Estas revelaciones se enmarcan en el debate que se viene dando en los últimos años sobre los límites de la libertad de expresión en internet y la presunta censurapor parte de las empresas de Silicon Valley a cuentas y medios que no se adhieren al punto de vista y las ideologías de los centros de poder, evidenciada en la publicación de documentos internos de la era pre-Elon Musk de Twitter, evidenciando un sesgo con inclinación por el Partido Demócrata.
Para el analista de datos digitales Eloy Caloca Lafont, miembro del Tlatelolco LAB de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en cultura digital y democracia, estamos ante «un atentado contra la libertad de expresión y contra el interés generalizado de la ciudadanía por el derecho a la información» perpetrado por el Gobierno de Biden en defensa de los grupos de poder.
Según el especialista, la Administración demócrata enarbola el combate a la desinformación y la defensa de la verdad como un «pretexto» para suprimir información e «imponer una sola opinión, una visión única del mundo, en lugar de alentar una pluralidad de voces, que es lo que haría una verdadera democracia».
Caloca calificó esta del Gobierno de Biden actitud de «alarmante», ya que «por fines ideológicos o por favorecer a un actor involucrado en un conflicto se entra en un contubernio con plataformas sociodigitales para buscar la censura».
Estas revelaciones «confirman lo que todos ya sabemos, que las plataformas no están exentas de sesgos, ni de términos, condiciones y regulaciones que favorecen a unos actores políticos o económicos o a ciertos grupos, facciones, agendas, ideas, por encima de otros», dice a Sputnik el investigador.
Sin embargo, aclara que condenar el accionar «injustificable» de gobiernos como el de EEUU para censurar información no significa que el escenario ideal sea la autorregulación de la plataformas.
«Es necesario defender la libertad de expresión como también entender que es importante que la ciudadanía tenga mecanismos para denunciar expresiones de odio u hostigamiento en las redes, o incluso que se aclare que la información publicada en redes no puede ser corroborada o que proviene de determinado actor interesado», afirma.
Una propuesta, añade, sería que las plataformas incorporen comités de expertos o agrupaciones ciudadanas independientes para corroborar la información, asegurándose que no sea manipulada ni se imponga una visión hegemónica o partidista.
«Las plataformas no deberían tener las facultades para simplemente borrar o censurar contenidos, sino que tendrían que recurrir a otro tipo de mecanismos que alertaran que esa información puede no ser veraz, o que esa información proviene de un actor con un sesgo ideológico, pero evitando la censura ni el control, ni mucho menos haciendo desaparecer cuentas o desaparecer mensajes», evaluó.
«Eso no lo pueden hacer los privados, ni tampoco las instituciones públicas con mecanismos opacos, que no transparentan ningún tipo de criterio detrás de la censura, como el caso del gobierno de los EEUU», concluye.
