Instituciones de la comunicación llamadas a enfrentar la degradación del idioma
La degradación del idioma en los medios de comunicación dominicanos ha llegado a niveles alarmantes, y ya no basta con simples observaciones aisladas. Es momento de que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, el Círculo de Locutores Dominicanos, El Colegio de Periodistas, el Colegio Dominicano de Locutores, Premios Soberano y las Escuelas de Locución del país actúen con firmeza, de manera conjunta y al unísono, para frenar el irrespeto a la lengua española y la distorsión de la comunicación que hoy invade cabinas radiales, pantallas televisivas y espacios digitales.
Cada día se observa cómo el micrófono es utilizado para improvisar vulgaridades, imponer modismos de mal gusto, atropellar la gramática y normalizar expresiones que en nada aportan a la cultura. Lo que debería ser un vehículo de formación y orientación social se ha convertido en un escenario de desorden verbal, con consecuencias directas en la educación y el comportamiento de las nuevas generaciones.
Resulta inconcebible que, teniendo organismos responsables de velar por la calidad del contenido que se difunde, permanezca la indiferencia frente a quienes desvirtúan la verdadera esencia de la comunicación. El silencio institucional solo agrava el problema y envía un mensaje de tolerancia hacia prácticas que degradan la profesión del locutor y, peor aún, la identidad cultural del pueblo dominicano.
El país necesita acciones concretas: sanciones ejemplares, programas de capacitación obligatorios, campañas masivas de concienciación y un estricto control de los contenidos que llegan a la audiencia. No se trata de censura, sino de rescatar el respeto al idioma, a la ética profesional y a la responsabilidad social que conlleva hablar ante un público.
Este llamado no debe quedar solo en manos de los gremios de la comunicación. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y las más altas instancias del Estado, incluida la Presidencia de la República, tienen la obligación de respaldar y garantizar políticas públicas que protejan la lengua y aseguren que la comunicación se ejerza con calidad, respeto y responsabilidad.
La voz de la nación no puede seguir secuestrada por la banalidad. Defender el idioma español es defender nuestra identidad cultural, nuestra historia y el futuro de la República Dominicana.
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