Los funcionarios británicos deberán omitir la palabra «Navidad» para «no ofender a otras religiones»
GACETA. Los funcionarios de Reino Unido deberán llamar a las fiestas de Navidad «celebraciones festivas» para evitar «ofender» a otras religiones.
El Gobierno no ha emitido una directriz general sobre las fiestas navideñas, pero los cargos intermedios han hecho sus propias interpretaciones basadas en las instrucciones generales con el objetivo, dicen, de «fomentar la inclusión» en estas fechas, según recoge el Daily Mail.
Así, los funcionarios del país no deberán llamar «Navidad» a los festivos de Navidad. Incluso se barajó la posibilidad de no colocar un árbol de Navidad por si podía ofender a judíos o musulmanes, pero dicha recomendación quedó finalmente descartada.
Ya el año pasado se vetó en el país la palabra «Navidad» en una campaña a gran escala en los medios de comunicación por la pandemia de coronavirus. Lo hizo bajo el argumento de que no era lo suficientemente «inclusivo».
Reino Unido está abrazando de manera entusiasta el multiculturalismo. Su capital está gobernada por un musulmán de origen pakistaní. Así, los británicos nativos en Londres representan poco más del tercio de los habitantes. Y en municipios como Newham, al este de la metrópoli, la población de origen británico representa menos del 15% del total.
Es preciso señalar que la Oficina Nacional de Estadísticas ha aseverado recientemente que el cristianismo, religión tradicional en el país, está perdiendo terreno. En este sentido, menos de la mitad del país se considera «cristiano». Los residentes en el país que dicen que profesan esta religión han pasado del 59,3% en el año 2011 al 46,2% en 2021. Cabe señalar que ha habido un incremento en el número de personas que se definen «musulma
Una mayoría de diputados de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado el lunes la reforma de la base de datos Eurodac, con base en un informe defendido por el eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, que pone el acento en mejorar este sistema de identificación en Europa, con miras a atajar el problema de la inmigración ilegal en el espacio comunitario a través de la utilización de los sistemas biométricos.
La propuesta ha salido adelante pese a la presión sistemática que los lobbies pro-inmigración y distintas oenegés han ejercido en la Eurocámara durante meses, y lo ha hecho con contundencia. Así, el bloqueo a la eventual reforma ha quedado atrás con una votación que se saldó con 39 apoyos al informe y solo 15 negativas al mismo.
Se pretende que dicho instrumento legal facilite el trabajo de las autoridades migratorias en cada uno de los países de la Unión Europea (UE), permitiendo identificar más fácilmente casos de personas que estén en situación de ilegalidad o que hayan entrado a la UE de forma irregular, sirviéndose de los datos biométricos de las mismas para precisar su país de origen y eventualmente procurar su retorno hacia ellos.
La reforma busca poner coto a las trabas que suponen los mecanismos engañosos de identificación y la usurpación de identidad a los que eventualmente recurren algunos migrantes para permanecer ilegalmente dentro de los países de la UE.
Se ha insistido además en la disposición consistente en que a todo migrante se le podrá tomar la información biométrica a partir de los seis años de edad, y que la base de datos de la Eurodac pueda cruzarse con otras existentes dentro de la Unión, a fin de incrementar la eficiencia en su utilización.
