Informe RED: Filtran documentos ODEBRETCH en Republica Dominicana

Fuentes establecen detalles sobrevaluaciones Obras Publicas, vinculo ODEBRETCH y adendums contratos en entramado corrupción.

Un artículo de opinión difundido en el Miami Herald y firmado por Ramón Collado se hace eco de las denuncias de corrupción en contra del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que en República Dominicana no han prosperado.

Ante la opinión pública un esquema fraudulento e ilegal de asignación de obras grado a grado, implementado por el Gobierno del presidente Danilo Medina (2012-2020), a través del exministro de Obras Públicas y candidato presidencial impuesto al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Se trata de un burdo mecanismo – nunca visto en la historia de nuestro país – diseñado y estructurado específicamente para evadir los controles legales, con el objetivo de favorecer  inescrupulosamente la asignación directa, o de grado a grado, de multimillonarios contratos de obras públicas a cuestionadas empresas contratistas, alguna de las cuales han resultado implicadas en escandalosos actos de corrupción en el pasado.

Hemos descubierto que dicho plan está basado en la denominada “ingeniería del valor”, para intentar justificar el corrupto proceder administrativo del actual candidato oficialista impuesto al PLD.

¿Qué es y en qué consiste la “ingeniería del valor”?

 La “ingeniería del valor” (en inglés “value engineering”) fue la cobertura conceptual y contractual que utilizaron para evadir los controles de legalidad, favorecer los incrementos injustificados e ilegales de los montos de las obras y asegurar ganancias económicas inimaginables, de donde se pudieran encontrar las respuestas a la cuestionada fortuna que hoy exhibe el ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.

Esta “ingeniería del valor”, convertida por el actual candidato oficialista en la ingeniería de la corrupción, tiene como metodología utilizar ilegalmente contratos de obras públicas adjudicadas en gobiernos anteriores al año 2012, para negociar extraoficialmente las denominadas “Actas de Acuerdo”, modificando el objeto de la adjudicación del proyecto, para, de manera ilegal,  añadir nuevas obras de infraestructura o, en una buena parte, disminuyendo la calidad de las obras.

Mediante ese esquema se elevaron sustancialmente  e ilegalmente los montos previamente contratados. De esta manera, el Gobierno evita el cumplimiento de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones (modificada por la Ley núm. 449-06), en lo que concierne a las licitaciones públicas que obligatoriamente habrían de realizarse para la construcción de esas nuevas obras. Se reabre así la burda práctica, la cual se pensó superada en términos históricos, de asignar obras de grado a grado, sin licitaciones y sin el agotamiento de procedimientos competitivos.

Utilizando la ingeniería de la corrupción, se desviaron fondos previamente asignados, autorizándose pagos por obras que, en realidad, nunca fueron realizadas, y, lo que es peor, se incurre en la práctica de sobrevaluar ilegalmente las obras de esos contratos.

En este último aspecto, hubo sobrevaluaciones que llegaron a significar más de un 1000% del monto originalmente contratado. Responsablemente debemos alertar que, sumando tan solo las que Fuerza del Pueblo ha podido verificar, los montos irregularmente desviados rondan los Mil Millones de Dólares (US$1,000,000,000.00), y estamos siendo absolutamente conservadores.

Esto es, más de Cincuenta y Ocho Mil Millones de Pesos (RD$58,000,000,000,000) que fueron a parar a los bolsillos de contratistas que hoy figuran como los principales contribuyentes de campaña del candidato oficialista impuesto al PLD.

De todos esos contratos, vamos a utilizar algunos casos para evidenciar el patron fraudulento descrito en la ingenieria de la corrupción de Gonzalo Castillo.

Construcción y financiamiento de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches-Sabana de la Mar y la construcción de una terminal portuaria de Sabana de la Mar” (G. O. 240-2011)

Dicha obra fue licitada en el año 2010 y contratada para su realización por un monto de US$265 millones de dólares; retomada y “renegociada” por el actual candidato a la presidencia impuesto al PLD.

Tras bambalinas modificaron el diseño, redujeron la calidad de la obra, bajando considerablemente la vida útil de la carretera de 20 años a tan solo 5 años y, consecuentemente, reducen su capa asfáltica, la base y subbase de la misma y su ancho en unos 2 metros promedio a lo largo de los 95 kilómetros de la carretera. Incluso, eliminaron una parte considerable de la obra originalmente pactada: la Circunvalación de Miches, tramo que era de dieciséis kilómetros. ¡Y tampoco hicieron la Terminal Portuaria de Sabana de la Mar! Pero, terminan pagando más dinero que el contrato original – en más de 100 millones de dólares – y, peor aún, ¡pagan obras que nunca fueron realizadas por más de los 50 millones de dólares!

El mismo Gonzalo Castillo suscribió el 31 de agosto de 2015 la dichosa “Adenda”, con nada más y nada menos que el mismísimo Marco Vasconcelos Cruz, este último firmando por ODEBRECHT. ¡UNA PEQUEÑA “ADENDA” QUE SIGNIFICÓ UN INCREMENTO DE MÁS DE 104 MILLONES DE DÓLARES PARA LOS BOLSILLOS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL CANDIDATO IMPUESTO AL PLD!

A este monto, como hemos dicho anteriormente, hay que agregar el burdo desvío de fondos en más de 50 millones de dólares, producto de una obra pública que, notoriamente reducida en términos de calidad, y pagándose el mismo monto originariamente pactado, se le añadió el efecto de la adenda mencionada con anterioridad.

Mediante esa ingeniería de la corrupción, 154 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de Odebrecht y de los contribuyentes de la campaña del señor Gonzalo Castillo.  ¡ESTAS SON LAS “OPORTUNIDADES” DE LAS QUE HABLA EL CANDIDATO IMPUESTO AL PLD!

Obra pública: “Contrato de obras inconclusas del Boulevard Turístico del Este (BTE-Tramo Aeropuerto de Punta Cana – Km 30”: ¡MÁS DE 50 MILLONES DE DÓLARES MALVERSADOS BURDAMENTE!

El contrato de esa obra fué suscrito por el actual candidato impuesto al PLD, Gonzalo Castillo, mediante poder dado en efecto por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, el 2 de julio de 2013 (Poder Especial núm. 67-13), con el consorcio ODEBRECHT – RIZEK, por un monto NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES NORTEAMERICANOS CON 91/100 (US$90,917,678.91).

Un contrato cuyo objeto incluía, entre otras cosas, la construcción de una carretera de cuatro carriles, la cual finalmente fue reducida a tan solo dos carriles; se redujo el ancho total de la plataforma de 35.40 metros a 22.60 metros; no se construyó el paso a desnivel tipo diamante (elevado) originariamente previsto en el contrato para la intersección “Cocoloco”; no se construyó tampoco el paso a desnivel (elevado) en la intersección de “Friusa”; no se completó la denominada iluminación central, entre otras cosas no menos importantes. ¡Todo esto por aplicación de la “ingeniería del valor” o, mejor dicho, ingeniería de la corrupción!

Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de no construirse ni completarse la obra pública en los términos contractuales establecidos, el entonces ministro de Obras Públicas y hoy candidato a la presidencia impuesto al PLD, Gonzalo Castillo, pagó no solamente los US$90 millones de dólares pactados en el 2013, ¡sino que terminó pagando más de DIEZ MILLONES DE DÓLARES ADICIONALES! ¡CIEN MILLONES DE DOLARES PARA UNA OBRA QUE NI SIQUIERA SE ACERCA A LOS PARAMETROS ORIGINALMENTE CONTRATADOS!

Ahí tienen otro ejemplo de la sorprendente “ingeniería del valor” aplicada vulgarmente por el mismísimo Gonzalo Castillo, lo que se tradujo en pagos irregulares y malversados por más de CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES (hablamos de casi TRES MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS al cambio de hoy).

Hay que precisar que la ingeniería de la corrupción no contempla nunca que las “adendas” de estos contratos vayan al Congreso, como debería de ser, en aplicación de lo que se prevé en el artículo 93, numeral 1, inciso K, de la Constitución.

Pero la “ingeniería de la corrupción” no se detuvo únicamente en obviar por completo y en la forma descrita las leyes administrativas de contrataciones públicas. La “ingeniería de la corrupción” se volcó a utilizar ilegalmente y de forma fraudulenta las declaratorias de emergencia. Se adjudicaron por miles de millones de pesos hasta carreteras durante las entrecomilladas emergencias. Un ejemplo de esta deleznable práctica es la obra pública Circunvalación Azua (tramos I y II)  contratos números 120-2012 y 121-2012, a propósito de la llamada tormenta “Sandy”, sin justificación alguna al ver el nivel de los daños provocados por este fenómeno atmosférico. ¿Una circunvalación adjudicada durante una emergencia? Sin duda un mecanismo de omitir los deberes licitatorios que se derivan de la ley en obras de tal envergadura: ¡hablamos de una obra de RD$1,700 millones de pesos! Esa obra se ejecutó en un 50% aproximadamente.

En otros casos se modificaron los diseños de los contratos para lograr así incrementos exorbitantes de los montos originariamente contratados. Un ejemplo es la construcción del puente “Río La Cueva – Padre las Casas – Guayabal”.

Otro caso también de “ingeniería del valor” o de la “corrupción”: una obra prevista para ser construida por Treinta Millones de Pesos: ¡la reparación de un “badén”! ¡“Rediseñada”, por demás de forma innecesaria e ineficiente, para llevarla, a través de la construcción ahora de un “puente”, que por el volumen de tráfico en esa zona no era necesario, a más de RD$750 millones de pesos.

¡Increíble! Un rediseño para incrementar los valores, llenándose los bolsillos los “eficientes gerentes” a costa de los fondos del pueblo. En buen dominicano: ¡una “cogioca”!

Otro caso es el del puente “Río Ocoa – Los Pilones” (carretera Sánchez). Originariamente contratado mediante la emergencia por Sesenta Millones de Pesos. ¡Ejecutado por nada más y nada menos que Seiscientos Millones de Pesos!

Los casos que hemos descrito y presentado con evidencia, demuestran no solo la incapacidad administrativa del candidato impuesto al PLD, sino un carácter corrupto, combinación que representa un grave peligro para el pueblo dominicano.

Esta denuncia, responsablemente presentada por la Fuerza del Pueblo, debe servir como un alerta del peligro que representa para el país, poner la conducción del estado en manos de una persona capaz de jugar con los fondos públicos de la forma que hemos descrito.

Le recordamos al candidato impuesto al PLD, que con su silencio ante los señalamientos sobre el dramático aumento en su patrimonio personal mientras fue ministro de Obras Públicas, el que calla otorga.

De igual forma le corresponde responder a él sobre estos nuevos señalamientos que estamos evidenciando, no delegar la respuesta en sus guardaespaldas del comité político del PLD.