La relatividad de la propaganda mediática como instrumento de manipulación política.
Por Juan Carlos Espinal. 3/3.
En las anteriores entregas, frente a la cultura de la conculcación, defendimos el derecho de las minorías a la disidencia.
Dejamos bien claro que en las actuales circunstancias históricas apelar a la desobediencia civil pacífica frente a las castas dominantes debería ser considerado como un legítimo acto de ruptura ideológica y política con el establecimiento neoliberal que debe ser interpretado como un acto de responsabilidad política.
Nunca como en esta fase histórica de la democracia representativa 1966-2024 habría sido tan necesario contrastar de frente a la minoría oligarca que pretende mantener su dominio a costa del interés colectivo.
Para empezar a explicar nuestra posición debemos establecer desde el principio que creemos en la democracia participativa como un método que implica referendo revocatorios o consultas populares.
Creemos que la democracia participativa es una forma de gobierno democrático que involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones, pero manteniendo las estructuras de representación del Estado.
Es decir, que defendemos un modelo intermedio entre la democracia representativa y la democracia directa.
Es preciso indicar que la participación de los ciudadanos en este tipo de democracia puede estar determinada por diversos factores socio políticos y económicos al tiempo que puede obedecer a metodologías distintas.
Sin embargo, la democracia participativa suele implicar referendos o consultas populares, así como participación ciudadana en las funciones del Estado.
La democracia participativa es, a menudo, vislumbrada como una opción alcanzable para superar las dificultades de la democracia representativa.
La democracia representativa 1966-2024 se desarrolló particularmente en la pos guerra en una época en el que cada ciudadano se encontraba fuera del ejercicio del poder.
La democracia representativa 1966-2024 es un ancestro directo del gran capital que la impuso.
Esta última intenta solventar los dilemas de la dictadura militar trujillista 1930-1961, o sea, aquella en la que los oligarcas eligen representantes políticos para que tomen las decisiones en nombre del pueblo.
El objetivo de este artículo es presentar la democracia participativa
como una nueva forma de gobierno constitucional para intentar resolver los problemas políticos derivados de la representación, que tienen que ver con la corrupción, las agendas individuales o la distancia que se construye entre las decisiones de los burócratas de la democracia representantativa y las necesidades de sus electores.
La democracia participativa, al ser más directa impide la creación de una casta dominante.
Es decir, que mientras en la democracia representativa se reemplaza a políticos de oficio y gestores por grupos económicos en muchos de los ámbitos de la vida pública, en la democracia participativa se elige la representación a partir de la participación del Colectivo.
El fomento de la participación ciudadana puede darse mediante derechos.
Para hacer que la ciudadanía participe en la conducción del Estado, la democracia participativa que defendemos promueve el voto secreto y directo con voto automatizado para elegir y ser elegibles utilizando el padrón electoral auditado, depositado en la Junta Central Electoral.
Defendemos que cada una de las organizaciones politicas incorpore el voto ciudadano a la elección de sus representantes, pero al mismo tiempo manteniendo abiertos los espacios institucionales para que la sociedad en su conjunto pueda preguntar y enterarse de lo que significan las decisiones políticas internas.
Creemos que a través de la descentralización y descongestión de la burocracia, las instituciones fomentan de manera virtuosa la organización propia de la sociedad civil, los medios de comunicación corporativos y a los movimientos sociales incorporados.
Ofreciéndole a la ciudadanía una contraloría social auditando la participación ciudadana existe la posibilidad de velar por el cumplimiento de promesas políticas, supervisar la ejecución de las políticas y así mediante la consulta plebiscitaria poderlas corregir, mejorar o rechazar.
Porque para que la sociedad en su conjunto vuelva a creer en el sistema de partidos políticos será necesario estimular la participación ciudadana mediante apoyos e incentivos para que así la organización popular pueda ir democratizando el acceso a las instituciones nacionales.
La diferencia más sustancial entre la democracia representativa 1966-2024 y las formas de democracia directa que proponemos radica en que la participativa busca incorporar a la ciudadanía al ejercicio del poder.
Así se evita convertirla en un testigo pasivo de lo que la casta política decida.
En ese sentido, representa un paso hacia la democracia directa.
Mientras que los libero-conservadores de la democracia representativa sostienen su modelo plutocrático en base a un criterio de dominio estatutario de derecho privado sobre las minorías, el constitucionalismo Progresista sugiere que la población es demasiado numerosa, por lo tanto esta debe ser involucrada directamente en la conducción de la nación.
Por tanto, en el sistema representativo el pueblo gobierna sólo a través de sus representantes, los cuales aunque son libremente elegidos no representan a las mayorías.
En la democracia participativa se fomenta un ambiente más igualitario.
Algunos de los rasgos positivos de la democracia participativa son:
Mayor control ciudadano sobre el desempeño de la clase política, y una toma de decisiones más informada respecto de los intereses de los beneficiados o perjudicados.
Se fomenta la transparencia en los asuntos políticos, y se evita el aislamiento de los procesos políticos.
Se fomenta un ambiente participativo, más igualitario, que no contemple a los políticos como una élite.
Es cierto que en la democracia participativa existe la posibilidad de que no exista un Congreso que pueda ofrecer un mayor espacio de debates nacionales, lo que es vital para la democracia.
Aunque también es cierto que las mayorías podrían oprimir a las minorías con mayor facilidad, una vez en control de las instituciones.
No obstante, la toma de decisiones se alarga mucho más que en la democracia representativa, y a menudo puede burocratizarse la sociedad civil.
Sin embargo, estos mecanismos de elección varían enormemente según la cultura, las costumbres y la tradición.
En la democracia representativa 1966-2024, la participación ciudadana, al no ser directa, se ha venido manejando en un estado intermedio que vigila el desempeño de las instituciones y posee herramientas para llevar a cabo denuncias, rechazos o correcciones.
En la democracia representativa 1966-2024, la élite oligarca utiliza canales de comunicación como los medios de comunicación corporativos, el gobierno cerrado o incluso las comunicaciones digitales.
En la democracia participativa, la sociedad utiliza el referendo y la consulta pública como herramientas de uso común.
Y es que en este tipo de democracia participativa, para que el voto exprese la opinión de las mayorías, respecto a decisiones sensibles, debe realizarse en forma secreta.
Sin embargo, el método exacto en que cada gobierno ejerce su democracia participativa varía enormemente según la cultura, la historia y otros rasgos de la sociedad.
En la democracia representativa 1966-2024 los partidos políticos se hacen representar por quienes voten por ellos para elegir a sus legisladores, presidentes o alcaldes.
La democracia representativa se organiza en torno a la idea de las castas: Para esa casta es imposible que en sociedades el ejercicio del poder político organizado se dé directamente por el control social de la ciudadanía.
Por eso la participación se da a través de organismos de representación.
La ciudadanía misma es quien dota a esos organismos de la representatividad necesaria para tomar decisiones en su nombre.
Por ejemplo, un parlamento representa a quienes voten por él para elegir a sus legisladores, quienes a su vez tomarán sus decisiones en nombre de todos.
En la democracia directa los ciudadanos deben incorporarse a las labores mismas de la administración del Estado.
En ese sentido, la burocracia determina quienes ocuparan posiciones burocráticas y ejecutivas cuando sea necesario.
