El presupuesto público como recurso electoral: el máximo voto

Haivanjoe NG Cortiñas

Por conocimiento o práctica, desde el gobierno se hace suya aquella expresión de Joseph Schumpeter, relativa a que la mayoría es temporal y ciertamente lo es y lo seguirá siendo, unas veces motivada por el interés colectivo, otras, por moda o inducida por las acciones públicas. Esta opinión se fundamenta en la última, por el escaso nivel de conciencia alcanzado por la sociedad que pueda ser utilizado como presión social acerca de sus problemas, hasta hacer accionar al poder público en la dirección de producir un cambio a su favor y también por el grado de penetración que desde lo público puede ejercer sobre el colectivo, haciéndolo actuar en la línea de su interés político.

Existe bastante evidencia que el mercado es el mejor sistema económico como asignador de recursos, en virtud de que se guía por el máximo beneficio; sin embargo, eso no significa que sea perfecto, de hecho, su mano invisible lo reconoce en materia de las desigualdades sociales, los monopolios, las externalidades, la inestabilidad de los ciclos, entre más, apareciendo en esa imperfección la actuación de los poderes públicos, para regular, sancionar y hasta para intervenir.

  Con la misma lógica opera la norma del máximo voto, concebida en la teoría de la elección pública que han desarrollado diversos autores, logrando su acabado final con James Buchanan, indicando que también el sector público se muestra incapaz para asignar adecuadamente los recursos. Entonces estamos frente a dos fallos, el del mercado y el del sector público, aprovechado este último por los administradores electos para actuar en función de sus intereses políticos -equivalente al individualismo- y no de la colectividad.

Consciente de la incapacidad de los electores para examinar y darse cuenta de los intereses envueltos, ante un mercado imperfecto de los votantes, caracterizado por cruces de informaciones desiguales en calidad y cantidad, aquí actúa la posición hegemónica que sesga e inclina voluntades, desde el poder público, a través de los administradores temporales del Estado que manipulan en forma estratégica las acciones gubernamentales, en particular el destino del gasto público alineado a su interés político.

Aquí interviene uno de los aportes de Buchanan, el individualismo metodológico, el empresario jugando el rol de “homo economicus” y el político como “homo politicus”, el primero guiado por el máximo beneficio y, el segundo, por el máximo voto.

Desde este escenario el poder político movido por la temporalidad de su permanencia como administrador de los recursos públicos y también, por la restricción presupuestaria creciente con la que tiene que manejar las demandas crecientes de la población, a fin de que sean asistidas en sus carencias estructurales y coyunturales, la decisión de política económica se inclina hacia aquellas que pueden dar rentabilidad política/electoral, sin que necesariamente aparezca como la prioridad, incluso, de la propia población vulnerable, dado que, prevalece el interés político sobre el del bien común.

Lo escrito viene a propósito del proyecto de presupuesto de 2023 que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que presenta la expresión financiera en la que el gobierno central se apoya para lo que será su acción pública del corto plazo, que en este caso, coincide con el año preelectoral y en la que los electores tendrán la oportunidad, por convicción, moda o inducido por las ejecutorias del poder político de turno, decidir lo que será el camino de la República Dominicana durante los próximos cuatro años.

En el proyecto de ley de presupuesto de 2023 parece inclinarse hacia ubicarlo en forma amigable con el ciclo político de 2024. A primera vista se puede comprar el argumento de que proyecta un menor déficit fiscal para el próximo año que el del año en curso: 3.6 % frente al 3.0 %, ambos del PIB y que el presupuesto está alineado a la estrategia nacional de desarrollo (sobre este aspecto, mi artículo anterior abordó el tema en forma detallada) y con relación al primero, la meta lo que proyecta retomar el nivel de déficit fiscal de los tiempos de normalidad.

Partiendo de la valoración gubernamental de que la economía se ha recuperado y que el país ha vuelto a la normalidad, veamos como se comportará el presupuesto de 2023 respecto al histórico de los años previo a la pandemia. Desde antes del 2016 y a partir de ese año hasta el 2019, el gasto público dominicano representaba alrededor de un 16.25 % del PIB, solo en los años de la pandemia se ubicó en 21.8 % (2020) y en 18.2 en el 2021, retomando su normalidad en 2022, que será en torno al 16.9 %; sin embargo, el proyectado para el próximo año se eleva a un 18.1 %, similar al año pandémico de 2021, pero coincidente con el año preelectoral.

El incremento del gasto público total como porcentaje del PIB para el 2023 acontece en un entorno en el que las necesidades brutas de financiamiento son cada vez mayores a causa, entre otras razones, al incremento del gasto y se estima será de RD$ 363,257.9 millones, equivalente a un 5.3 % del PIB, cuando en el 2022 es de un 4.6 %, también del PIB.

En la argumentación popperiana, basta con un caso para refutar una afirmación o para no descartarla, de ahí que, el 2023 con la elevación del gasto público, da señales de que puede estar comprometiendo el presupuesto con el ciclo político electoral de 2024 y validando la tesis de la teoría de la elección pública.

Otro aspecto que se alinea a la afirmación de que el presupuesto de 2023 es de origen político tiene que ver con las apropiaciones que tiene el capítulo de la Presidencia de la República, la que en tiempo de normalidad ejecutaba alrededor de un 7.9 % del total de gasto público y para el 2023 tiene contemplado un 9.6 %, para una diferencia de 1.7 puntos porcentuales. El presupuesto de la Presidencia creció en RD$ 48,201 en 2022 respecto al 2019 y el de 2023 continuará aumentando hasta superar el del presente año en RD$ 14,678 millones.

En la misma línea está el gasto en sueldos, que para el 2019, como año de la normalidad prepandémico, ejecutó un gasto de RD$ 204,756 millones, en cambio, para el próximo año estaría erogando sobre los RD$ 297,646 millones.

En paralelo, la nómina de todo el sector público al asumir las nuevas autoridades la administración, ha pasado de 587,907 a 637,314 empleados, para un incremento de 49,497 nuevos servidores públicos y la publicidad ha pasado de RD$ 5,722 millones en el 2019 a RD$ 7,240 millones en el año en curso y cercano a los 8 mil millones para el 2023.

Considerando lo que puede gastar el gobierno central para el 2023 (RD$ 1,247,578 millones), las actuales autoridades estarían gastando, incluyendo los últimos 4 meses de 2020 y los años completos de 2021 y 2022, un total de algo más de RD$ 3.3 billones, situándolo como las autoridades que han gastado más en tan solo 3 años y 4 meses, contrario al precedente más inmediato que le tomó 5 años y 1 mes para gastar una suma similar, a pesar del pico en el gasto por la pandemia de 2020.

La posición fiscal expresada en la política de gasto público, elevada para el 2023, parece acomodarse a incidir en la conducta inducida del electorado dominicano, bajo la lógica de que el mercado maximiza los beneficios económicos y el gasto público maximiza el voto, a no ser que la población reaccione no por moda, tampoco inducida por el poder político, sino por la frustración de un cambio prometido que no llegó.