Las buenas prácticas y la confianza del consumidor
Por Altagracia Paulino
Los días 12 y 19 de noviembre me tocó tratar sobre las buenas prácticas en dos foros distintos, lo que me llevó a reflexionar sobre el concepto. En el primero debía abordar las buenas prácticas en las organizaciones no gubernamentales y, en el segundo, en el Foro Internacional sobre Políticas Públicas para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en América Latina y el Caribe.
El primer foro fue organizado por el Departamento de Habilitación de Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Industria y Comercio, y el segundo por el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de la FAO y la OPS.
Me correspondió tratar sobre las buenas prácticas en la implementación del Etiquetado Frontal de Alimentos, un tema de relevancia por la necesidad que tiene la población de información válida para tomar decisiones informadas sobre los alimentos que consume, en un contexto donde las enfermedades crónicas no transmisibles representan cerca del 70 por ciento de las muertes en la región y en el país.
En ambos espacios se insistió en un punto común: las buenas prácticas no son una moda ni un recurso discursivo. Son una responsabilidad ética que comienza en lo pequeño y termina impactando lo colectivo. La confianza social se construye con acciones coherentes, no con declaraciones.
Las buenas prácticas comienzan por nosotros mismos, como individuos, de la misma manera que la sostenibilidad del matrimonio se basa en la fidelidad. Si ofrecemos un producto al consumidor debemos procurar mantener su calidad y mejorarla en beneficio de la población. Esa coherencia es fundamental para generar confianza.
Muchos productos salen al mercado y, con el tiempo, cambian. No saben igual, no mantienen la calidad y entonces llega el divorcio entre el consumidor y el proveedor.
Lo mismo sucede con leyes y normas que nacen para ordenar la convivencia, pero terminan desvaneciéndose por falta de aplicación. En nuestro país hay ejemplos de sobra: leyes, reglamentos y resoluciones que quedan en el vacío. La Ley 358-05 de protección de los derechos del consumidor establece que la información de alimentos y medicamentos debe estar en el idioma local. La OCDE incluso plantea que debe aparecer también en los dialectos que hablan las comunidades, para que el mensaje sea útil en la toma de decisiones, un derecho básico de los consumidores.
Desde 2010 debió implementarse la información en español en todos los alimentos, pero no se logró por conflictos de intereses. No es solo la Ley 358-05: las normas dominicanas, la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 64-00 de Medio Ambiente también lo exigen, pero no se cumplen. Esa falta de aplicación motivó la propuesta de una ley de EFAN, que desde 2019 circula en varias versiones en el Congreso.
No hemos tenido buenas prácticas porque estas comienzan con el cumplimiento de las normas, que son parte del contrato social entre consumidores, proveedores y el Estado.
Hay experiencias valiosas: Chile, México, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y Ecuador han avanzado con etiquetados de advertencia para reducir enfermedades prevenibles. En otros países el debate continúa.
Para mejores prácticas se requiere el compromiso social de las empresas y, desde el Estado, la voluntad política para convocar alianzas que garanticen reglas claras, información oportuna y decisiones informadas. Solo así el consumidor podrá ejercer su derecho a saber y elegir entre una vida saludable o muerte anticipada.
