La concentración de la opinión pública en manos privadas como representación del monopolio de los medios de comunicación. 2/3

Por Juan Carlos Espinal.

En el anterior artículo fije mi atención en los interesantes diálogos que sobre el comportamiento de la opinión pública hemos venido sosteniendo con el Dr. Leonel Fernández.

En esa oportunidad hice hincapié en la interpretación del mercado desregulado de los medios de comunicación en República Dominicana, la ausencia de controles legales de amparo ante el fenómeno de la concentración de la publicidad gubernamental, los bajos salarios en la industria de las telecomunicaciones, el impacto de la irrupción de las redes sociales y la discriminación selectiva de parte de los gobiernos de pos guerra 1966-2024 en la entrega de frecuencias estatales al sector privado.

De entrada, nos ocupamos de establecer la imperiosa necesidad de constitucionalizar los medios de comunicación, para así tratar de entender el contexto socioeconómico de las audiencias.

Dijimos entonces que para abordar el fenómeno socio cultural que atraviesa la industria es necesario auditar el nivel de confianza en los mercados paralelos de la colocación publicitaria.

En la actualidad, los medios de comunicación se encuentran disputando espacios de confianza pública frente a los gobiernos locales, las iglesias, el Congreso, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos impactando los cimientos de las sociedades democráticas.

En mi opinión, la concentración de los medios de comunicación debe ser regulada, prohibiendo a sus propietarios poseer otros activos similares.

La reunión anual del Foro Económico Mundial de este año en Davos se produjo en un contexto global de disputa geográfica de las fronteras, pérdida de la hegemonía del occidente Colectivo frente al Sur Global y ascenso de un nuevo orden tripolar.

Las radicales transformaciones geopolíticas llegan ante la perplejidad de las elites económicas y financieras del mundo.

Si bien, últimamente, la economía mundial ha estado recuperando el ritmo de la pandemia COVID-19, los votantes se han rebelado contra las élites del capital financiero internacional.

A pesar de los muy publicitados desafíos sobre el crecimiento económico en la democracia representativa 1966-2024 en los últimas décadas ha habido abundancia de malas noticias en lo social, lo político y en lo económico.

La globalización neoliberal del occidente colectivo y el progreso tecnológico de los Estados desarrollados vino respaldada por el crecimiento anual de 2,5% del PIB per cápita mundial desde el año 2009, un crecimiento inferior al que se tenía antes de la Gran Recesión de 1929, pero aún muy alto si se lo compara con estándares históricos.

En los últimos 35 años, la proporción de la población mundial que vive en la pobreza cayó de 40% al 10%.

Quizás la mayor queja durante el año pasado fue la desigualdad, la concentración de capitales, la normalizacion de la extrema pobreza y la desaceleración económica.

Sin embargo, a nivel mundial, la desigualdad está profundizando las asimétrias.

Y, a pesar de que la desigualdad sí ha aumentado en algunas economías avanzadas, el aumento ha sido particularmente dramático y permanece en niveles insostenibles como nunca antes.

Según el nuevo Informe de Transición del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), que se basa en la Encuesta sobre la vida en transición 2015-2016 realizada por el Banco Mundial, el aumento percibido de la desigualdad supera ampliamente la realidad descrita por los datos oficiales de los bancos centrales, datos que generalmente se basan en encuestas de hogares.

En 33 de los 34 países donde se hizo encuesta en hogares, la mayoría de los encuestados señaló que la desigualdad aumentó en los últimos años.

Sin embargo, los datos oficiales muestran cambios muy pequeños en el coeficiente de Gini (una medida estándar de desigualdad).

Durante ese período, y en la mayoría de los países donde tras la pandemia Covid19 se retrocedió, se experimentó un aumento desproporcionado de la desigualdad.

Uno podría asumir que, cuando ocurre una colisión entre los datos que sirven los gobiernos y la percepción entre la opinión pública, los datos del Banco Central están siendo maquillados.

Pero, en este caso, puede ser que los datos estén alterados, o, más exactamente, podemos estar utilizando datos o métodos de análisis equivocados.

A diferencia de los ciudadanos con acceso a servicios de calidad que ven a las personas de clases medias sin hogar deambular en las calles y a los políticos multimillonarios dar declaraciones en las noticias, las encuestas de hogares que sustentan las mediciones de la desigualdad pueden estar realizando muestreos insuficientes de aquellos en el nivel más alto y de quienes como los demás se encuentran en el nivel más bajo de la distribución del ingreso.

Otro tipo de datos, como los que recoge el economista gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu pueden proporcionar una imagen más exacta de la desigualdad de hoy en día: los registros fiscales.

Esos datos indican que el crecimiento del ingreso entre los súper ricos ha superado con creces el de los ingresos del resto de la población.

Los informes anuales del Banco Mundial ( 5 millones de dominicanos podrían caer en la pobreza) han reforzado este hallazgo, al mostrar que, si bien la desigualdad en las poblaciones de los países ricos no aumentó entre el 99% de las personas, en la parte inferior de la distribución de ingresos, el 1% en la parte superior de esa distribución se alejó mucho del resto por el aumento de sus ingresos.

La concentración de la riqueza en la parte superior puede ser un reflejo peligroso de la fragilidad de la democracia representativa 1966-2024.

Si las instituciones políticas son débiles, la extrema derecha política, las empresas oligarcas y las multinacionales pueden utilizar su dinero para sobornar a funcionarios del gobierno e inclinar las regulaciones económicas a su favor.

Con sus recientemente adquiridas ventajas competitivas, pueden acumular rentas indebidas, comprar medios de comunicación, emplear jueces, socavar el Estado de Derecho, reinvirtiendo parte de su botín en la adquisición de rentas aún más injustas.

En el actual escenario, la concentración de la riqueza en pocas manos sería difícil de limitar y, con el paso del tiempo, los micro y pequeños empresarios Pymes se verían desplazados del mercado.

Por supuesto, si las instituciones políticas de un país son lo suficientemente débiles, ni siquiera los oligarcas ricos pueden distorsionar las reglas del juego sucio.

En ese caso, los que acumulan la mayor riqueza son los empresarios vinculados al gobierno central.

Ese tipo de sociedad privilegia a los más afortunados, que cosechan sus beneficios por dirigir la innovación científica y tecnológica, favoreciendo el crecimiento económico que, a su vez, benefician a las familias que manipulan toda la economía.

Desafortunadamente, muchas de las instituciones políticas no son tan fuertes.

Esto se refleja en el hecho de que las materias primas y los recursos naturales dan cuenta de la mayor parte de la riqueza de los multimillonarios, lo que sugiere no solo que estos disponen de rentas por esos recursos, sino también que tales rentas están inadecuadamente gravadas.

Existe una clara necesidad de hacer frente a la injusta distribución de la riqueza disminuyendo la influencia política de los monopolios.

Para decirlo de manera más directa, esto significa lograr que el financiamiento a los partidos políticos, ONGS, empresas privadas sea más transparente, con normas más estrictas y más eficaces.

Pero también significa abordar el uso de los medios de comunicación por parte de los oligarcas con el propósito de manipular la política e inclinarla en su propio beneficio.

En República Dominicana, los oligarcas pueden utilizar la propiedad de los medios de comunicación para solidificar sus posiciones políticas, y a su vez posteriormente explotar esas posiciones para garantizar rentas con las cuales pueden financiar los monopolios de los medios de comunicación.

Algunos oligarcas dominicanos dirían que es mejor que sean ellos los dueños de los medios de comunicación en lugar del gobierno. En su opinión, al menos ellos pueden competir con otros oligarcas.

Pero estas afirmaciones son una cortina de humo para tratar de ocultar sus privilegios de clase. Sí bien es verdad que la propiedad de los medios por parte de gobiernos corruptos constituye un principio autoritario, también existe peligro de conmoción social cuando la propiedad de esos medios está en manos de oligarcas que pueden trabar entre sí acuerdos de colusión con el propósito de proteger sus intereses colectivos –que pueden diferir considerablemente de los del resto de la sociedad–.

Los medios de comunicación se encuentran en los cimientos de las sociedades democráticas modernas.

Esa es la razón por la que la propiedad de tales medios debe ser transparente e, idealmente, se debe prohibir a los propietarios adquirir varios medios.

En resumen, los medios de comunicación deben estar sujetos al mismo tipo de política antimonopolio que, por ejemplo, las industrias de construcción de infraestructuras.

Por supuesto, tal política antimonopolista se enfrentaría a una férrea rebelión oligarca.

E incluso, si se la llegase a aplicar, los oligarcas dominicanos seguirían trabajando a favor de influir en los medios de comunicación mediante, digamos, contratos de publicidad con precios comisionistas alterados.

Y, en cierta medida, algunos medios de comunicación podrían recibir con agrado subsidios oligárquicos como una forma de gestionar nuevos desafíos a los modelos de negocios tradicionales.

Para abordar estos problemas se requiere, ante todo, un regulador independiente fuerte.

Al mismo tiempo, subsidios públicos transparentes y no politizados que pueden ayudar a apoyar el bien social que representan los medios de comunicación alternativos.

No será fácil implementar un marco eficaz anti monopólico para los medios de comunicación en manos privadas.

Sin embargo, llevar a cabo ese objetivo seguirá siendo más fácil que enfrentar a un público cada vez más insatisfecho y que está perdiendo la fe en la democracia representativa 1966-2024 y los mercados abiertos.