Están también los casos de municipios de Chiapas como Las Margaritas, una demarcación de 127.000 habitantes y 94,1% de ellos en situación de pobreza; recibió 37.2 millones de dólares en el primer trimestre de este año.
También es la situación de Simojovel, en la zona conocida como Los Altos, una de las regiones con mayor pobreza del país, a donde llegaron 34,4 millones de dólares solo en los primeros tres meses de este año, destacó el banco central mexicano.
El nuevo impuesto impactaría en las comunidades con mayor pobreza, dice el maestro Martínez Cortés, quien resalta que otro golpe tiene que ver
con el tipo de cambio, en un escenario en el que una
apreciación del peso significaría menos ingresos para los receptores de remesas.
Aún no está claro si las afectaciones de este nuevo impuesto se verían reflejadas en las mediciones de pobreza que, tanto el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) como el Coneval, harán públicos en el segundo semestre de este año.
De cualquier manera, se puede prever un golpe en el consumo privado que, de hecho, ya viene presentando cifras negativas en los últimos meses.
Caucus hispano: medida miope e imprudente
En una carta enviada el 16 de mayo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, 24 congresistas estadounidenses, integrantes del Caucus Hispano, rechazaron el nuevo gravamen al envío de remesas que calificaron como discriminatorio y punitivo.
«Estas transferencias no son lujos frívolos: son vitales para ayudar a los familiares en el extranjero a cubrir sus necesidades de alimentación, ropa, educación y vivienda en países donde estas necesidades básicas suelen estar fuera de su alcance», señalaron los legisladores.
Los representantes y senadores destacaron que tan solo en 2023, los residentes de EEUU enviaron 93.000 millones de dólares en remesas a nivel mundial.
«Este impuesto propuesto cubriría a más de 40 millones de personas, incluyendo a titulares de tarjetas de residencia permanente y visas de no inmigrante (entre ellos, empleados H-1B, H-2A y H-2B), mientras que eximiría a los ciudadanos estadounidenses», dijeron los legisladores.
«Esto crea un preocupante sistema de dos niveles que castiga a los inmigrantes respetuosos de la ley y trabajadores que contribuyen a nuestra economía y que a menudo desempeñan empleos esenciales en la agricultura, la atención médica, la infraestructura y la tecnología. Es discriminatorio en la práctica y punitivo en sus efectos», añadieron.
«Interrumpir este flujo no solo es moralmente miope, sino también fiscalmente imprudente. Solo exacerbará aún más la migración irregular en el hemisferio occidental», argumentaron.
Batalla perdida?
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum,
aseguró que la propuesta es un acto discriminatorio y, además, viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y EEUU —que está vigente desde 1994—,
afectando a los que menos tienen y a los mexicanos que viven en Washington.
Sheinbaum dijo que su Gobierno enviará a funcionarios al Congreso estadounidense para tratar de convencer a los legisladores estadounidenses de los aspectos negativos de la iniciativa.
También instó a los políticos mexicanos a enviar una delegación al Capitolio para tratar de impedir que se apruebe la medida.
Sin embargo, no está claro en qué medida serán escuchadas estas voces a la hora de discutir una iniciativa prioritaria para el Gobierno del presidente Donald Trump en los pasillos del Capitolio y de la propia Casa Blanca, cuyos nuevos inquilinos parecen haberse subido al tren de esta guerra ideológica contra los migrantes en la que ya han ganado algunas batallas.
SPUTNIK