Los privilegios de clase que defiende la casta no se pueden ocultar.
Por Juan Carlos Espinal.
La relación directa entre los acuerdos de co-habitación de la derecha económica gobernante con la derecha política opositora en el Congreso y los Ayuntamientos nos parece razonable.
El proyecto de modificación constitucional incrementó las expectativas de desestabilización social lo que presionó acuerdos frente a la contra Reforma Económica limitando la legitimidad democrática del Bipartidismo, aceleró la división del PRM, impulsa la extinción del PLD y fortalece la correlación existente entre las ONGs, las empresas suplidoras del estado y la sociedad civil organizada.
En COVID-19, ante la falta de instituciones políticas estables, el confinamiento limitó la participación política favoreciendo el ausentismo político.
A simple vista se puede apreciar la paradoja de que el desplazamiento del PLD condujo al PRM al poder y al crecimiento electoral de Fuerza del Pueblo.
Al parecer, esta situación se relaciona en forma directa a las consecuencias de la fractura política en las elecciones presidenciales del 5 de Julio del 2020.
El crecimiento político de Fuerza del Pueblo aumenta en la medida en que puede absorber a los últimos reductos de la militancia orgánica peledeista, asimila a los insatisfechos y seduce a los independientes.
Es de suponer que tal insatisfacción generada por la mega-crisis pos COVID-19 es inherente a la frágil estabilidad política en el gobierno del PRM.
En ese contexto, es natural que el objetivo principal de las castas politicas de la derecha económica gobernante sea la implantación de un nuevo consenso bipartidista.
Los peledeistas sin empleo constituyen una preocupación común para el PRM en tanto la mayoría de los peremeistas están fuera del gobierno.
En general, cuanto mayor es la insatisfacción de los desocupados, desvinculados o excluidos del presupuesto, mayor es la desestabilización que se aproxima.
En el PRM, es lógico que los seguidores de Hipólito Mejía descontentos se mantengan en la periferia de los acontecimientos políticos incentivando la co-habitación con sectores del PLD.
Resulta claro que esas aproximaciones políticas se originaron en las alianzas del sufragio en la municipalidad del DN, la provincis Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Nueva York donde de manera satisfactoria funciona un pacto de clase no escrito.
Es común que mientras el contrapeso del Danilismo frente al PRM en el Congreso tenga similares intereses en el Gobierno, las exigencias políticas al respecto de los ayuntamientos sean propias del tira y jala por el control de la oposición política en el tripartidismo.
Además, es muy probable que en ese terreno politico la reacción de los danilistas frente a Fuerza del Pueblo se mantenga dentro de ciertos límites, en tanto la de quienes poseen cierto grado de lealtad a Hipolito Mejía hayan retirado su apoyo al presidente Abinader.
La movilización social de Leonel Fernández reduce las aspiraciones de Luis Abinader.
Es de suponer que el crecimiento político de Fuerza del Pueblo aumenta la capacidad del gobierno para satisfacer las expectativas de algunos elementos marginales en el PLD y, por lo tanto, tiende a aumentar la consiguiente inestabilidad política.
También supone un rápido crecimiento político de los nuevos actores de sociedad civil, articula la influencia de los medios de comunicación corporativos ampliando nuevas oportunidades para el consenso de clase lo que crea nuevos contrapesos para los empresarios quienes a su vez encauzan a los trabajadores hacia la actividad económica antes de que se dediquen a la protesta.
Del bipartidismo se puede decir que desactiva los nuevos agrupamientos políticos, aumenta el número de individuos desmovilizados en los partidos políticos y posterga la desestabilización.
El bipartidismo permite un estatus político concordante con el nuevo bloque económico.
Aumenta la tendencia hacia la concentración política que evidentemente deteriora el estado de derecho y alienta el transfugismo lo que produce la migración del extremismo de los sectores desplazados.
El pacto de clase de las castas en el bipartidismo dispara el número de personas insatisfechas con el modelo político, cuyo nivel de vida está en descenso y de ese modo el control social reduce la inestabilidad política.
Eleva los niveles de gobernabilidad relativa desactivando el descontento popular.
Aumenta la participación política de los grupos económicos y políticos en conflicto, lo cual contribuye a elevar las aspiraciones de la clase dominante por encima de las expectativas que permiten satisfacerlas.
La co-habitación de las castas reduce los conflictos sociales relativos a la crisis de derechos y a la falta de distribución de las inversiones conteniendo a los desafectos.
Desalienta la capacidad de manifestación de los grupos sociales y condiciona en la opinión pública las exigencias al gobierno relativizando su incapacidad de satisfacer las necesidades de la población.
En la medida en que el vacío de legitimidad de los partidos políticos va generando su auto destrucción en esa misma medida las castas se convierten en opción.
La vinculación entre la desaceleración económica y la destabilisacion social en permanente crisis política se vincule estrechamente a la necesidad del establecimiento de preservar la paz social, en los medios de comunicación corporativos el gobierno del presidente Abinader recibe el espaldarazo de la creciente tendencia de la lucha contra la corrupción.
Estas pugnas entre las castas políticas sugieren que la relación de coincidencias entre la derecha económica gobernante y la derecha política opositora-si es que existen – deben tener un vínculo de compromiso previo.
Por una parte, es necesario cierto grado de estabilidad para hacer posible la gobernabilidad.
La tesis de que si el gobierno del PRM fracasa facilita un salto al vacío hace posible la frágil gobernabilidad.
Quienes están sumidos en esa indigencia politica también sienten pánico por el mundo pos COVID-19 que les rodea y no se muestran hospitalarios con respecto a las contra reformas.
Así como vaya la economía y otros indicadores sociales y políticos, en esa misma intensidad existirá una relación positiva entre el nuevo consenso oficialismo y oposición.
En la práctica, aún en la mega-crisis, el Bipartidismo le otorga a las castas un índice razonable de gobernabilidad.
