Los intereses económicos que gobiernan en el Centro Carter
MISIÓN VERDAD. El Centro Carter cumplió un rol destacado en el entramado narrativo desplegado contra Venezuela para adulterar la transparencia del sistema y los resultados electorales. La organización presentó un informe sesgado el 30 de julio que se alineó con la agenda golpista encabezada por Edmundo González y María Corina Machado.
El acompañamiento de esta ONG, fundada en 1982 por el expresidente demócrata Jimmy Carter, en las elecciones del 28 de julio se sustentó en la perspectiva de que cumplirían con el compromiso de respetar la Constitución y las leyes venezolanas, como en eventos comiciales anteriores.
La evidencia de que se sumó a un escenario de cambio de régimen post 28J quedó al descubierto cuando, dos días después de los sufragios y antes de que se cumplieran los lapsos estipulados en el cronograma electoral, sus representantes salieron del país y declararon que la jornada «no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrático», sin presentar pruebas que argumentaran esta acusación.
Asimismo, en el escueto informe publicado, que no llegó ni a dos páginas, el Centro emitió opiniones políticas contra el gobierno venezolano, incluso empleando códigos discursivos propios de la PUD: «En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas», refiere.
Aun sin cumplir con el cronograma y con ausencia de detalles técnicos, la organización se apresuró a presentar una declaración parcializada. Sobre esto en particular, el presidente Nicolás Maduro señaló que estaba escrito desde hacía meses y que constituyó un elemento que se agregó al clima de inestabilidad que se estaba configurando.
El mandatario también sostuvo que el Centro no tiene la rigurosidad ni la ética del pasado y sus nuevos dirigentes son asalariados del Departamento de Estado y otras organizaciones que han impulsado cambios de régimen.
En adelante, se observará la precisión de esta afirmación con base en datos comprobados.
EL QUE PAGA IMPONE SU LÓGICA
Basta revisar la lista de patrocinadores del Centro Carter para entender que su declaración parcializada y carente de fundamentos técnicos no es un hecho aislado sino un elemento de ruido y desconocimiento engranado en la agenda de desestabilización post 28J.
El medio Naked Capitalism, tras sistematizar información de dominio público, ha informado que el grupo más alto de donantes de esa ONG incluye el Departamento de Estado, la Usaid, Bélgica, la Oficina de Desarrollo del Reino Unido, Pfizer, Open Society, Coca Cola, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Turner, la Fundación Rockefeller y la Fundación Walton, entre otros conocidos.
Organizaciones como Open Society Foundations, la Usaid y la Fundación Rockefeller, ampliamente identificados por financiar e impulsar revoluciones de colores contra gobiernos no adheridos a Washington en distintas partes del mundo, se ocultan bajo la fachada de la «promoción de la democracia» como recurso demagógico para difuminar sus participaciones en operaciones de golpe de Estado.
En muchos casos estas entidades, partes del complejo industria del cambio de régimen, se mimetizan en la población a través del despliegue de redes de ONG que explotan, de forma interesada, la temática de los derechos humanos.
En Venezuela, algunas ONG como Provea, Control Ciudadano y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social se encuentran afiliadas a estas estrategias, y comparten donantes y vías de financiamiento con el Centro Carter.
Además de los patrocinadores, el giro del Centro Carter respecto a Venezuela se explica también por el hecho de que desde 2020 la ONG está dirigida por Paige Alexander, cuyos 20 años de formación en oficinas estadounidenses y organizaciones de naturaleza intervencionista evidencian a qué responde su perfil.
Un recorrido por la formación de la actual directora ejecutiva nos podría dar una idea de por qué el informe del Centro se enmarca en la agenda de cambio de régimen promovida por Washington en Venezuela.
BREVE HISTORIAL DE LA ACTUAL CEO DEL CENTRO CARTER
- Antes de asumir el cargo como CEO del Centro Carter en 2020, Alexander pasó por varias agencias y ONG internacionales que «promueven» la democracia y la educación bajo un enfoque que privilegia los intereses políticos estadounidenses.
- Entre 1993 y 2001, Alexander fue adjunta de la Usaid para la región de Europa, cuando se centró en la reconstrucción inmediata posterior al conflicto en los Balcanes. Recordemos que esta agencia tuvo una participación activa en la agenda de cambio de régimen en Venezuela durante la etapa del interinato de Guaidó, por poner un solo ejemplo.
- En 2015 fue nuevamente confirmada por el Senado para dirigir la Oficina de Medio Oriente y África del Norte (MENA), donde llegó a tener bajo su mando mil empleados, programas en 12 países y más de 1,4 mil millones de dólares en financiación anual.
- Desde 2017 hasta su nombramiento en el Centro Carter se desempeñó como directora ejecutiva de la Cooperativa Europea para el Desarrollo Rural (Eucord) en Bruselas y Ámsterdam.
- Anteriormente, Alexander fue directora asociada del Proyecto Libertad en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y consultora de instituciones como la Fundación CS Mott, el Rockefeller Brothers Fund y el Open Society Institute en Praga.
- Actualmente es miembro de las juntas directivas de la Fundación Rumano-Americana, el Consejo de Asuntos Mundiales de Atlanta y la Fundación Rusia Libre, todas instituciones enfocadas en promover los intereses geopolíticos estadounidenses.
Sobre la base de estos elementos, no es de extrañar que Centro Carter haya sido empujado por los intereses económicos que lo sustentan en una dirección contraria a su rol de veedora electoral en Venezuela.
