La Constitución centra de nuevo el debate político-electoral

EC. De entrada, la propuesta de reforma de la Constitución ha generado poco apoyo. Si no prospera, representará una derrota política para el presidente Luis Abinader. Pero si se aprueba y resulta un fiasco que incluya reducir el 50+1, también podría perder mucho capital político.


Las últimas dos elecciones, 2016 y 2020, estuvieron marcadas por intensos debates por la reforma constitucional para la reelección del entonces presidente Danilo Medina. Y aunque para el último proceso no se materializó, tuvo un fuerte impacto político. Especialmente en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) porque eso lo dividió.

Todo apunta a que las elecciones del 2024, el tema constitucional podría centrar el debate debido a la insistencia del gobierno de someter un cambio a la Carta Magna para lograr mayor independencia del Ministerio Público. En medio de las discusiones, hay un tema de capital político de por medio. Quienes se oponen son acusados por los promotores de la reforma de apoyar la impunidad en los casos de corrupción pública. Mientras que los que la apoyan quedan como los impulsores del fin de la cultura de impunidad que históricamente ha existido en el país.

La idea que promueve el presidente Abinader provocó que los representantes de los partidos mayoritarios de la oposición se retiraran del diálogo que se desarrolla en el Consejo Económico y Social (CES). El mandatario y las principales figuras del gobierno como la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, aprovechan todos los escenarios posibles para afirmar que quienes se oponen a la reforma no quieren la independencia del Ministerio Público y apoyan la corrupción.

Sin embargo, el gobierno en su propuesta de reforma no ha dicho quién y cómo sería designado el Procurador general de la República, que en la propuesta pasaría a llamarse fiscal general.

Uno de los principales críticos de la propuesta de reforma es el expresidente Leonel Fernández. Este ha dicho que se trata de una manipulación del gobierno el alegato de independencia del Ministerio Público. Porque, según él, ya está establecido como tal en la Constitución y la ley orgánica de la institución.

“Históricamente y en la actualidad, desde que proclamamos la Constitución del 1844, España con la Constitución de Cádiz, Estados Unidos con la de Filadelfia, y Francia, que siempre han estado en lo que es la raíz de nuestra formación jurídica. Hoy día quién nombra procurador de EE.UU, presidente, igual en España, lo mismo en Francia. ¿Entonces no hay independencia en esos países? A mí me parece que sí, acabo de entender ahora que no, porque se lo han inventado con el objetivo de manipularnos en el sentido de que no hay independencia del Ministerio Público. Eso es falso”, aseguró.

Los partidos de oposición sospechan que el PRM con mayoría de asambleístas, podría aprobar la reducción del 50+1 para ganar las elecciones en primera vuelta. El tema caló porque Ortiz Bosch, una de las principales promotoras de esa reforma, dijo que es partidaria de reducir el porcentaje para ganar la Presidencia en primera vuelta.

Entidades proponen acuerdos alternos para reforma de la Constitución

Participación Ciudadana que apoya la reforma, propone un acuerdo entre los partidos para no tocar el 50+1. Igualmente, el Colegio de Abogados presentó una propuesta en ese sentido.

El gremio, que dirige Miguel Surun, plantea modificar los artículos 28 y 29 de la Ley 137-11 del Ministerio Público para que la persona que vaya a ser designado procurador general de la República no haya sido candidato a puestos de elección popular durante los últimos 10 años o miembro de un partido político.

Asimismo, prevé que el cargo se ocupe por cuatro años, sin la posibilidad de ser removido. La entidad sostiene que el plan de reforma atenta contra la funcionalidad del Constitucional.

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