Los asesinatos de 15 uniformados: ¿una respuesta del crimen a los intercambios de disparos?

Por Osvaldo Santana

Las alarmas se han disparado en las últimas horas tras el conteo revelado por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, de que en lo que va de 2024, han caído 15 agentes policiales o uniformados de otras ramas, mientras cumplían con su deber de defensa de la ley y el orden.

El anuncio ocurre precisamente cuando se reportan hechos sangrientos y bárbaros, a plena luz del día, como el asesinato del segundo teniente de la Fuerza Aérea Bienvenido Reyes Chalas (Junior), 38 años, mientras jugaba dominó, a manos de unos individuos que viajaban en una motocicleta. Igual causó alarma la muerte de un segundo teniente de la Policía, Ramón Antonio Cabrera Ferrer, asesinado presuntamente por un miembro de la misma Policía, mientras se encontraba en un vehículo, frente a un centro escolar.

Son hechos escandalosos recientes, como la muerte de otro policía en Baní, que intentó evitar un atraco;  todo el año ha estado matizado por la violencia, sea de policías como víctimas, civiles inocentes o elementos identificados por la misma policía como “peligrosos delincuentes” abatidos por la institución.

Pese a que las autoridades dicen que la tasa de homicidios al 2 de diciembre es de 9.58 por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de la región, según dicen, eso no se traduce en la mejora de la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

El año avanza a su final, y parece que al despedirse hace despertar a la población de un sueño: estamos seguros. Pero no parece así. El año, quizás como otros, ha transcurrido bajo el fuego sistémico de la violencia. Pero solo se advierte ahora con el cúmulo de los policías o uniformados en general victimizados por la misma violencia. O los llamados “delitos y crímenes de la violencia social”.

Los hechos son tozudos, y la prensa los ha recogido con insistencia. Las muertes violentas este año, ya sea de perseguidos por la policía y de policías víctimas de sus perseguidos, ha sido constante.

Cada trimestre, o con más frecuencia, los medios tuvieron registros de civiles identificados como delincuentes abatidos por la Policía en intercambios de disparos. Para el 22 de octubre, Diario Libre registró 87 civiles asesinados por la Policía.

Un elemento de alarma se produjo el mes siguiente, en noviembre, cuando ese mismo diario registró que 105 personas habían sido abatidas por la policía en menos de 11 meses, la mayoría durante los supuestos intercambios de disparos. Seis de ellos cayeron fulminados durante las últimas 24 horas próximas al 30 de noviembre. Y ese mes, 14 personas cayeron víctimas de los “intercambios de disparos”. Un detalle, registra el diario, en esos hechos “no hubo reporte de agentes heridos”.

¿Una política?

Hace mucho que los gobernantes de República Dominicana muestran signos de que han sido cooptados por la cultura policial de que la única manera de combatir el crimen es mediante la aplicación del 29 (un código policial que sugiere la eliminación de la vida de un individuo señalado como delincuente).

Fue el término que utilizó el presidente Luis Abinader cuando el 19 de noviembre de 2023 le advirtió a José Figuereo (Kiko La Quema), un perseguido por cargos de narcotráfico en Cambita Garabitos, San Cristóbal, que debía entregarse, porque de no hacerlo le sería aplicado el código 29. La advertencia se produjo el 21 de noviembre y ya el 29 del mismo mes había sido  eliminado por agentes policiales que habían desatado una intensa persecución para su captura vivo o muerto.

Las muertes por supuestos intercambios de disparos en realidad no son nuevas. Son parte del instrumental policial aún en tiempos de democracia. Hubo gestiones de Policía que eliminaron mediante este procedimiento hasta 401 individuos señalados como delincuentes. Fue durante la gestión del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y desde antes y después no ha habido un jefe de Policía con averages menores de 102 muertes mediante “intercambios de disparos”.

El año pasado, al menos 79 personas perseguidas como delincuentes fueron abatidas por la Policía, y durante el año anterior, 60 personas también murieron en medio de los supuestos enfrentamientos de disparos.

¿Responde el crimen?

Las muertes violentas de uniformados policiales y de otras ramas este año, y que se acumulan ya al cierre del 2024, que alarman tanto, ¿acaso constituyen una respuesta organizada de la delincuencia?

Si así fuere, ¿bastaría con una declaración como la de la ministra de Interior y PolicíaFaride Raful de que la autoridad no va a ceder frente al crimen?, que es una obviedad. Lo adecuado sería determinar hasta dónde toda esta violencia contra uniformados constituye una línea coordinada de los criminales contra los agentes de la ley y el orden.

“El Ministerio Público persigue e investiga a las personas identificadas. Lo que no vamos a permitir es que haya impunidad en ninguno de los casos, ni que los delincuentes sientan que están a sus anchas y traten de amedrentar a las autoridades”, ha dicho Raful, pero es lo elemental. Debería ver más allá.

Tiene razón la fiscal Ramos al expresar preocupación por el incremento de asesinatos de uniformados.

Llama la atención el número de policías muertos, toda vez que la norma dominante de persecución del delito es la pena de muerte por decisión policial. ¿Estamos ante la siembra de violencia que a su vez genera otra violencia? O simplemente, la multiplica.

Guerra de baja intensidad

Al margen de la interpretación que se le dé a cuanto ocurre, hay un dato que parece evidente: el país está ante una guerra de baja intensidad entre la Policía y los criminales.

Amerita alguna reflexión y averiguación para determinar si las muertes de policías responden a un plan orquestado por bandoleros y si se constituyen en una banda con ese propósito.

Si los asesinatos constituyen una respuesta de las asociaciones criminales, que igual pudieran ser identificadas como bandas, término que no resultaría extraño si las ven al otro lado de la frontera, entonces amerita atención y profundización de semejante actuación. No es suficiente con que “no haya impunidad”. Es que se desentrañe lo que está ocurriendo ahora y sus implicaciones hacia el futuro inmediato…

¿Son las muertes de policías, una reacción del crimen, del crimen organizado, bandas enfrentadas a la Policía?

¿O un simple reflejo de la inseguridad ciudadana que no se detiene aún ante los uniformados?