La salud: el más amenazado de los derechos sociales
Por Altagracia Paulino
En la entrega sobre la amenaza a los derechos sociales por la lógica del mercado, quisimos identificar cuál es el más vulnerable. Resultó ser la salud, pues la desigualdad ha convertido a los pacientes en clientes y ha transformado un derecho humano fundamental en un privilegio para pocos.
La pobreza limita el acceso a una atención médica de calidad: la alimentación —condición básica para la buena salud— y los medicamentos de alto costo no están al alcance de los más pobres.
La creciente privatización y mercantilización de los servicios prioriza la rentabilidad por encima de la atención integral, un derecho contemplado en nuestra Constitución. Concebir la salud como negocio restringe su alcance para las mayorías.
Con un presupuesto insuficiente, hospitales deteriorados, escasez de medicamentos, personal limitado y poca inversión pública, nuestro sistema de salud aleja a los más pobres del ejercicio de su derecho.
Lo ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) evidenció que la corrupción, la mala gestión y el uso indebido de recursos también atentan contra el derecho a la salud de la población que más lo necesita.
Esto no debe repetirse. Quien llegue con agenda privada a un servicio público debe ser descartado. La ciudadanía debe vigilar el manejo de los recursos y las autoridades valorar con rigor a quienes administran lo público.
El derecho a la salud exige información y educación para los beneficiarios, y reguladores verdaderamente independientes y comprometidos con la misión del Estado, que no se plieguen a la voluntad de los regulados.
Los poderes públicos están obligados a establecer mecanismos de cumplimiento real —no de falsa transparencia—. Están compelidos, conforme a la Constitución y las leyes, a garantizar el derecho a la salud, lo cual implica evaluar el compromiso de cada funcionario con ese derecho fundamental.
La Constitución de la República, en su artículo 61, protege el derecho a la salud integral: todo lo necesario para vivir con calidad.
Pero, lamentablemente, si un motorista se rompe una pierna, con frecuencia debe comprar con su dinero el clavo o tornillo que le hace falta. El destape en Senasa es ejemplo de lo que no debe ocurrir en un país con recursos limitados, donde la gente de a pie lucha por ejercer su derecho.
Otra amenaza es la expansión de centros privados con tecnología de punta. No es malo per se; el problema es que, como derecho, su acceso queda marginado para una gran parte de la población.
Eso resulta discriminatorio frente al marco legal y constitucional. Todos tenemos derecho a la salud integral, y la inversión pública debe orientarse a ese fin propio del Estado social y democrático de derecho. No más clientelismo: sí compromiso con la salud como derecho fundamental.
Si de verdad queremos proteger la salud como derecho, hay que pasar del discurso a los hechos: metas medibles, presupuesto blindado, compras públicas transparentes, auditorías forenses a hospitales y a Senasa, sanciones penales por corrupción, regulación efectiva de tarifas y coberturas, portabilidad real y tiempos máximos de espera, primer nivel de atención primaria fuerte, medicamentos esenciales asequibles y salario digno al personal. Con datos abiertos y rendición de cuentas trimestral, la gente sabrá quién cumple y será participe de la información veraz a la que tiene derecho conforme a la Ley 358-05 de protección de los derechos del consumidor.
