Evo Morales pide protección a la Corte IDH por amenazas bajo Gobierno de Paz
El expresidente boliviano Evo Morales presentó una solicitud de medidas de protección provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), alegando amenazas contra su integridad física por el Gobierno del mandatario Rodrigo Paz.
La petición se enmarca en el proceso judicial contra el argentino Fernando Cerimedo, acusado de intento de feminicidio contra su expareja sentimental y madre de su hijo, Nadia Beller. Morales sostiene que existe un acuerdo tácito entre Paz y Cerimedo, actualmente encarcelado, que pondría en riesgo su seguridad.
En los documentos entregados, Morales advierte que el Gobierno de Paz podría recurrir a mecanismos como la declaración de estado de sitio o la restricción de movimientos para neutralizarlo territorial y políticamente. Según el exmandatario, estas acciones buscan limitar su presencia en espacios públicos.
La solicitud fue respaldada por el exjuez Raúl Zaffaroni y el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, quienes argumentan que Evo Morales no puede acudir a ninguna fuerza estatal para garantizar su protección, dado el contexto de hostilidad institucional.
El recurso también denuncia que se intenta responsabilizar a Evo Morales del atentado contra Beller, con el objetivo de vincularlo directamente al caso Cerimedo y debilitar su posición política. Aunque la Corte IDH aún no ha emitido respuesta, Morales confía en que las pruebas aportadas —incluyendo registros de hostigamiento previo— fortalezcan su solicitud.
El exmandatario subraya el “agravamiento reciente bajo el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, siendo atacado sistemáticamente por agentes estatales a través de acoso político, persecución judicial, hostigamiento, intimidación y calumnias”.
El hostigamiento se evidenció el pasado 2 de agosto, cuando el entonces comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, declaró públicamente que “no es una prioridad detener a Evo Morales porque la causa no es sólida”. Poco después, Sokol fue removido de su cargo.
Tras su destitución, se emitió una orden nacional que establecía como prioridad la detención de Morales, lo que, según el exmandatario, confirma la existencia de una estrategia oficial para perseguirlo.
Morales insiste en que la situación refleja un patrón de persecución política y solicita a la Corte IDH que intervenga de manera urgente para garantizar su seguridad personal y sus derechos fundamentales.
TELESUR