La abstención inducida

Raúl Hernández

En las pasadas elecciones municipales realizadas el domingo 18 de febrero ocurrieron situaciones que han generado preocupación acerca de la legitimidad de los resultados. La voluntad popular fue trastocada mediante una cuantiosa financiación de mecanismos y prácticas sin precedentes, propias de un sistema político clientelar que, en vez de incentivar la toma de decisión del pueblo para el logro de una elección libérrima de sus autoridades, provoca apatía y desinterés en el ejercicio democrático.

 

Por ejemplo, en las pasadas elecciones municipales hubo compra de votos por doquier, así como un proselitismo irreverente alrededor de los recintos electorales ante la mirada indiferente de los miembros de la Policía Militar Electoral y de las autoridades judiciales responsables de perseguir a quienes cometieron delitos electorales en favor de las candidaturas del oficialismo, convirtiendo la competencia política en un escenario desalentador, perjudicial para el sistema democrático.
Las propuestas de los partidos opositores, salvo honrosas excepciones, fueron entumecidas como resultado de la puesta en práctica de una nueva arma política electoral: la abstención inducida, estrategia del partido gobernante cuyos dividendos han sido “victorias” contraproducentes de cara a los valores democráticos que postularon quienes promovieron sus incumplidas promesas de cambio.

Los niveles de abstención de las elecciones municipales del 18 de febrero superan las celebradas en marzo de 2020 en tiempos de pandemia, sumados al sorprendente desempeño de las candidaturas de la oposición en las principales demarcaciones del país donde tuvo lugar una baja participación electoral: Distrito Nacional (36.3%) y Santiago (29.7%), ejemplos fehacientes de una abstención inducida.

 

En los municipios con la mayor cantidad de votantes del país (el PRM y sus aliados obtuvieron el triunfo), el promedio de abstención fue de un 64.5%: Distrito Nacional (63.2%); Santiago (67.9%); Santo Domingo Este (66.3%); Santo Domingo Oeste (63.9%) y Santo Domingo Norte (61.2%). En otro grupo de municipios cuyos votantes inscritos en el padrón electoral oscila entre 92,254 (Moca) y 182,743 (La Vega), el promedio de abstención alcanzó el 57.9%: San Francisco de Macorís (62.5%); La Romana (62.3%); Puerto Plata (60.3%); Higüey (57.5%); La Vega (57.0%); Moca (56.5%); San Pedro de Macorís (56.4%) y San Cristóbal (50.3%).

 

A contrapelo de esos resultados descritos antes, resulta que Lenin De la Rosa, candidato a alcalde por la Alianza Rescate RD en el municipio cabecera de San Juan de la Maguana, ganó con el 53.83% de votos donde la abstención fue de un 43.56%, diez puntos porcentuales menos que el promedio en el resto del país, honrosa excepción ante el avasallante poderío de la maquinaria electoral perremeísta, con una nómina del Estado superior a 700 mil colaboradores esparcida a su favor en todo el territorio nacional, sin contar con el personal y los recursos de los ayuntamientos.

Al quedar evidenciada la estrategia electoral de la abstención inducida, los principales regentes del oficialismo, junto a las cajas de resonancia de perfumados y secuaces beneficiarios de las finanzas públicas, han pretendido aumentar la participación electoral en las elecciones municipales, con una cobija de dislates sustentada en una operación aritmética reductora carente de sustento y sentido común.

 

De lo anterior se desprende la pertinencia de hacer un ejercicio que no amerita de mentes brillantes. ¿A quién se le ocurre excluir a posteriori una caterva que no pertenece a un ente configurado en base a parámetros delimitados en espacio y tiempo?

 

La respuesta a la interrogante planteada nos remite al portal web de la Junta Central Electoral (JCE) que anunció al país el día 16 de enero de 2024, el inicio de los trabajos relativos a la impresión del padrón de cara a las elecciones municipales del 18 de febrero del año en curso.

 

El director de Informática de la JCE, Johnny Rivera dijo que “estaremos iniciando con la impresión de los 16,851 colegios que están ubicados en los 4,295 recintos en todo país, esto abarca un padrón de 8,105,151 electores”. Esas informaciones se derivan de la resolución 54-2023, en el sentido de que el 21 de octubre de 2023, a las 7:00 de la noche, era la fecha límite para el cierre definitivo del padrón electoral, con miras a las elecciones municipales del 18 de febrero.

 

En el portal de la JCE, su presidente Román Andrés Jáquez Liranzo, “informó que para las elecciones de mayo vence el plazo este sábado 20 de enero …”  y, en otra información publicada por la entidad “… aprovechó la ocasión para recordar a los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior que el domingo 21 de enero vence el plazo para el empadronamiento.”

 

La JCE estableció dos fechas distintas para el cierre del padrón electoral: la primera fue hasta el 21 de octubre de 2023 para cerrar el padrón de cara a las elecciones municipales (que no incluye a los dominicanos empadronados en el exterior) y la otra hasta el domingo 21 de enero de 2024 para el cierre del padrón de cara a las elecciones generales a realizarse el 19 de mayo, en la cual los dominicanos residentes en el país votan por el nivel presidencial y el nivel congresual (senadores y diputados de sus respectivas demarcaciones políticas).

 

Mientras, los dominicanos residentes en el exterior empadronados por la Junta Central Electoral votan, además de las candidaturas a presidente y vicepresidente de la República, por los 7 diputados de ultramar que representan las 3 Circunscripciones del Voto en el Exterior a las que pertenecen.

 

El Artículo 120 del CAPÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES EN EL EXTERIOR de la Ley Número 20-23 Orgánica del Régimen Electoral se refiere a las Circunscripciones en el exterior y en su Párrafo II establece que “Los electores que se hayan empadronado en el exterior figuran como inhabilitados por empadronamiento en el exterior en la Lista Definitiva de Electores a ser utilizada en el territorio dominicano, en los respectivos colegios electorales que figuren en sus cédulas.”

El despropósito que pretende reducir la abstención electoral ante los ojos de la opinión pública se desvanece al carecer de sentido ni sustento legal, pues el referido artículo establece con claridad que los dominicanos empadronados en el exterior no votan ni pueden votar en las elecciones municipales.

 

De igual modo, los 8,105,151 electores con derecho a votar en 16,851 colegios ubicados en 4,295 recintos en el territorio nacional no pueden ejercer el sufragio en las mesas electorales donde votan los 870 mil dominicanos empadronados en los países que pertenecen en las tres (3) Circunscripciones del exterior, es decir, los empadronados en el país no podemos votar allá, pero los empadronados en el exterior tampoco pueden votar aquí.

 

En su Informe dado a conocer tras concluir el proceso, Participación Ciudadana indicó que de un total de 8,105,151 personas aptas para ejercer el sufragio solo acudieron al torneo electoral 3,775,587 inscritos en el padrón para una concurrencia de un 46.67%. En otras palabras, en las elecciones municipales votaron 4 o 5 personas de cada 10 y ahí no están, ni pueden estar, los dominicanos empadronados por la JCE en el exterior. De manera que no hay que excluirlos del padrón utilizado en el certamen electoral del domingo 18 de febrero porque nunca han estado empadronados en ese registro de votantes aunque quieran convencernos sectores del oficialismo, entre los cuales destacan representantes de la sociedad civil, influencers y comunicadores reconocidos.

 

En su Informe, Participación Ciudadana señala que los electores con derecho a ejercer el sufragio en el territorio de la República Dominicana son “personas que estaban aptas para votar” en las elecciones municipales del 18 de febrero, es decir, aquellos registrados en el padrón con mesas de votación asignadas que aparecen al dorso de sus Cédulas de Identidad y Electoral emitida por el organismo responsable de administrar los procesos electorales.

 

Decir otra cosa no es más que el afán desmedido de quienes han hecho suya, con sus acciones cotidianas, la era de la posverdad, olvidando que a raíz de ello ha surgido el “fact check” o la verificación de los hechos que guía la conducta de quienes actuamos contra la mentira, manipulación y desinformación.