Este largo trayecto del control concentrado de constitucionalidad no es abordado por el juez Vargas Guerrero en su obra, como ya hemos dicho; pero constituye la antesala de la primera década del Tribunal Constitucional, recogida casi en la integralidad de sus precedentes (2012-2021) por el autor.
Leyendo su libro, el estudioso de la materia constitucional puede advertir que además del aporte al tema de la legitimación procesal activa (TC/0345/19), la protección objetiva de los derechos fundamentales que ha realizado el Tribunal Constitucional durante esta primera década ha sido notableVargas Guerrero ofrece su visión apegada a los precedentes del Tribunal Constitucional, pese a lo cual se deja advertir su profundidad de mira al comentar temas como el objeto de la acción directa de inconstitucionalidad.
Ese comentario (pág. 41) refleja su posición como un textualista al mantenerse apegado a la letra del artículo 185.5 de la Constitución y del artículo 36 de la Ley 137-11, del Tribunal Constitucional, respecto de cuál debe ser el objeto procesal de la acción directa de inconstitucionalidad.
Dicha posición anticipaba el cambio de precedente del 2021 del tribunal, en el que los magistrados constitucionales abandonaron la línea jurisprudencial del “carácter normativo” del acto impugnado para retornar al texto del artículo 36 de la Ley 137-11 que refiere que el objeto del “control concentrado” se relaciona directamente con la posibilidad de que las leyes, decreto, reglamentos, resoluciones y ordenanzas infrinjan por acción u omisión alguna norma sustantiva.
Otro tema álgido pendiente de resolución en nuestro TC y que es abordado por el juez Vargas Guerrero es el control difuso de constitucionalidad. Sobre el particular, se puede leer en la página 36 de su libro: “respecto de la atribución para conocer este control de excepción, se ha sentado la doctrina de que al (…) “Tribunal Constitucional le está le está vedado ejercer el control difuso de constitucionalidad (…) En ese sentido, sin tomar partido por las posturas en debate, se observa que de acuerdo con el artículo 51 ede la LOTCPC, sólo “los jueces del Poder Judicial” pueden conocer de la excepción de inconstitucionalidad, estando considerado el Tribunal Constitucional (y por tanto sus jueces) como un “órgano extrapoder”.
“No obstante -afirma el magistrado- se ha alegado que esa disposición consagra una limitación para el conocimiento de un asunto que le interesa a la sede constitucional, limitación que no se contempla en el texto de la Carta (artículo 188, aplicable al asunto), de manera que entre los referidos textos, al compararlos, se concluye, según este criterio, en la existencia de contradicción parcial ante la cual debería darse preferencia a la norma de mayor jerarquía, es decir, a la constitucional, y, por tanto, aceptar el conocimiento de la excepción de inconstitucionalidad (difusa) por el TC”.
Aplaudimos esta obra didáctica que enriquece nuestro constitucionalismo. ¡Enhorabuena!
