganan 310 mil dólares o más al año. Esta élite multimillonaria controla el 45 por ciento de la riqueza mundial, estimada en 556 billones de dólares (según dados de 2023). Esto significa que el uno por ciento más rico de la población mundial posee entre 250 y 278 billones de dólares.
Según el informe de Oxfam, desde 2015, solo tres mil multimillonarios han visto aumentar sus fortunas en 6,5 billones de dólares.
Uno de los factores que explican tal desigualdad es la falta de una tributación progresiva. Los más ricos deberían pagar más impuestos, como Lula pretende implementar en Brasil. Lo que prevalece es la tributación regresiva: los más pobres pagan proporcionalmente más impuestos que los más ricos. Y los ricos consideran las políticas sociales «gastos» y no inversiones. Siempre se jactan de que el gobierno gasta mucho.

Sin embargo, guardan silencio cuando el Palacio de Planalto destina miles de millones de dólares a la agroindustria o exime a las empresas del pago de impuestos. ¡En Brasil, esta exención ya alcanza los 860 mil millones de reales! Oxfam aclara que los multimillonarios pagan solo el 0,3 por ciento de su riqueza en impuestos.

Otra causa de desigualdad es la deuda pública. El gobierno emite títulos de deuda pública para captar fondos de los inversores. En la práctica, cuando el Estado emite un título, está pidiendo dinero prestado; a cambio, se compromete a devolver esta cantidad más intereses en una fecha futura. Es una forma de financiar al sector público.

El ciclo funciona así: el gobierno vende bonos a inversores (bancos, fondos de inversión, empresas o particulares) y, a cambio, recibe efectivo inmediatamente. Cuando el bono (o las cuotas) vence, el gobierno devuelve la cantidad más intereses. Por lo tanto, cuanto más altos sean los tipos de interés (como los actuales en Brasil), más dinero se embolsan los especuladores del mercado financiero.

El capital privado, como los bancos y los grandes fondos, compra estos bonos como una inversión segura y rentable. Así, el Estado canaliza recursos públicos (mediante el pago de intereses) para remunerar al capital privado.

Esto produce varios efectos: 1) Dependencia del Estado del mercado financiero; 2) Presión por superávits primarios (recortes en la inversión social) para garantizar el pago de la deuda; 3) Priorización del pago de intereses sobre la inversión social.

Los impactos sociales de la deuda pública son profundos y controvertidos, ya que involucran la forma en que el gobierno asigna sus recursos. Cuando una parte significativa del presupuesto público se destina al pago de la deuda (intereses y amortización) esto puede restringir la inversión en áreas sociales clave como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, etc.

Para sustentar una dependencia tan alta del sector público respecto del privado, se requiere un “ajuste fiscal”. Esto implica mantener la credibilidad del gobierno en el mercado y garantizar el pago de la deuda; implementar recortes del gasto público (incluidos los servicios esenciales); reducir o eliminar los programas sociales; y congelar salarios de los funcionarios públicos. Pero si el gobierno decide subir los impuestos a los ricos, ¡se genera una protesta generalizada!

Todo esto afecta principalmente a la población más vulnerable, que depende de los servicios públicos, sufre la pérdida de derechos sociales y una disminución de su calidad de vida.

En la base de la pirámide social del planeta se encuentran tres mil 700 millones de personas, casi la mitad de la población mundial. Mientras que los más ricos poseen el 45 por ciento de la riqueza mundial, los más pobres solo el 2,4 por ciento.

Oxfam revela que, entre 1995 y 2023, la riqueza acumulada en manos privadas aumentó en 342 billones de dólares, ocho veces más que la riqueza de gobiernos, que creció tan solo en 44 billones de dólares.

¿Cuál es la solución? Dar atención a la advertencia de Aristófanes cuatro siglos antes de Cristo: elijan gobernantes que representen los intereses de la mayoría de la población, no políticos corruptos y oportunistas, vinculados a la plutocracia, que defienden las ambiciones de la minoría adinerada y votan en contra de los derechos de la mayoría trabajadora, como tantos diputados y senadores hoy en el Congreso Nacional de Brasil.