La verdad como derecho humano.
Por Juan Carlos Espinal.
La mezcla híbrida de las funciones ejecutivas, legales y políticas del gobierno de Luis Abinader también pueden verse siempre destacado en portadas, editoriales o falsas noticias.
En los medios de comunicación corporativos, del monopolio de la publicidad, allí donde los abogados de las oficinas de persecución judicial recaudadores y entre los agentes de segunda de la desinformación palaciega.
En los gobiernos de Balaguer 1986-1990, por ejemplo, las oficinas de abogados balagueristas desempeñaron un papel de importancia en el desarrollo de la judicialización contra Salvador J. Blanco.
En COVID-19, el papel del poder judicial se ve acentuado por la presión de los medios de comunicación, la sociedad civil corporativa y la embajada norteamericana en Santo Domingo.
La Suprema Corte de Justicia, la presidencia del Senado, el ministerio público, la Procuraduría general de la república y las instituciones del estado bajo control peremeista combinan, en distintos grados, funciones partidarias.
No cabe duda de que tal combinación de cinismo e hipocresía resulta más notable en la Presidencia de la república.
Por cierto, que la Presidencia de la República es el único aspecto relevante que actualmente predomina en todo el sistema de persecución.
Como líder absoluto, el Poder Ejecutivo es una invención moderna de la separación de poderes del presidencialismo libero conservador pos Trujillo.
La Presidencia de la República continúa el modelo primitivo de sus funciones imprimiendo su personalidad para conservar su esencia.
En el caso del Poder Legislativo, se trata de elementos representativos que ejercen un poder transitorio, limitado en atención al dictamen del presupuesto que otorga el Poder Ejecutivo.
La función legislativa sigue dividida entre tres instituciones distintas sub divididas en diversos estamentos políticos.
La actual división existente entre los reeleccionistas, los empleados del gobierno de Luis Abinader y la militancia del PRM variará la proporción inversa de su capacidad de movilización política.
El Poder Ejecutivo del Cambio tiene poco poder pero es verticalmente impositivo.
En el gobierno del cambio, La separación de poderes carece de una base institucional unitaria en perspectiva.
Es frecuente observar la dependencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo.
Para solucionar sus diferencias usualmente recurren al barrilito, al estado de excepción, a las compras de emergencias o en todo caso al soborno de legisladores de oposición.
La división política del PRM y el gobierno de Luis Abinader se parece a la existente entre el gobierno de Danilo Medina y el PLD.
Las relaciones entre el PRM y la oposición política respecto del gobierno de Danilo Medina y la oposición a Luis Abinader tenían en común que acosaban, militarizaban y finalmente convencían a los legisladores para que les dieran la legislación que necesitaban.
La diferenciación de las estructuras administrativas de los tribunales especializadas también se han visto agredidas por el Poder Ejecutivo.
El establecimiento militar abarca la ocupación de las instituciones civiles en forma voluntaria o por conscripción y dirigido políticamente por un cuerpo de abogados contratados, algunos coroneles de inteligencia y uno que otro fiscal que no alcanza sino que para leer los informes que les rinde la Presidencia.
La división del gobierno de Luis Abinader y el PRM perpetuara la mezcla de los asuntos políticos y judiciales complicando el gobierno del cambio.
El legado de la judicialización de los partidos políticos se revertirá políticamente como un elemento permanente.
Se manifiesta en un ministerio público tumultuoso instrumentalizado políticamente.
En la medida en que el predominio de los conflictos sociales y económicos se intensifiquen el Poder Ejecutivo ordenará la fase electoral.
Es importante establecer que la racionalizacion de la autoridad y la diferenciación del momento histórico actual convergen con los indicios de desestabilización hemisférica.
¿Cómo explicar esas diferencias politicas en momentos de crisis sanitaria con un Presidente que concentra el 37% del presupuesto en la Presidencia?
La desigual competencia electoral con la oposición obligará al oficialismo a acrecentar el militarismo.
La falta de legitimidad popular del gobierno de Luis Abinader para imponer las reformas económicas le llevará a eliminar políticamente disidentes regionales y locales para tratar de expandir la burocracia política.
Pero, es la ingobernabilidad el gran estímulo del gobierno del cambio?
