La aplicación del nuevo protocolo de verificación migratoria en los hospitales trae más inconvenientes que soluciones
Por Dr. Juan Octavio Ceballos
La República Dominicana tiene el derecho inalienable y el deber ineludible de controlar el ingreso y permanencia en su territorio de extranjeros ilegales. Sin embargo, debe hacerlo dentro del ordenamiento jurídico de nuestra nación.
Un protocolo no puede convertir a instituciones de servicio de salud en entidades de control migratorio, sin distorsionar las leyes que dieron origen a estas instituciones y la propia ley general de migración. La Dirección General de Migración puede obtener la información sin que tenga que convertir a los hospitales dominicanos en extensiones suya.
En las emergencias de los hospitales, además del diagnostico y recomendaciones a cada paciente, se le toma sus datos de filiación, incluyendo la nacionalidad; y podrían agregarse otras informaciones como el numero de pasaporte.
La DGM, órgano ejecutor de la política migratoria de la República Dominicana, vía la dirección del hospital, puede obtener la información pertinente con la periodicidad que lo requiera, pero no puede trasladar allí sus oficinas, ni hacer detenciones ni repatriación a ningún extranjero, porque transgrede todo el ordenamiento jurídico.
Además, la aplicación de ese protocolo acarrea verdaderos inconvenientes a nuestro país y muchas de sus instituciones. A saber, muchos inmigrantes indocumentados dejaran de acudir a los establecimientos hospitalarios en procura de servicios médicos por temor a ser apresados y repatriados. Su situación de salud puede agravarse a tal punto que dé al traste con sus vidas.
Cuando eso ocurra, principalmente con mujeres embarazadas y niños, la republica dominicana se verá envuelta en escándalos internacionales que en nada nos beneficia. También traería inconvenientes al gobierno dominicano, porque los inmigrantes indocumentados llegarían a los hospitales con sus problemas de salud agravados y la recuperación saldría mas costosa. La población dominicana, también confrontaría algunos problemas, porque compartiría su entorno con personas enfermas, que podrían transmitirles algunas enfermedades, y al sistema de salud porque se dispararían sus índices epidemiológicos.
La aplicación de este nuevo protocolo de control migratorio, no es solución definitiva ni duradera a los graves problemas migratorios de nuestro país. Disponemos de una buena ley general de migración. Ella creó el Consejo Nacional de Migración, al cual entiendo deben integrarse el ministerio de educación y el servicio nacional de salud. Una discusión allí, franca, transparente y sincera con un buen instructivo, puede ser el inicio de una solución definitiva.
Zapatero a su zapato. Que cada quien haga el trabajo que le corresponde para que la cura no sea peor que la enfermedad.
Nota: el autor de este análisis ha desempeñado las funciones de Asesor Medico del poder Ejecutivo y Ministro de Salud y ha sido Senador de la República.
