En Argentina el agua está en venta
Por Andrés Silva
Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente de Argentina Javier Milei mostró sin ningún tapujo su proyecto político‑económico, achicar el Estado argentino hasta su mínima expresión, privatizar todos los servicios públicos posibles y abrir las puertas al capital extranjero, particularmente con aliados como Estados Unidos e Israel.
Desguace del Estado, “Todo lo que pueda privatizarse se privatizará”
Bajo el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, Milei derogó el mecanismo legal de las sociedades del Estado y transformó las empresas públicas nacionales en sociedades anónimas, allanando el camino para su venta masiva. Así se incluyó a 41 empresas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, YPF y AySA como candidatas a la privatización.
De forma explícita él y su vocero declararon, “todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en manos del privado”.
Privatización del agua, el caso de AySA
En julio de 2025, el gobierno oficializó el inicio de la privatización del 90 % de AySA, la empresa estatal que provee agua y saneamiento a 11 millones de personas en Buenos Aires y el conurbano. Los empleados conservarían el 10 % de las acciones. El Estado justifica que AySA había pasado de pérdidas a superávit operativo (104.000 millones de pesos en 2024) tras fuertes tarifazos y reducción de personal.
Este modelo rememora la privatización de los 90, que conllevó aumentos tarifarios desorbitantes, incumplimientos en obras y deterioro ambiental que afectaron a comunidades vulnerables.
Alianza con Israel y entrega de infraestructura hídrica a sionistas
Desde antes de asumir, Milei se presentó como aliado de Israel y en febrero de 2024 efectuó una visita oficial a ese país, con el propósito de simbolizar su apoyo político y trasladar la embajada aJerusalén. Argentina se abstuvo en votaciones de la ONU sobre el alto al fuego en Gaza y no acató la orden de arresto internacional contra Netanyahu, aliándose con Estados Unidos y Hungría.
En paralelo, se multiplicaron los convenios de cooperación técnica entre provincias argentinas y Mekorot, la estatal israelí del agua, a la que critican como brazo del régimen israelí y el modelo de privatización hídrica en Palestina. Estos acuerdos firmados entre 2022 y 2024, incluyeron cláusulas que permiten cesiones de soberanía y arbitrajes internacionales, sin transparencia ni participación legislativa provincial.
Las provincias involucradas abarcan desde Mendoza, Tucumán, Río Negro, San Juan, hasta Formosa y Misiones. A pesar del escándalo, el gobierno nacional de Milei los celebra como parte de su política de apertura al capital extranjero y desregulación de todos los ámbitos estatales.
Organizaciones ambientales, como la Unión de Asambleas de Comunidades, denunciaron esta alianza con Mekorot, señalando que bajo el discurso de eficiencia hídrica se pretende convertir el agua en mercancía, “El agua es un derecho, no una mercancía”.
Relación directa: privatizar AySA y fortalecer vínculos sionistas
La coincidencia entre la privatización del sistema de agua en Buenos Aires y los acuerdos con Mekorot es más que simbólica: supone un marco político-ideológico donde el recurso hídrico se subordina al lucro privado, y donde las empresas israelíes reciben un papel técnico e instrumental en ese proceso. Milei adora el modelo neoliberal israelí como ejemplo y ha sido entusiasta defensor de los intereses sionistas en la ONU y en diplomacia bilateral.
Al traspasar AySA al capital privado, bajo licitación internacional, es inevitable preguntarse si empresas vinculadas a Mekorot, o consorcios con experiencia técnica israelí, serán de los principales oferentes. En ausencia de transparencia, el riesgo es que se confirme una tendencia ideológica, privatizar con operadores vinculados a un proyecto sionista en materia hídrica.
ENTREGA DEL TERRITORIO Y COLONISACIÓN SIONISTA
La entrega de tierras argentinas al sionismo constituye uno de los aspectos más alarmantes del actual proyecto político de desposesión nacional. A través de convenios poco transparentes y sin debate público, el gobierno de Javier Milei ha favorecido el acceso de empresas Sionistas a recursos estratégicos como el agua, el litio y zonas agrícolas clave, permitiendo su explotación bajo el discurso de la inversión extranjera y la eficiencia tecnológica.
Esta política no solo vulnera la soberanía territorial, sino que responde a una lógica geopolítica de alineamiento absoluto con los intereses del Estado Sionista de Israel, que su accionar en Palestina ha sido condenado internacionalmente por Genocidio, apartheid y colonización. La entrega de territorio argentino a actores vinculados al Sionismo no es un hecho aislado, forma parte de una estrategia más amplia de mercantilización de lo común, donde el suelo y los bienes naturales dejan de ser patrimonio colectivo para convertirse en activos al servicio de un proyecto colonial disfrazado de «modernización».
LA GEOPOLÍTICA DEL AGUA
El gobierno de Javier Milei procede con total descaro a desmontar el Estado sabiéndose respaldado por capitales Sionistas y con una disposición clara de mercantilizar servicios esenciales como el agua. Privatizar AySA en este momento implica no solo vaciar un bien común de todos los argentinos, sino abrir paso a operadores técnicos e inversores ligados al proyecto sionista de gestión hídrica.
Se configura así una privatización con perfil ideológico y geopolítico, la entrega de lo público al capital privado global y mayoritariamente sionista en nombre de la eficiencia, la desregulación y la fe en mercados sin reguladores.
Queda pendiente saber quiénes serán los adjudicatarios, bajo qué regulación y con qué mecanismos democráticos y sanitarios se articulará el servicio. Sin mayor control ciudadano, el modelo anticipa una clara desigualdad, pérdida de soberanía y reforzamiento de una hegemonía global neoliberal que vincula firmemente a Argentina con empresas y lógicas israelíes.
