Eliminación del 50+1 tumbaría otra de las urgentes reformas surgidas de la crisis poselectoral de 1994

Por Nelson Encarnación. La eventual eliminación del requisito de 50% más un voto para ganar la presidencia de la República en primera vuelta, derribaría una de las últimas reformas políticas surgidas tras la crisis poselectoral de 1994 que condujo a una apresurada modificación constitucional.

Dichas reformas fueron acordadas por los principales actores sociales dominicanos mediante el llamado Pacto por la Democracia, una fórmula salvadora del sistema en medio de una de las peores crisis políticas del país en las últimas décadas, producto de las alegaciones de fraude en los comicios de aquel año.

El modelo de doble vuelta, que nunca había existido en el país, fue negociado con el alegato de garantizar el surgimiento de gobiernos con mayor base de apoyo, bajo el predicamento de que una administración elegida con más del 50 por ciento de los votos tendría una solidez indiscutible.

Sin embargo, en la realidad dicho modelo existente en América (con la excepción de Estados Unidos, México, Nicaragua, Honduras y Venezuela) no siempre ha dado lugar a esa fortaleza, ya que en muchos casos se ha fragmentado todavía más la sociedad, como sucede en el Perú, donde el ganador del balotaje lo hace con apenas menos del uno por ciento del sufragio o un puñado de votos.

En el ámbito dominicano, se alegó en su momento que el candidato ganador alcanzaba el Gobierno con una fragilidad de origen, en razón de que en muchas ocasiones apenas lograba menos del 35%, mientras la oposición casi obtenía dos tercios de los sufragios.

Este argumento se aplicó siempre al doctor Joaquín Balaguer, cuyos triunfos—muchas veces cuestionados y generadores de conflictos—se lograban gracias a la división de la oposición, la cual nunca articuló una opción única para confrontarla con el viejo caudillo de Navarrete.

En ese sentido, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) emergía ganador de la contienda con una mayoría precaria pero suficiente para superar al más cercano entre los contendores de oposición.

Fue así como en 1994, luego de una disputa que amenazaba la estabilidad institucional y caminaba hacia una confrontación de gran envergadura, se pactó la reforma constitucional que se discutió, aprobó y se aplicó en apenas 72 horas, y con el escenario montado para la juramentación del doctor Balaguer, por séptima y última vez, para un atípico término de dos años producto del recorte acordado.

En esa Constitución se establecieron varias normas electorales y algunas institucionales que luego serían paulatinamente desmontadas.

En primer término, la modificación constitucional reintrodujo la no reelección en períodos consecutivos que estuvo vigente en la Constitución de 1963.

Por virtud de ese mandato se vedó una posible candidatura del presidente Balaguer en los comicios que se establecieron para 1996, como resultado del recorte del periodo presidencial adjudicado al líder reformista en las cuestionadas elecciones de 1994.

El establecimiento de la doble vuelta comenzaría a regir precisamente en 1996, únicos comicios en los cuales ese modelo ha surtido sus efectos, al enfrentarse en el balotaje los candidatos José Francisco Peña Gómez, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y Leonel Fernández, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resultando triunfante el joven abogado y comunicador de Villa Juana.

Las demás elecciones (2000, 2004, 2008, 2012, 2016, hasta las recientes ganadas por el actual presidente, Luis Abinader), se han resuelto en la primera vuelta, dejando sin sentido real el balotaje.

Algunos actores políticos recuerdan que la primera intención del espectro partidario fue seguir la corriente predominante en América Latina, conforme a la cual la elección se define con el 50+1 de los votos o bien un 45% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo más votado.

Sin embargo, al ser abordado el tema en la Asamblea Revisora de 1994 surgió una mayoría legislativa, conformada por reformistas y peledeístas, que, pura y simplemente, fijó el umbral en 50% más un voto sin otro requisito de facilitación del desenlace.

La bancada del PRD protestó entonces dicha maniobra, en el entendido de que la intención era cerrarle el paso al doctor Peña Gómez, lo que se confirmó cuando el ya fallecido líder del partido blanco sumó casi el 47% de los votos en la primera vuelta de 1996, sin poder romper el techo en el balotaje celebrado 45 días después, el 30 de junio.

Asimismo, la modificación dividió las elecciones en presidenciales, por un lado, y congresuales y municipales, por el otro, celebradas cada dos años.

Para justificar esta división se alegó la necesidad de evitar el arrastre que tradicionalmente ejercía la figura presidencial en beneficio de los demás niveles de elección, dando lugar a la supuesta baja calidad de la representación parlamentaria y deficientes gobiernos municipales.

Pero este argumento poco tiempo después dejaría de tener sentido para la comunidad política, la que abogó por la reunificación de las elecciones, esta vez con el predicamento de que el país no podía estar en permanente activismo electoral.

Esta modalidad desaparecería en la modificación constitucional de 2010, la cual unificó nuevamente las elecciones a partir de 2016, si bien mantuvo las municipales separadas por tres meses a contar de 2020.

Otras contrarreformas

No sólo desaparecieron las elecciones separadas, sino que fue restablecida la reelección presidencial consecutiva en la enmienda de 2016 para facilitar la repostulación del presidente Danilo Medina, quien logró su reelección.

Ya habían desaparecido los colegios cerrados y la separación de las votaciones por sexo, siendo la tanda matutina para las mujeres y el resto de la jornada para los hombres, todo ello en procura de supuestamente, hacer más difícil la comisión de irregularidades.

De aquellas reformas sobrevive la figura de los siete diputados en representación de los dominicanos de ultramar.

Las institucionales

A pesar de haber emprendido la contrarreforma, se mantiene la institucional, considerada trascendental, que consistió en la creación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya primera sesión data de 1997.

Asimismo, se despojó al Senado de la República de la facultad de elegir todos los jueces del orden judicial, desde un simple juez de paz de un apartado municipio de la frontera, hasta los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

De ese modo, el CNM se encarga de elegir los magistrados de la SCJ, mientras que el Consejo del Poder Judicial, cuya máxima instancia es la Suprema Corte, designa a todos los demás jueces a nivel nacional.

Como se puede apreciar, el vaivén de la política dominicana no ha permitido la consolidación de reformas estructurales, en razón de que las normas van siendo acomodadas a intereses particulares.