La Corte Suprema británica reenvía el caso del oro de Venezuela al Tribunal de Comercio
RT. Este lunes, la Corte Suprema Británica determinó que el caso del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra deberá ser remitido al Tribunal de Comercio, en medio de la disputa del Estado venezolano y de los funcionarios nombrados por el exdiputado Juan Guaidó por el acceso a las 31 toneladas del metal precioso.
En el fallo se explica que los tribunales británicos no pueden contradecir la decisión del Ejecutivo —que establece que Guaidó es el «presidente interino» venezolano, tras su autoproclamación reconocida por Inglaterra— y que no reconoce a Nicolás Maduro como el mandatario del país suramericano. Por ello, resta por determinar si los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano sobre la invalidez jurídica de las decisiones de la Asamblea Nacional, que presidía Guaidó cuando dictó medidas para acceder al oro y cuando se autoproclamó «presidente encargado», pueden ser reconocidos en ese país.
Según el documento, los tribunales británicos no pueden reconocer ni cuestionar el efecto de la legislación de un Estado. Debido a esto, la Corte Suprema Británica no podrá cuestionar ni la licitud o vigencia de los decretos emitidos por Guaidó ni de su «procurador especial» ni de la junta administradora «ad hoc» del Banco Central de Venezuela nombrada por el exdiputado.
«Los tribunales no han hecho ninguna determinación de hecho sobre los fallos del TSJ y sobre quién ejerce realmente el control efectivo dentro de Venezuela», dice el texto, a pesar de que el periodo legislativo de Guaidó culminó este año y sus decisiones no tienen validez jurídica en el Ejecutivo venezolano.
El conflicto
Desde 2018, Caracas ha tratado sin éxito de recuperar el control de las reservasque estaban «resguardadas» en el Banco de Inglaterra, y que ahora equivalen a unos 1.600 millones de euros. Sin embargo, la pelea por esos fondos arreció el año pasado tras una demanda interpuesta por el Banco Central de Venezuela (BCV).
En 2019, tras la autoproclamación de Guaidó, el Gobierno británico lo reconoció como mandatario y desconoció la legitimidad de Maduro argumentando que las elecciones de 2018, donde obtuvo el triunfo, habían sido «profundamente defectuosas». Por ello, a mediados de 2020, el Tribunal Superior británico denegó al Estado venezolano el acceso a los fondos del Banco de Inglaterra.
En ese primer fallo, se determinó que debía ser la junta «ad hoc» nombrada por el exdiputado opositor la que debía ejercer control de las 31 toneladas de oro. La decisión fue rechazada por el Gobierno de Maduro, por lo que el BCV apeló el dictamen.
A finales de septiembre de 2020, un tribunal de apelaciones anunció que examinaría el reclamo del Estado venezolano y determinaría si el fallo que favoreció a Guaidó había sido el adecuado. Uno de los puntos claves que argumentó el BCV era que Reino Unido no rompió relaciones diplomáticas con la Administración de Maduro, por lo que ese reconocimiento hacia el exdiputado opositor era cuestionable.
Un mes después, esa instancia anuló la decisión que beneficiaba al exparlamentario y devolvió el caso al Tribunal de Comercio para que ampliara la investigación.
En diciembre de 2020, la Corte Suprema otorgó a la Junta «ad hoc» de Guaidó la autorización de su solicitud de apelación «por todos los motivos» y rechazó la hecha por la representación del Gobierno de Maduro relacionada con la obtención de permiso para presentar una apelación sobre el tema de su reconocimiento. Al día siguiente, se ordenó la suspensión del proceso en el Tribunal de Comercio «para esperar el resultado del presente recurso ante el Tribunal Supremo».
